La Generalitat acosa a alumnos y profesores

En España ocurre algo totalmente inaudito en cualquier democracia: el sistema educativo de una de sus regiones es ilegal. Y lo más increíble de todo es que los sucesivos Gobiernos permiten no solo que esto suceda, sino también que se extienda a otras comunidades autónomas.

Como los sucesivos Gobiernos de la nación no hacen nada, son las familias, apoyadas por asociaciones como Asamblea por una Escuela Bilingüe o Convivencia Cívica Catalana, las que logran triunfos en los tribunales. Asociaciones que, huelga decirlo, no solo no reciben ningún tipo de ayuda pública, sino que, además, se tienen que enfrentar a los insultos de esos políticos a los que les pagan el sueldo, como es el caso de la consejera Gemma Geis que tachó de «fascistas» a las familias de Asamblea por una Escuela Bilingüe en TV3 sin que este medio público les haya dado la posibilidad de defenderse. Gemma Geis, además, ha decidido crear una web para que los alumnos delaten a los profesores universitarios que osen dar sus clases en español. Lo digo porque a lo mejor es de las que ve fascistas en el ojo ajeno y no totalitarios en el propio.

La mal llamada «inmersión lingüística» (no es inmersión para casi la mitad de los alumnos que tienen el catalán como lengua materna) no solo es ilegal, sino que es también clasista. Por un lado, impide que una parte del alumnado pueda educarse en su lengua materna, con los perjuicios cognitivos que eso supone. Y, por otro, propicia que aquellas familias con dinero puedan librarse de tan nefasto sistema llevando a sus hijos a caras escuelas privadas, mientras que el resto se tienen que conformar con recibir toda la educación en catalán. La prueba más evidente de lo pésima que resulta esta opción es que las élites y los gobernantes encargados de imponérsela a la mayoría de los catalanes huyen de ella cuando de sus hijos se trata. Ahí tenemos los casos de los presidentes de la Generalitat Jordi Pujol, Oriol Junqueras y José Montilla y de la vocera del régimen Pilar Rahola. ¿Cabe mayor muestra de cinismo e hipocresía?

Este sistema ilegal, clasista e injusto que perjudica especialmente a los chicos de las clases más desfavorecidas -como demuestran, entre otros, el estudio de J. Calero y A. Choi– es defendido con entusiasmo no solo por los separatistas, sino también por los partidos de izquierda. Y es que, desgraciadamente, la izquierda de este país ha comprado siempre la mercancía averiada de los nacionalismos periféricos. Sin embargo, hoy no voy escribir sobre su ilegalidad ni sobre los destrozos pedagógicos de la imposición del catalán, sino sobre algo de lo que nunca se habla: lo inmoral que resulta.

La «inmersión» no tiene como propósito que toda la población conozca el catalán, sino que la gente cambie su lengua materna por esta. Y si queda alguna duda de lo que estoy diciendo, solo hay que ver la última ocurrencia del consejero de Educación: vigilar que los profesores se dirijan siempre a los alumnos en catalán y que los alumnos se comuniquen entre ellos en esa lengua incluso en el patio. Es por esto que va a crear unos comités de comisarios políticos -lo que en su típico estilo pasivo-agresivo han denominado «grupos impulsores»- para controlar que no se hable español en los centros educativos. Además, va a obligar a todo el profesorado a formarse para disponer de todas las herramientas para hacer uso del catalán en las escuelas.

Vamos a ver: todas las asignaturas son en catalán; todos los libros de texto, toda la cartelería y toda la información que se pasa a alumnos, familias y profesores está escrita en catalán; casi toda la docencia en Ciencias de la Educación es en catalán y para poder dar clases en Cataluña tienes que acreditar, como mínimo, un nivel C de catalán. ¿Se pueden imaginar en qué consisten esas «herramientas» para hacer uso del catalán? Porque así, de entrada, a mí me suena terrorífico. Está claro que se van a dedicar a acosar a alumnos y profesores con la excusa de la defensa de lo que ellos llaman «lengua propia», concepto acientífico que solo tiene cabida en las mentes nacionalistas.

Y es que, si a pesar de toda esta matraca -o quizá, precisamente, por culpa de toda esta matraca- la gente prefiere expresarse en español, ¿por qué tiene que intervenir la Generalitat? Porque, como decía al principio, la finalidad no es el conocimiento del catalán sino la imposición de este. El fin no es la defensa de una lengua, sino la imposición de una ingeniería social que dé como resultado una población cada vez más separada cultural y emocionalmente del resto de España. Aunque lo vendan como un ejemplo de defensa de la democracia, se trata de un proyecto profundamente iliberal, con tintes autoritarios y que la izquierda patria haría bien en dejar de blanquear.

La imposición de una lengua, lejos de ayudar a su promoción, aleja a los ciudadanos libres de ella y por eso el catalán cada vez tiene menos hablantes. Después de derrochar ingentes cantidades de dinero con la excusa de promocionarlo, han logrado que gran parte de los catalanes, y en especial los jóvenes, perciban esa lengua como antipática, aburrida y ligada al nacionalismo, algo lógico si tenemos en cuenta que es la única lengua de la educación y de la administración y que es la lengua de la que ha hecho bandera el separatismo.

Los nacionalistas llevan años proclamando, contra todo tipo de evidencias empíricas, que la «inmersión lingüística es un modelo de éxito» y ahora se rasgan las vestiduras diciendo que urge hacer algo porque, ¡oh, sorpresa!, la gente habla la lengua que le da la gana y no la que ellos quieren. Y es que intentar que dejemos de usar la lengua en la que aprendemos nuestras primeras palabras, en la que soñamos y en la que amamos no solo es ilegal: es profundamente inmoral.