Lista de morosos: la lista de la vergüenza

Un año más, el Ministerio de Hacienda ha cumplido con el espectáculo ‘¡Pan y circo!’ de publicar la relación de deudores ante la Hacienda Pública. Un año más, se ha ofrecido a los leones el placer del sacrificio de los cristianos. Un año más, se ha repetido la emulación de los antiguos autos de fe quemando a los herejes tributarios en la Plaza Mayor. ¿Para qué semejante violación de la intimidad, de los datos personales, de la dignidad y de la ética pública? ¿Para qué nos hemos de apartar de lo que es el respeto que el Estado debe a sus ciudadanos, incluso a los que le deben dinero? Como vamos a ver, para nada. O, peor aún, para satisfacer un objetivo personal del responsable de la fechoría.

Cuando, hace unos años, se barajaba hacer realidad el esperpento, todos los organismos oficiales que emitieron informe, desaconsejaron la publicación de la lista. El Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, la Agencia Española de Protección de Datos…, todos informaron negativamente. Pero Cristóbal Montoro -ese que es socialista aunque él no lo sepa, en feliz expresión de Esperanza Aguirre- vino a justificar que se hiciera pública la relación en base a pretendidas razones de eficacia. Según su argumentación, ciertamente naíf, ante la vergüenza que supondría verse en la lista, los deudores pagarían sus deudas. Ese fue el objetivo simulado que esgrimió para perpetrar la atrocidad.

En cualquier caso, transcurridos ya varios años desde la puesta en marcha del invento, se ha comprobado el fracaso del objetivo simulado que enunció Montoro. Los deudores iniciales siguen apareciendo un año sí y otro también. Es inevitable por la propia tipología de los deudores incluidos. En unos casos, se trata de grandes empresas constructoras inmersas en procesos concursales tras la crisis de 2008 y que acabarán siendo liquidadas, sin que se recupere la deuda existente. En otros, se trata de deudores insolventes, sea la insolvencia real o no, a los que resulta extremadamente difícil hacerles pagar su deuda. Finalmente hay un conjunto de contribuyentes, cuya deuda no es firme, que se encuentra enredado en el laberinto sin fin que supone litigar contra las liquidaciones de la Agencia Tributaria. Por cierto, cuando cualquiera de estos últimos consiga la eliminación judicial de la deuda, el Ministerio de Hacienda no informará públicamente de lo sucedido. Exquisita demostración del execrable funcionamiento del instrumento: primero, se hace público que un español tiene una deuda; después, cuando un tribunal la anula, no se comunica nada.

En definitiva, todo ha quedado en un gesto para la galería, en un brindis al sol, en una raya en el mar. Todo, salvo el fin disimulado que en realidad perseguía don Cristóbal. En aquellos tiempos, su departamento no atravesaba una buena racha en términos de imagen pública, pues la mayoría de los españoles estábamos escandalizados por el trato de favor dado a Doña Cristina de Borbón. Mientras la Agencia Tributaria practicaba -y practica- a diario derivaciones de responsabilidades a cualquier español por las deudas de sus cónyuges, de sus progenitores, de las empresas de unos y otros, el citado organismo no consideró que existiera responsabilidad alguna para la contribuyente reseñada por las deudas tributarias de una sociedad en la que disponía del 50% del capital social y tanto poder de disposición como el que más.

En el escenario descrito, aderezado además con algún caso de grave corrupción política, Montoro creyó que publicar la lista de deudores le serviría para aparecer ante los españoles como un azote contra el fraude, lavando así su deteriorada imagen. Esa era su finalidad disimulada. A fuer que no lo consiguió -su imagen es de las peores entre los exministros- pero, eso sí, nos ha dejado el regalo. Y cada año hemos de soportar la vergüenza de ver como el Estado criminaliza públicamente a unos cuantos españoles, sometiéndolos al escarnio público de llevar el sambenito colgado a la espalda, para regocijo de los inquisidores.

Por cierto, dado que al frente del proceso inquisitorial suelen situarse los líderes del espectro político de la extrema izquierda, será curioso conocer la reacción del ministro de Comercio ante la aparición en la lista de la organización madrileña de la formación política-Izquierda Unida- de la que él es el máximo dirigente.