Una, dos, y tres reformas judiciales

Tres reformas judiciales están de actualidad. La primera, en los Estados Unidos. Recuerdo los temblores de la opinión pública mundial ante la llegada de Donald Trump a la presidencia. Este hombre iba a acabar con la democracia en América, de la que había escrito Alexis de Tocqueville, y a quien ellos no habían leído. Tampoco sabían que los Estados Unidos son una república democrática, no estrictamente una democracia, palabra sabia, brillante y minuciosamente omitida en la Constitución de aquel país, y en el resto de documentos fundacionales. Pero por algún motivo, los corazones de nuestros expertos y analistas se calentaron ante la posibilidad de que Trump echara abajo los pilares de aquella Constitución, por la que mostraban una reverencia insospechada.

No les faltó algo de razón. Eso sí, Trump esperó al último minuto, cuando el Congreso votaba su sustitución por el pasmarote Biden, para saltarse la Constitución desde el poder. Hasta ese momento no sólo la cumplió, sino que eligió a tres entusiastas de la Carta Magna para la Corte Suprema, que es su defensora e intérprete última. Resulta difícil de creer, pero esa pléyade de nuevos defensores del texto fundador de aquel sistema político no le aplaudieron. Al contrario, le dedicaron muy graves críticas.

Yo admiro la capacidad de esa Constitución de alojar el poder en diferentes sitios, para evitar que se concentre en las manos… no sé, de un Donald Trump o de una Kamala Harris. Admiro que sea previsible que esos tres jueces nominados por Trump y aprobados por el Senado fallasen en algunas sentencias en contra de los deseos del entonces presidente. Pero no todo el mundo comparte mi interés por ese sistema. Joe Biden ha dicho que las Enmiendas a la Constitución no tienen un carácter absoluto; es decir, que tiene la voluntad de obviarlas si se interponen en su programa político. Es más, ha dado los primeros pasos para poder nombrar él cualquier número de miembros del Tribunal Supremo, y tener así una mayoría que logre que las leyes no sean un impedimento para su acción política. Y todos aquellos que hace cuatro días defenderían con su vida la Constitución de los Estados Unidos ante el atropello de la Casa Blanca, hoy descansan aliviados.

Esta es la primera historia de reforma judicial que está de actualidad, pero no es la única. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de Argentina, le ha enviado una carta a dos centenares de jueces, con el siguiente texto: «Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de emplazarlo para acompañar dentro del término de 30 días hábiles administrativos la presentación de la renuncia al cargo que desempeña para poder concluir el trámite previsional». La carta no es para todos los jueces, sino para los que están siendo cuestionados por el oficialismo.

Cristina Kirchner intentó llevar a cabo una reforma judicial más sutil, en 2013. Propuso que los jueces serían elegidos por un Consejo de la Magistratura, cuyos miembros serían elegidos por un proceso de elección política; indirectamente, por la propia maquinaria política kirchnerista. El objetivo, entonces y ahora, era evitar que el sistema judicial importunase a la descomunal maquinaria de corrupción de los Kirchner. Es cierto que ya entonces era tarde para llorar por el destino de la democracia en aquel país, pero entonces tampoco corrieron las lágrimas por nuestra querida Argentina.

Y la tercera historia sobre una reforma judicial se refiere a España. El Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias quiere ampliar la capacidad de los políticos de controlar el CGPJ. Hay tres bloques en la política española. Uno de centro derecha, otro de izquierdas y un tercero nacionalista. Como estos últimos tienen una alianza fundamental, si logran ponerse de acuerdo en el CGPJ, podrán controlar el gobierno de los jueces. Dos millares y medio de jueces han escrito a la Comisión Europea para que no permita esta reforma húngara de la justicia española. Menos mal que estamos en sus manos, y no en las de los analistas y periodistas españoles.