Si eres pikettyano, ¿cuánto debes tributar?

La anécdota es apócrifa, pero bien elocuente de lo que quiero abordar enseguida. Pongamos un mes de primavera en el tardofranquismo, una mañana de convulsas protestas estudiantiles en la Universidad Complutense de Madrid en la que un grupo de profesores comprometidos, jóvenes y no tan jóvenes, junto con algunos estudiantes, han subido a la azotea de la Facultad de Derecho desde la que ven llegar a las «fuerzas represivas». A lo lejos el humo de los primeros botes que ha disparado la Policía. Una de las que se asoma, de apellidos rimbombantes, copulativos y salpimentados de guiones, acostumbrada al picadero desde su más tierna infancia y militante de la Liga Comunista Revolucionaria en la clandestinidad, ya ve llegar a los grises a caballo y exclama entusiasmada: «¡Mirad, vienen al paso inglés!». El resto, desclasado, la mira con profundo desconcierto. 

Hablamos de lo que otrora, en la Barcelona de finales de los 60, se describió como la gauche divine, hoy los «hipijos», la «izquierda de ático o caviar», etiqueta eficaz con la que caricaturizar la falta de congruencia del adversario ideológico, un vicio que, en puridad, es transversal: recuerden el clásico supuesto del político conservador furibundo antiabortista que privadamente sufraga o apoya el aborto de un familiar cercano, o el declaradamente homófobo al que se descubre que tiene relaciones sexuales con personas del mismo sexo o al denunciante del vicio de la promiscuidad que resulta ser cliente habitual de un prostíbulo.

Pero ¿por qué existe una especial susceptibilidad frente a la incongruencia de las personas que se reclaman de izquierdas? Me atrevo a conjeturar que ello se debe a que se considera, por parte de muchos, que los que apuestan por medidas políticas asociadas a la izquierda lo hacen por razones basadas en principios, no por propio interés, cosa que, se añade, caracterizaría a conservadores o personas de derechas en general. Ignacio Sánchez-Cuenca, un destacado apologeta de la «coalición de progreso», ha dicho que en el corazón de la izquierda late la «indignación moral»; que la izquierda abraza los principios de empatía y justicia, mientras que la derecha apuesta por la autoridad y el orden, y de ahí la «superioridad moral» de aquella. 

No hablamos de mentir o de incumplir promesas sino de la divergencia que los representantes públicos mantienen entre teoría y práctica; entre su comportamiento y los valores o principios morales blandidos frente al contrincante político porque se pretende «construir una sociedad mejor, más justa». Si se afirma, como es acostumbrado, que la erosión de servicios públicos como la educación y la sanidad por su «privatización» supone un ataque a la igualdad, ¿cómo hemos de considerar el hecho de que quien lo asevera opta por ser atendido en un hospital privado, como fue el caso de la entonces vicepresidenta socialista Carmen Calvo? ¿Qué compromiso con la «inmersión lingüística» en Cataluña tienen los políticos nacionalistas que mandan a sus hijos a centros educativos donde se aseguran de que adquieren un buen dominio del castellano, amén de otros idiomas? ¿Cómo se metaboliza la defensa de una escuela pública y laica con enviar a los hijos a un colegio privado o religioso? 

«Había una cierta incongruencia entre la suntuosidad de las circunstancias bajo las que se desarrollaron estas conferencias… y su contenido igualitario». Así arranca el aclamado filósofo marxista Gerald Cohen una de sus más discutidas y célebres obras: Si eres igualitarista, ¿cómo es que eres tan rico? (2001), una compilación en la que podemos encontrar una de las mejores discusiones sobre este, por otro lado, clásico asunto. 

Uno de los hilos conductores de la sagaz crítica de Cohen al liberalismo político consiste en señalar que los principios de justicia distributiva que se proclaman como rectores de las políticas públicas han de gobernar también nuestra vida privada, especialmente si resulta que la sociedad en la que vivimos es injusta. Así, el repudio de la desigualdad es incompatible con acumular ingentes cantidades de dinero y patrimonio.

Como es bien sabido, el instrumento fundamental con el que las sociedades políticas se preocupan por combatir la desigualdad es la política fiscal. En su obra más reciente, Una breve historia de la desigualdad (Deusto, 2021), el influyente economista Tomas Piketty ha mostrado que la gran reducción de la desigualdad que aconteció en Occidente a partir de la primera guerra mundial y hasta la década de los 80 se produjo gracias a tipos marginales muy superiores a los actuales aplicados a los más pudientes. Y ello además, de acuerdo con su estudio, sin que el crecimiento económico se resintiera. La regresividad tributaria actual – a la que se suma la tendencia a suprimir el impuesto sobre las sucesiones o sobre el patrimonio- no solo ha convertido a nuestras sociedades en más injustas, sino que tampoco se justifica instrumentalmente pues una mayor, mucho mayor progresividad fiscal, o la imposición sobre las herencias o sobre la riqueza, no necesariamente nos hace más pobres.

