Baltasar Garzón, Dolores Delgado y la desvergüenza nacional

Lo ocurrido la semana pasada con el escándalo sobre Baltasar Garzón y sus vínculos venezolanos, destapado en primicia por THE OBJECTIVE, ha puesto de manifiesto todos los males que asolan España: una clase dirigente que hace lo que le viene en gana sin ningún tipo de escrúpulos, unos partidos políticos ensimismados, unos medios de comunicación a medio camino entre el miedo y la envidia y, en general, una sociedad que prefiere mirar cómo sale lava de un volcán antes que empezar a limpiar el sistema.

Vayamos por partes. En primer lugar, recordemos los hechos. El pasado martes 28 de septiembre este periódico publicó en exclusiva un documento oficial de la petrolera venezolana PDVSA, fechado el 15 de noviembre de 2016, en el que su presidente por entonces, Eulogio del Pino, autorizaba la contratación del bufete de abogados Ilocad por 8,8 millones de euros para, entre otras tareas, la «coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial».

El despacho madrileño Ilocad, del que es administrador único el exjuez Baltasar Garzón, tiene todo el derecho a trabajar con quien considere, faltaría más, pero ese documento desvelado por THE OBJECTIVE deja tres graves asuntos encima de la mesa. El primero, y quizás el más inquietante, es el que tiene que ver con esa frase sobre la «coordinación con la Fiscalía y Tribunales» y que a ningún abogado en su sano juicio se le ocurriría incluir en su minuta porque, de facto, supone reconocer que se va a cometer un delito de tráfico de influencias: usar los contactos personales para conseguir un trato preferencial.

Esa frase es grave por sí misma, independientemente de quién sea el abogado o de quién esté al frente de la Fiscalía, pero el asunto alcanza el paroxismo si tenemos en cuenta que estamos hablando del bufete de Garzón y de Dolores Delgado, fiscal general del Estado y actual pareja del exjuez.

El segundo asunto de relevancia tiene que ver con el monto del supuesto contrato entre PDVSA e Ilocad, pues 8,8 millones de euros es una cantidad completamente fuera de los precios del mercado, según apuntan fuentes del sector. De hecho, el bufete de Garzón suele facturar 4 millones al año entre todos sus clientes.

Y el tercer asunto de gravedad relacionado con el documento de la petrolera venezolana es el texto en el que PDVSA justifica la necesaria contratación de Ilocad: «Despacho perteneciente al prestigioso abogado Baltasar Garzón, con el cual el gobierno bolivariano de Venezuela y/o colaboradores cercanos a este han tenido y mantienen relaciones contractuales, todas ellas con resultados positivos a la fecha». Esto es una gran novedad porque, a excepción de este supuesto contrato, no consta que Garzón haya trabajado para el Gobierno chavista anteriormente.

Tras las informaciones de este periódico, Ilocad distribuyó una nota en la que niega tener una vinculación directa con PDVSA, si bien admite que ejerce su representación en España en virtud de un contrato con el despacho estadounidense Squire Patton Boggs. También afirma que el montante de esa subcontrata es «muy inferior a la cantidad falsamente asignada» y recalca que el documento publicado «no es un contrato de Ilocad con PDVSA, tal y como ha dicho públicamente el director de THE OBJECTIVE». Respecto a este último asunto, no puedo más que estar de acuerdo: el documento publicado es una orden de contratación, no un contrato, y así se ha especificado en todas nuestras informaciones. Es posible que yo, en alguna emisión de radio o televisión, haya podido referirme al documento como un «contrato», pero eso, como es obvio, es un error, y no tengo ningún problema en pedir disculpas por ello.

Ahora bien, el fondo del asunto no cambia. Garzón dice que no tiene vínculos directos con el chavismo y que fue subcontratado por una empresa norteamericana, pero al día siguiente de esa nota de su bufete publicamos también en exclusiva un acta notarial que el presidente de PDVSA firmó en 2017 para otorgar poderes de representación a tres abogados relacionados con Ilocad. Por tanto, parece claro que aquí hay algo que no encaja. Dado que los documentos publicados por THE OBJECTIVE ya están en manos de la Audiencia Nacional, sería deseable que se investigara a fondo el asunto para aclarar si existe el supuesto contratazo con PDVSA y si contiene la referida afirmación sobre la coordinación con la Fiscalía.

En cualquier caso, y aparte de que pueda haber algún delito en todo este affaire, es evidente que cada día se hace más insostenible la posición de la fiscal general del Estado, que aterrizó en esa institución tras su paso por el Gobierno y cuya figura se ve ahora seriamente comprometida por las actividades de su pareja. Garzón puede representar a quien considere, pero sus subordinados se baten a diario en los tribunales españoles con los subordinados de Delgado en asuntos muy delicados. ¿No habría que cuidar un poco más las formas?

Lo que pasa es que en España la clase dirigente hace lo que le viene en gana y sin ningún tipo de escrúpulos. De igual forma que a Pedro Sánchez no le tembló el pulso para nombrar a su ministra de Justicia como fiscal general del Estado o que a esta no le pareció mal almorzar recientemente con Florentino Pérez, inmerso en diferentes causas judiciales, son pocos los que se rasgan las vestiduras porque Garzón haga negocio como abogado mientras su pareja lidera el bando de los fiscales.

Unos y otros hacen lo que les place porque, en general, encuentran muy poca crítica a sus conductas. Y precisamente lo hemos visto estos días. Así, mientras THE OBJECTIVE dedicaba la semana a desvelar documentos sobre las relaciones entre PDVSA y el bufete de Garzón, la oposición ha preferido mirar para otro lado. Es lógico, están más ocupados en su peleas internas que en dar la batalla de la limpieza democrática.

Y algo por el estilo sucede con los medios de comunicación, que han pasado de puntillas sobre nuestro scoop. Unos por miedo (Garzón y Delgado son muy poderosos) y otros por envidia, ese pecado tan español, el caso es que nuestra noticia apenas ha sido replicada por la competencia, así que la mayoría de los españoles han seguido pendientes de la lava del volcán de La Palma en vez de enterarse de a qué se dedica Garzón.

El panorama es desolador, pero en THE OBJECTIVE no nos daremos por vencidos. El exjuez ha anunciado acciones legales contra nuestro periódico: no es ninguna novedad, lo hace siempre que alguien publica algo sobre su empresa. Es su forma de amedrentar a los medios y de evitar que se siga investigando. Con nosotros ha pinchado en hueso.