Fracaso institucional

Durante los primeros meses del confinamiento, inevitablemente, el marco institucional alemán se tensionó. Así nos lo explicaba la corresponsal María-Paz López en las crónicas que mandaba a La Vanguardia desde Berlín. Aquí como allí se establecieron reuniones periódicas entre los presidentes de los länder y la canciller Angela Merkel. En esos meses críticos se evidenció la voluntad del gobierno federal por ganar relevancia y así gestionar la emergencia sanitaria de una manera centralizada e imponer medidas comunes al conjunto del territorio. Pero cuando hubo evidencia que la curva se estaba doblegando, los länder recuperaron el control de la situación y después de la primera semana de mayo ejercieron de nuevo unas competencias que nadie cuestionó porque el ordenamiento jurídico tampoco lo permitía. Es la seguridad de la estabilidad.

Entonces Merkel, que temía las consecuencias de una reapertura prematura, asumió que su margen de acción era limitado porque constitucionalmente no tenía potestad para imponer sus criterios. ¿Qué hacer? Seguir acumulando confianza para mantener la auctoritas ganada a lo largo del período y así perfilar las líneas a seguir, coordinar a los territorios y generar consensos entre ellos. Por desgracia para todos es inimaginable que en España puede replicarse una dinámica cuyo propósito sea la colaboración crítica y constructiva entre las distintas administraciones. Nada lo ha evidenciado de una manera tan salvaje como Isabel Díaz Ayuso politizando la pandemia durante las últimas semanas.

En paralelo al preocupante desbordamiento de la epidemia en la Comunidad, la Presidenta ha ido tensionando las relaciones con el gobierno central para desviar la atención de su gestión nefasta -hija de la imprevisión, las medidas equivocadas y la falta de recursos tras décadas de rebajas de impuestos-. Los intentos de abortar dicha dinámica forzaron una reunión con el Presidente Sánchez más propia de la Guerra Fría y que se escenificó como un acto de afirmación nacionalista ya sin complejos entre banderas y proclamas (cómo olvidar ese «Madrid es España dentro de España»). Al cabo de pocos días el intento de fundar ese precario consenso institucional se rompió, pero el martes se intentó salvar de nuevo. Para lograrlo La Moncloa regaló a la Comunidad una incómoda victoria en términos de relato. El error comunicativo, que es un error político, fue considerable. Ante la opinión pública la Comunidad se presentó en una posición de preeminencia en relación con el resto de comunidades porque era con Madrid con quien el Gobierno Sánchez había decidido lo que afecta al conjunto. Era una demostración transparente de nuestra disfunción institucional, pero ni así. Ayer la Comunidad proclamó su enésimo desacuerdo, saboteando el consenso precario y después de haber provocado mayor inestabilidad porque su propaganda forzó al resto de comunidades a fijar una posición singular y reactiva.

¿Cómo interpretar lo qué está ocurriendo? Podemos repetir la palabra cogobernanza tantas veces como queramos, pero el Estado de las Autonomías no se ha dotado de los mecanismos para hacerla efectiva. Tampoco las conferencias semanales de presidentes fueron aprovechadas para ensayar una dinámica federalizante sino que el Presidente Pedro Sánchez las convirtió en la escenificación de un marco institucional de cartón piedra que solo existe, y a medias, sobre un papel ajado. La crisis institucional que arrastramos desde hace una década ha entronizado la desconfianza corrosiva entre administraciones y nada hace pensar que los actores principales, atrapados en la perversidad de la polarización, asuman que la eficiencia del Estado debe ser el principal objetivo de su acción. El precio que estamos pagando por dicha disfunción es altísimo y no es nada fácil de revertir. Es el precio de la inestabilidad.