Volvamos a Cohen. ¿A cuánto debe tributar por sus ingresos o riqueza Thomas Piketty o su entusiasta interlocutora la vicepresidenta Yolanda Díaz? Tenemos obligaciones morales cuyo cumplimiento no depende del refuerzo de la sanción que proporciona el Derecho positivo. Si, por alguna extraña razón, mañana se derogara el artículo del Código Penal que castiga el asesinato, la inmensa mayoría de nosotros no pensaremos que matar sea una conducta aceptable. Sin embargo, cuando la negativa a cumplir el servicio militar o la prestación social sustitutoria se despenalizó ningún joven en edad de alistarse se sintió compelido a servir en el ejército voluntariamente. Los igualitaristas a la Piketty propugnan una mayor progresividad fiscal, pero ¿se la aplican a ellos mismos? ¿Se aprovechan o se han aprovechado de las bajadas de impuestos? 

Los clásicos escolásticos, siguiendo a Santo Tomás, aludían a las reglas del Derecho positivo como una determinación de la ley natural. Matar es un delito universal porque afrenta al Derecho natural, pero que el castigo sean 10 años, cadena perpetua o pena de muerte va, digámoslo así, por barrios, en función de consideraciones sociológicas diversas y de oportunidad política. Pensemos ahora en el ámbito de las relaciones laborales y la necesaria protección de los intereses de los trabajadores. Aceptado el principio «el empleador debe indemnizar al empleado que despide», nuestro Derecho laboral ha establecido diferentes «determinaciones» en cuanto a la cuantía mínima en que debe cifrarse tal indemnización pues al final el coste del despido incide en la cantidad de empleo que se genera. Si la reforma del Derecho laboral del socialista Zapatero supuso una regresión en el marco de las relaciones laborales cuando la indemnización por despido improcedente pasó de los 45 a los 33 días de salario por año trabajado, ¿cómo es posible que los partidos políticos que se alzaron contra esa reforma por razones de justicia no hayan mantenido la cuantía original cuando han tenido que despedir a sus trabajadores? Si de «se debe indemnizar al trabajador despedido improcedentemente» solo cabía una determinación posible, a quien abraza el principio lo que haga ese legislador regresivo le será irrelevante para guiar su acción, so pena de impostura, cinismo u oportunismo por su parte. Si por razones de igualdad debemos tributar al tipo marginal X, quien proclama que esa es la determinación de la justicia fiscal deberá seguir tributando a ese tipo más allá del hecho contingente de que un legislador «neoliberal ayusista» decida una bajada de impuestos. Salvo que ya hayamos alcanzado la sociedad justa, que no es todavía el caso. 

Piketty y sus acólitos podrían aducir, adversus Cohen, que en puridad los principios de la justicia fiscal no atañen a los individuos sino a la política fiscal, con mayúsculas; a las normas generales y abstractas que deben implementarse y no a sus discretas conductas como particulares. O a lo mejor es que ni uno solo de los pikettianos cumplen el requisito de engrosar la lista de «los más ricos de los ricos» y lo que ya pagan es, justo, «lo justo». Demasiado ad hoc como justificación, ¿no les parece? O tal vez, podrían argüir, hay obligaciones que, aunque asumidas, no son asumibles individualmente: uno puede ser absolutamente partidario de la vacunación obligatoria, pero sería incapaz de vacunarse a sí mismo aunque sí está dispuesto a acudir al centro clínico que le ordenen, poner el brazo y someterse al pinchazo administrado por el enfermero. Pues lo mismo con el pago de impuestos: dejo que me detraigan lo que se haya «determinado» pero no me pida que done lo que, de acuerdo con mis cálculos y con mi concepción de la igualdad, debería corresponderme. ¿Seguro que esta analogía se da en el pago de impuestos? ¿No cabe muy fácilmente renunciar a la devolución en el IRPF, donar al Estado, no consignar ciertas deducciones? La actual coalición de progreso mantiene una cruzada contra los incentivos fiscales a los planes de pensiones. Puede que haya buenas razones para, como señalan sus representantes, eliminar esas bonificaciones por sus efectos regresivos. Sabemos que Pedro Sánchez o el ministro Escrivá tienen planes de pensiones: ¿se desgravan por ellos en sus declaraciones del IRPF?

Se ha comentado mucho en estas semanas el notable patrimonio acumulado por la ministra de Igualdad Irene Montero en tan sólo cinco años, coincidiendo con su actividad política institucional. En su defensa se ha dicho que esa riqueza se ha acrecentado por haber recibido en herencia un conjunto de bienes inmuebles, beneficiándose, además, de los privilegios fiscales del «liberalismo a la madrileña». ¿Cómo es posible que una persona que pertenece a una formación política que sostiene la injusticia de las desigualdades basadas en lo heredado acepte ella misma heredar y aumentar su desigualdad relativa en su beneficio? 

A los entusiastas igualitaristas pikettyanos no se les pide, como a los franciscanos en el siglo XIV, cuadrar el círculo de la pobreza absoluta y la supervivencia, solo que sean más coherentes. O al menos que rebajen sus decibelios en su señalamiento virtuoso.