España, el reino de los subsidios

Las dos últimas decisiones anunciadas por el Gobierno: el bono joven y el bono cultural dan pie a una reflexión sobre el modelo de país que estamos construyendo.

Un repaso no exhaustivo de los subsidios existentes proporciona escalofríos, pues en la lista encontramos: las pensiones no contributivas; el subsidio de desempleo, con sus múltiples modalidades (general, para mayores de 42 años, de 56…); el PFEA o Plan de Fomento del Empleo Agrario -antes, PER-; las ayudas a inmigrantes (para vivienda, vestuario, otras necesidades); el Ingreso Mínimo Vital; la Renta de Inserción; el subsidio para emigrantes retomados; el subsidio para liberados de prisión; los complementos de brecha de género (en pensiones y en subsidios de desempleo)… y ahora ¡los dos nuevos bonos!

Sin cuestionar que, en general y aunque no siempre, detrás de cada subsidio existe un problema real, sí que es cuestionable que el modo de solucionarlo sea decretar en cada caso una nueva ayuda económica directa del Estado. Y, además, escuchando a los promotores de estas soluciones, parece evidente que la implementación del modelo subsidiario está resultando un serio fracaso. En efecto, en su discurso hay constantes apelaciones a la condición de vulnerable que seguiría atesorando una parte significativa de la población española. Resulta imposible huir de una inmediata conclusión: si tras aprobar uno tras otro todos los modos de subsidiariedad que se van ideando permanece la vulnerabilidad, es que aquéllos no son útiles para erradicar ésta.

Frente a la práctica de subsidiar a todo lo que se mueve, existe una alternativa válida y que, con toda seguridad, resultaría más eficaz, basada en dos ejes. Primero, realizar una política económica que favorezca la creación de empleo, pues el crecimiento de la población empleada es la mejor manera de combatir el drama humano que representa la existencia de vulnerables. Segundo y de forma residual, atender las necesidades básicas de aquellos para los que el empleo no resulta solución, pero haciéndolo con el suministro de los bienes que necesitan, no recurriendo a la entrega de dinero.

En la última dirección apuntada, el bono joven es un paradigma de lo que no debe hacerse. Siendo cierto que, en algunas de las grandes ciudades españolas, el acceso a una vivienda resulta imposible para los jóvenes, la respuesta adecuada es promover una oferta de viviendas públicas a coste moderado y de plazas de residente en residencias públicas. Sin embargo, añadir un nuevo subsidio a la interminable lista de los que ya existen -en realidad van a ser dos, sin resolver el problema que se dice pretender solucionar, va a aumentar la dimensión del que representa nuestro modelo de subsidio universal.

Así es. Constituye una verdad incuestionable que la acumulación infinita de subsidios requiere de la aplicación de ingentes recursos públicos, circunstancia que obliga a mantener y a aumentar el nivel general de exigencia impositiva, incluida la que recae en las empresas y empresarios, afectando negativamente a su actividad y a su expansión y, por ende, a la creación de empleo. Se agrava de este modo el problema de la vulnerabilidad, se inventan nuevos subsidios y así sucesivamente en una espiral diabólica que avanza como en un tornillo sin fin. Seguir apostando por la subsidiariedad nos conduce a un país empobrecido, con la mayor parte de su población dependiente de los recursos públicos, con un tejido empresarial debilitado, y con una capacidad productiva cada vez menor. En definitiva, una España peor.

La única explicación posible a esta práctica febril de subsidiar como única receta social es que los subsidiados votan, y que el ejército de subsidiados se convierte en una notable fuerza electoral. Pero, de seguir avanzando por el erróneo camino por el que avanzamos, llegará un momento en el que no habrá dinero para pagar el rancho.