La izquierda asesinada por el totalitarismo

Una infamia reciente nos ha impulsado a profundizar sobre la perversión profunda de nuestra dinámica política. La gran barbaridad acaecida no es, aunque pudiera parecerlo, la instrucción intimidatoria lanzada por un alto representante del Estado en la Cataluña hispana a los directores de los centros escolares para que no acaten una sentencia del Tribunal Supremo del Reino de España. Cosas similares y peores, absolutamente antidemocráticas, llevan sucediendo hace mucho tiempo y, siendo gravísimas, son mucho menos lesivas para el bien común que la reacción del Gobierno de España ante la ignominia.

No pretendemos, a estas alturas, aspirar a que se interviniera inmediatamente, aunque fuera parcialmente, la Generalidad, ni a que se expedientara y cesara fulminantemente al Consejero autonómico facineroso. Seríamos ingenuos clínicos. Eso se daría en cualquier democracia seria y consolidada con Estado de Derecho sólido, lo que en España no se da hace lustros. Pero cabían otras reacciones del Gobierno de España. Y ha sucedido la más vil. La reacción del Gobierno de la Nación, vía Ministerio de Educación y portavoces afines ha sido asegurar su complicidad y apoyo implícitos a la no aplicación estricta de la sentencia. Y al Consejero de marras, por supuesto. No merece mayor comentario, ni aquí ni en Europa. Es un despropósito de lesa sociedad.

Fueron las explicaciones de la Señora Alegría, Ministra de Justicia, las que me invitaron a reflexionar más hondo. Según lo que oí, la cosa es que pedir la ejecución de la sentencia es generar odio, dividir y fracturar España y actuar como fascista ante el sublime modelo de la inmersión y atacar los valores de «la izquierda» que ella cree defender. De patio de colegio. Con un estrambote final que rezaba que la Generalidad ejecutará la sentencia de manera «responsable». Se ve que la infamia acaecida le parece responsable. Pero, si aceptamos reducir este tema toral para la sociedad a una pugna partidocrática izquierda-derecha, será legítimo preguntarse antes a quién perjudica lo acaecido, aunque sólo sea para saber qué valores defiende cada parte del binomio, en este caso. El incumplimiento activo por parte del Estado de las sentencias de los tribunales, políticamente, perjudica evidentemente a la seguridad jurídica, a la credibilidad del propio Estado, a la protección de los ciudadanos cumplidores con la ley y, lógicamente, a la democracia. Sólo favorece a los Partidos y líderes amantes del totalitarismo, es decir a la izquierda totalitaria y a la derecha totalitaria, también en su versión separatista, que opinan que los ciudadanos serán mejor gobernados en un sistema autoritario, ya sea fascista o estalinista o maoísta. Es más que dudoso que una mayoría de españoles piense así y es seguro que nadie de la izquierda democrática piensa así, por lo que perjudica al bien común demócrata. Lo que indica que el Gobierno separatista regional catalán es de tipo reaccionario totalitario, cosa que ya sabíamos, y que el Gobierno nacional es, cada vez, más propio de la izquierda totalitaria, cosa de la que conviene prevenirse urgentemente.

Pero creemos que no hemos llegado a lo peor, desde un punto de vista de la ética política. La no aplicación impune de la sentencia que obliga a un esmirriado y ridículo 25% de clases en español agrede directamente, y una vez más, a los derechos de la infancia, a la libertad de los padres que se han atrevido a luchar por lo mejor para sus hijos, a la igualdad de los españoles, a sus derechos civiles, como la protección judicial efectiva, y a su condición de ciudadanos. Y los ciudadanos, que no súbditos, son la razón de ser de toda política democrática. Por haber llevado al Parlamento Europeo familias que han sufrido escraches, que han padecido acoso ignominiosos a sus hijos, que han tenido que cambiar de localidad  o cerrar negocios por haber reivindicado ese escuálido 25% sabemos bien lo que sufre el ciudadano que osa reclamar sus derechos. Terrible realidad que se entiende enseguida cuando se recuerda que 14.000 enseñantes, funcionarios del Estado, hubieron de emigrar de la Cataluña hispana por no ser capaces de enseñar usando el catalán o que queda impune el hecho de sacar, un docente, a un niño al patio del colegio para afearle delante de sus compañeros su españolidad. Y estamos llegando al fondo de la sima de nuestra reflexión.

El hecho que da pie a este artículo es, finalmente, un episodio más de la complicidad de los Gobiernos de la Nación, de cualquier color político, con las políticas de amedrentamiento, intimidación, alienación orwelliana y opresión que se ejerce sobre ciudadanos españoles en diversas regiones de España (que van creciendo) como la Cataluña hispana o Vascongadas, por lo menos desde 1996, tal vez desde antes. Y eso es lo peor y lo intolerable desde cualquier punto de vista humanista y democrático. La historia recogerá, sin duda con dolor, el abandono o la complicidad activa de los Gobiernos de España que ha permitido el sometimiento de centenares de miles de españoles a repugnantes políticas totalitarias y opresoras. Y decir que esas políticas respetan los valores de la izquierda, o son de izquierda, es falso y faltarle al respeto a mucha gente de izquierdas que luchó por asentar la democracia en España.  Como dice ese gran Voltaire español que es Fernando Savater, «si lo que viene con y después de Zapatero es la izquierda, yo no soy eso». Ni yo. Pero es que en verdad si somos de (centro) izquierda; el problema es que la social democracia y el social liberalismo han desaparecido totalmente del panorama político español. A manos de los totalitarismos de izquierda y derecha.