Esto va de otra cosa

Esto no va de negociación para garantizar la independencia de las principales instituciones del Estado. Esto va de otra cosa: de que el gobierno por una parte, y el principal partido de la oposición por otra, negocien que en las instituciones se sienten personas de su cuerda. De sus respectivas cuerdas. Y va de que el Psoe garantice a su socio de gobierno, Podemos, que pueda incrustar a algún personaje destacado en el Consejo de Administración de RTVE, en el Consejo General del Poder Judicial y, si se tercia, también en el Tribunal Constitucional, que es lo próximo que está en cartera.

También está más o menos cerrado que el Defensor del Pueblo sea Ángel Gabilondo. Ahí no se están produciendo roces, Gabilondo fue rector de rectores y ministro de Educación y cuenta con el respeto generalizado de la clase política por ser un hombre moderado; la prueba es que el Psoe lleva tiempo queriendo relevarlo de la portavocía parlamentaria de Madrid porque no lo considera suficientemente batallador contra Isabel Ayuso.

Lo ocurrido en las negociaciones entre Moncloa y PP es de escándalo. Tanto Psoe como PP han presumido hasta la saciedad de su disposición a cambiar las leyes si era necesario con tal de ofrecer a los españoles unas instituciones prestigiosas por su incuestionable independencia. Sin embargo, a la hora de la verdad, no han dudado en el compadreo innoble, el reparto de cromos y las presiones para meter a la fuerza a sus afines.

Se queja el PP de que Moncloa al final quiere designar a dos vocales de la cuerda podemita en el CGPJ. Tienen razón en quejarse, porque tanto Rosell como de Prada han demostrado reiterada fidelidad ideológica más que profesional a la hora de tomar decisiones, pero lo mismo podría decirse de algunos de los nombres que ha puesto el PP sobre la mesa. Aunque hay que reconocer que menos contaminados políticamente que los propuestos por Podemos, que va a por todas.

Todo esto, que ha provocado la indignación generalizada, se arreglaba fácilmente haciendo borrón y cuenta nueva, dejando atrás compromisos y promesas, con Bolaños y García Egea apareciendo en la mesa de reuniones con una lista de profesionales del mundo del Derecho y de la Información de incuestionable biografía profesional, limpia de adhesiones inquebrantables a los partidos cuyos intereses defendían el secretario general de la Presidencia y el secretario general del PP.

Se comprende que por ahí fuera, sobre todo en Bruselas, se miren con recelo determinadas iniciativas judiciales. Con seguridad, la casi totalidad de los jueces que las promueven siguen estrictamente lo que marca la ley, pero cuando las instituciones están instrumentalizadas por los partidos políticos, las profesionales ligadas a esas instituciones quedan bajo sospecha.