La factura del Kit Digital

De aprobarse un proyecto de ley actualmente en trámite parlamentario, casi todas las empresas, de cualquier tamaño, habrán de expedir facturas electrónicas en sus relaciones con otras empresas y mantener durante cuatro años un archivo electrónico del que puedan recuperarlas gratis sus clientes.

De los desafíos que plantea esta nueva carga empresarial, se está prestando atención al más urgente pero menos importante: el de la transición digital. Pasar de la factura en papel a la electrónica comporta costes fijos, lo que entraña dificultades, en especial para las pequeñas empresas y las que emitan pocas facturas. Por eso, el proyecto contempla que contraten proveedores especializados en facturación electrónica, para lo cual regula su interconexión e interoperabilidad. También pospone entre uno y dos años la obligatoriedad para las empresas más pequeñas.

La excusa de la transición digital

Esta nueva obligación se endulza con el llamado ‘Kit Digital‘, un paquete de ayudas que, con cargo a los fondos europeos, pretende favorecer la transición digital de las pymes, para lo cual subvenciona la instalación de hasta diez «soluciones» digitales, como la creación de sitios web, el comercio electrónico o la gestión de redes. Su presupuesto, de 3.067 millones de euros, parece gigantesco; pero, al repartirlo entre varios millones de empresas, las subvenciones individuales son modestas, con máximos de 2.000 euros para empresas de hasta tres empleados; de 6.000 euros para las que emplean de cuatro a diez; y de 12.000 euros para las que tienen entre 10 y 50). Pese a estos topes, el presupuesto total se agotaría si tan sólo un 13% de las empresas afectadas pidiera la subvención máxima; y ello suponiendo que repartir y promocionar este kit digital sale gratis o se financia con otros recursos. De hecho, también se agotaría si tres de cada cuatro afectados pidiesen la ayuda sólo para instalar la factura electrónica. La única de esas diez soluciones que es obligatoria dejaría así sin ayudas a las otras nueve.

Amén del despilfarro que supone organizar esta «pedrea» de subvenciones y, dado que es costoso cambiar de proveedor informático, estas ayudas a la instalación inicial pueden acabar, vía sobreprecios futuros, en manos de los proveedores o bien disipándose en competencia de enganche, al modo del regalo que se solía entregar a quien suscribía un plan de pensiones. Concentradas, además, en el primer caso, en las manos de aquellos proveedores e intermediarios que se enteren antes de los estándares técnicos y los procedimientos para tramitar las ayudas. Como en todas las subvenciones que se barajan a cuenta de los fondos europeos, convendría reforzar una transparencia que, por ahora, es deficiente.

La excusa de la morosidad privada

El Gobierno dice promover la factura electrónica para reducir la morosidad en las operaciones comerciales. Si dice verdad, está confundido. Como he argumentado en esta misma columna, la morosidad privada es mucho menos grave que la pública y, para atajarla, lo que debemos hacer es reformar la Justicia: contener la litigación frívola e introducir tasas selectivas para que sea viable reclamar impagos en vía judicial.

Además, para desarrollar reglamentariamente la futura ley, el proyecto habilita, no sólo al Ministerio de Economía, sino también al de Hacienda. Este protagonismo de Hacienda confirma que uno de los fines de la reforma es el de reforzar la eficacia inspectora y recaudatoria de la Agencia Tributaria. La factura electrónica puede incluso ser un primer paso para que todas las empresas estén pronto sometidas a un grado de control similar al logrado sobre las grandes empresas gracias al Suministro Inmediato de Información que ya efectúan desde 2017.

La Hermana Mayor de Orwell

Esta posibilidad plantea el segundo desafío. La carga de la gestión fiscal debe repartirse entre administrados y Administración de forma que ambas partes tengan incentivos para optimizar los costes y beneficios totales. En España, llevamos ya muchos años ampliando los deberes y reduciendo los derechos de los contribuyentes. Lo hemos hecho hasta un punto en el que quizá debamos empezar a preguntarnos si estamos incentivando correctamente a la Agencia Tributaria para que efectúe su trabajo con la diligencia y probidad debidas; o, por el contrario, estamos cargando al contribuyente con deberes y sanciones de forma desproporcionada.

Numerosos indicios apuntan en este último sentido. Saltan las alarmas cuando empiezan a proliferar las sentencias en las que los tribunales dan la razón a los pocos famosos que no ceden ante el oportunismo de las agencias fiscalizadoras; o las que terminan derogando normas tributarias, como la que dictó hace unos meses el Tribunal Constitucional en materia de plusvalías inmobiliarias municipales, o la que acaba de dictar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la declaración de bienes en el extranjero.

En este mismo sentido, desde el pasado mes de agosto nuestro tope para pagos empresariales en efectivo, de sólo mil euros, es el más bajo, junto con el de Francia, de toda la Unión Europea. Se trata de un tope que ni siquiera existe en Alemania, cuya Administración sabe apreciar que el ciudadano valora la libertad de pagar en metálico. Consiguientemente, prefiere sustituirlo por una declaración, y sólo a partir de 10.000 euros, pese a que esa fórmula le da más trabajo.

Aquí, en cambio, los deberes y derechos del contribuyente están cada vez más descompensados. Tendemos a olvidar que el contribuyente es, ante todo, un ciudadano, y que la Administración ha de estar a su servicio, en vez de asumir presupuestos maniqueos, cuya falsedad suele quedar de relieve cuando los jueces los someten a una evaluación imparcial.

La Administración self-service

Por supuesto que el asunto no afecta sólo a Hacienda. En estos dos años de pandemia hemos comprobado cómo la Administración Pública utilizaba las aplicaciones digitales y el teletrabajo para prestar un servicio menos personal y cargar de deberes a los usuarios. La digitalización de los servicios públicos no debe usarse como pretexto para que los ciudadanos asumamos las tareas que antes realizaba la Administración.

Con todo, esta evolución hacia una Administración self-service tampoco es el desafío más grave. En última instancia, si estoy en lo cierto y la factura electrónica es el primer paso para que Hacienda aumente su control de las transacciones económicas, la pregunta fundamental es si ese aumento es bueno o malo. Por fortuna, he agotado el espacio y, por esta semana me libro de responder. Es más, con algo de suerte, quizá hasta me olvide de haberla planteado.