Un rey para el siglo XXI

Una idea central recorre el reciente libro que José Antonio Zarzalejos dedica a nuestro rey, don Felipe VI: la Corona permanece indisolublemente anudada a la letra y al espíritu de la Constitución. Se diría, entonces, que la Carta Magna ejerce un papel similar a la famosa recomendación del santo de Loyola: «En tiempos de desolación no hacer mudanza, mas estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba el día antecedente a la tal desolación». Recomendación que José Antonio Zarzalejos recoge a través de una cita del magistrado del Tribunal Constitucional Pedro González-Trevijano, aplicada a don Felipe: «Cuando tengo una duda me agarro al cuello de la Constitución y no lo suelto». Sin duda, esa íntima unión de la monarquía con la democracia parlamentaria, y de la Corona con los derechos y las libertades de los españoles, constituye la más alta misión del monarca, tanto por su valor ejemplar y simbólico –que sitúa al rey fuera de la pugna partidista– como por su carácter moderador y por la necesaria mirada a largo plazo de quien cuenta el tiempo por siglos. Sin embargo, en el caso de don Felipe –debido a la extrema intensidad de su reinado–, quizás pueda decirse lo contrario: que ha visto pasar siglos en pocos años.

La Historia se mueve en zigzags, sin dirección fija, aunque cuenta con tendencias de fondo. Pensemos en la crisis de la monarquía española, que no puede disociarse de otra crisis de calado aun mayor: la de la misma democracia constitucional, azotada por el oleaje incesante de los populismos. Evidentemente, si el rey se ha aferrado a la Constitución –como no podía ser de otro modo–, los ataques continuos a la Corona buscan debilitar el engranaje institucional del 78 hasta provocar su liquidación por derribo. No lo lograrán, porque eso implicaría demoler nuestra democracia y sustituirla por la terra incognita de una república que, en principio, resultaría tan traumática como divisiva. No lo lograrán, por más que el asalto demagógico de los oportunistas políticos pretenda dinamitar las bases de nuestra convivencia con los disparos dirigidos contra la Casa Real y contra los valores constitucionales que representa. No lo lograrán porque, más allá de los errores y las culpas que haya podido cometer el rey emérito, el futuro de una institución central no puede –ni debe– depender de los desaciertos censurables en que haya podido incurrir uno de sus representantes, como nos recuerda en cita de Emilio Lamo de Espinosa el propio José Antonio Zarzalejos. Todo ello no excluye la necesidad de modernizar y reformar, de limpiar y suturar cuanto sea necesario, y también de llevar a cabo una importante labor de pedagogía a fin de ilustrar el indudable servicio de la Corona a nuestro país. Ya a finales del siglo XVIII, Madame de Staël consideraba la monarquía parlamentaria como una forma de república, quizás la mejor de todas. O al menos, pienso yo, la más ajustada a una realidad cultural y social tan diversa y compleja como la nuestra, que exige preservar la jefatura del Estado del debate y la pugna partidista, y evidenciar el hilo de continuidad propio de un orgullo patrio que se reconoce en el legado de los siglos. Si la Historia es tradición, no hay otra expresión mejor de la misma que la que nos ofrece un rey íntimamente vinculado a la democracia parlamentaria y a la constitución.