Centralismo autonómico

Con la esperpéntica disolución de las Cortes de Castilla y León comienza un ciclo donde podrá medirse la fortaleza electoral de la llamada España vacía o vaciada. Tanto da, teniendo en cuenta la degradación del lenguaje periodístico que vivimos. El asunto no puede ser despachado con frivolidad, sino que quizá tiene que interpretarse como otro fallo orgánico de nuestro sistema constitucional: dicho fallo remite al enésimo problema de integración territorial como consecuencia de lo que podría ser un mal diseño institucional.

Como saben, la explicación que predomina viene culpando a Madrid de la despoblación del centro peninsular y otras provincias. La política fiscal neoliberal provocaría fugas de empresas y ciudadanos, que buscarían en la gran urbe castellana dinamismo económico y mejora de vidas. Por supuesto, existe también un discurso, potenciado por la izquierda política y comunicativa, que pretende hacer efectivas sus esperanzas electorales a partir del descontento de una periferia opuesta a la insolidaridad madrileña: «Enfrentemos territorios que algo queda», parece ser la divisa.

Me interesan poco ahora estas razones. Me llama la atención, por el contrario, el escaso interés que la opinión pública muestra hacia la centralización que han sufrido las propias comunidades autónomas hacia su interior. Estas, ya lo saben, nacieron bajo la reivindicación de «amnistía y Estatuto de autonomía». La amnistía ya no nos hace ni gota de gracia, presentándose la autonomía política y administrativa como el bálsamo de fierabrás democrático que acercaría las instituciones a los ciudadanos. El resultado es irregular –como toda experiencia de gobierno- pero ha tenido efectos parecidos a otras formas de federalismo más o menos competitivo: más concentración de poder político y económico en ciertas áreas urbanas.

Si uno transita por la España de provincias escucha de forma silente el mismo discurso que ciertos partidos y ciudadanos con respecto a Madrid o el Gobierno central: el gran Bilbao, Valladolid, Sevilla, Santander, Zaragoza o Logroño, todas son urbes que han ido vaciando sus respectivas áreas de influencia en beneficio propio. Este me parece también un asunto importante a valorar cuando hablamos de problemas de cohesión social: ¿qué hacen las Comunidades Autónomas al respecto? En términos democráticos lo más adecuado sería poner en conexión voto con mayor responsabilidad fiscal de cada territorio, pero es probable que la minoración de la potencia redistributiva del Estado condujera a más diferencias económicas y sociales.

Así las cosas, debiéramos también abordar el fracaso de las propias Comunidades Autónomas a la hora de afrontar los problemas de la España vacía. Las próximas elecciones de Castilla y León son una oportunidad para saber qué opinan los ciudadanos y qué pueden hacer los gobiernos regionales para resolver fenómenos endémicos como la despoblación: se sugiere que «el modelo PNV», consistente en cambiar apoyos por inversiones en los parlamentos autonómicos más allá de toda ideología, podría dar también buenos resultados. Sin embargo, como algo sabemos del asunto por décadas de autogobierno donde se han probado todo tipo de fórmulas, con el apoyo incuestionable de la propia Unión Europea, aquí entra en acción otro elemento pocas veces asumido en una sociedad que no está preparada para la decepción democrática: el siempre molesto principio de realidad.

En un mundo globalizado, con cambios de valores acelerados y procesos económicos de gran escala, quizá a lo único que podemos aspirar es a gestionar una cierta decadencia: se hace lo que se puede, no lo que se quiere, decía el otro día el economista Manuel Hidalgo. Y a partir de ahí, esperar a que las circunstancias sean más favorables, tratando de no caer en la retórica de la futilidad política sobre la que ya alertaba el famoso poema de Cavafis.