Maldita Torre de Babel

Los idiomas sirven propósitos instrumentales. Se resumen a códigos organizados a través de los cuales desarrollamos las necesidades gregarias de nuestra especie. Ya sé que la descripción es árida, espesa, no arrebata, nadie se dispondrá al martirio por ella, máxime si comparada a los relatos gestados en cuna nacionalista. Pero se acerca más a la realidad que el mito de la Torre de Babel.

De hecho, el mito es antiguo, pero no hay evidencia de que sus resultados hayan creado problemas a la Humanidad hasta los últimos cien años. Lo dice Eric Hobsbawm para explicarlo en seguida de manera inapelable: los idiomas dejaron de ser lo que las personas dicen o, en sentido más emocional, lenguas maternas, para convertirse en atributo de nación. Fueron mezclados con percepciones – énfasis en ‘percepciones’ –de prestigio, derechos económicos y sociales. Adquirieron, por lo tanto, una capacidad política que nunca tuvieron. En resumen, y siguiendo al historiador inglés, el nacionalismo les otorgó su «carácter explosivo».

Nada de esto hubiera sido posible sin los bulos impregnados en el tejido social por esencialistas de diferente índole. Exponente del marxismo en la historiografía contemporánea, y por ende inmune a simpatías franquistas, Hobsbawm refuta dos de ellos. Primero, la identificación de nación con lengua no es un hecho, sino una invención ideológica reciente. Segundo, la coexistencia de diferentes idiomas en el mismo país, incluso en la misma persona, es la norma histórica. Añadiría un tercer punto: hoy se reivindican derechos históricos para idiomas cuyo cuerpo actual deriva en gran medida de neologismos forjados entre el siglo XIX y el XX, razón por la cual guardan poca relación con sus formas prístinas.

Por todo esto, eché mano de alguna bonhomía para leer en El Correo a Paul Bilbao, secretario general de Euskalgintzaren Kontseilua, defender el euskera como lengua vehicular – léase, hegemónica – en el Pacto Eductivo vasco, firme en su convicción de que no puede haber interpretaciones sobre el modelo lingüístico. «No lo digo por una razón identitaria», y añade «lo reivindicamos por justicia». Una frase de antología. Desde luego por la incapacidad de entender que la simple asociación entre idioma y justicia tiene implícita la marca del nativismo identitario. Lo dice un marxista inglés. Menos antológico es querer darle al idioma poderes que no tiene –los tribunales son las únicas instituciones capaces de repartir justicia en un Estado de Derecho– porque la psicopatria catalana ya habló de los derechos del idioma, ciega ante el hecho de que la personalidad jurídica se reserva a personas.

El euskera se aunó a la política en un momento histórico bien definido por la mano de un autor con ideas claras. No será excesivo asumir que personificaba para Sabino Arana una muralla para el aislamiento de la comunidad nacional. Crearía marcos simbólicos propios, fraguaría sentimientos colectivos de pertenencia comunitaria, fundaría formas exclusivas de interpretar el mundo, pero sería, ante todo, un garrote que impidiera que la «infestación» españolista se extendiera. Aquí sí no había interpretaciones sobre el modelo lingüístico: «Tanto están obligados los bizkainos a hablar su lengua nacional, como a no enseñársela a los maquetos o españoles. No el hablar este o el otro idioma, sino la diferencia del lenguaje es el gran medio de preservarnos del contagio de los españoles y evitar el cruzamiento de las dos razas». Y así nació el valor político del euskera.

«En un mundo globalizado, las circunstancias exigen plurilingüismo y diversidad social. La imposición lingüística es enemiga de ambos»

Queda clara la función de segregación étnica atribuida al idioma, como queda igualmente evidente el carácter construido del nacionalismo –Arana hablaba de bizkainos porque su patria original fue Vizcaya, solo más tarde expandida al conjunto de Euskadi, hecho que un día el abertzalismo guipuzcoano descubrirá con espanto y dolor–. Reivindicar el uso escolar del euskera, no por su valor literario o por su utilidad, pero por motivos de justicia, abraza la herencia política que le fue dada al idioma hace poco más de un siglo.

En un mundo globalizado –coletilla de todos los argumentos perezosos, aunque muy válida para este caso–, las circunstancias exigen plurilingüismo y diversidad social. La imposición lingüística es enemiga de ambos. Y en la Europa de la libre circulación de personas y bienes se necesita de una concepción cívica de ciudadanía, cuyo devenir sean derechos y libertades individuales, y no la sacralización de lo étnico por vía administrativa.

La norma que el Pacto Educativo vasco relevará data del tiempo de Fernando Buesa Blanco, que en su día habló del deseo de vivir en un país donde la única categoría política que confiere derechos y obligaciones es la ciudadanía, que no distingue ni discrimina a nadie en función del sexo, raza, religión, opiniones políticas, identidades o sentimientos nacionales o culturales. Noble y leal, esta ambición nunca se hará realidad mientras se vea a los idiomas como vehículos para la obtención de justicia y de derechos. Queda por ver si en el PSOE aún hay algo de los principios que guiaron la vida pública de Buesa Blanco.