Madrid es la obsesión de Sánchez, de Montero y de sus expertos

Ya había demostrado sobradamente el presidente del Gobierno su enfermiza obsesión por la Comunidad de Madrid, por su Gobierno regional y por su presidenta. También su ministra de Hacienda. Ahora se ha podido constatar que, a través de sus expertos, ambos han trasladado su psicosis obsesiva al Libro Blanco para la reforma fiscal. Varios hechos lo acreditan. Como primera prueba, el espacio destinado a la imposición patrimonial y al ejercicio de las competencias autonómicas se destinan 120 páginas, cuando las destinadas al IRPF son 23, o las dedicadas al IVA son 40.

Lo anterior, completamente inexplicable en función de las respectivas relevancias recaudatorias, solo responde al ímprobo esfuerzo desarrollado para intentar justificar la injustificable mutilación de la autonomía financiera de las comunidades autónomas que se propone perpetrar el Gobierno. Quieren evitar como sea, incluso a costa de quebrar uno de los consensos básicos de nuestra democracia, que el Gobierno de Díaz Ayuso pueda seguir demostrando con su gestión lo que viene demostrando: que con menos impuestos la economía marcha mejor.

Lo grave es que, por cumplir su objetivo, en un informe de carácter técnico se sesgue tanto la información y la argumentación relativa a dos de los impuestos en los que patentiza la inteligente política fiscal de la Comunidad de Madrid.

Empecemos por el Impuesto sobre el Patrimonio Neto de las Personas Físicas. El deseo del Gobierno es abortar la bonificación del 100% aplicada en la Comunidad de Madrid lo que, para ellos, parece ser un uso «desproporcionado de las competencias normativas descentralizadas». Claro, omiten (descaradamente) que se trata de un impuesto que ya no se exige en ningún otro país de la Unión Europea, salvo España. ¿Es una desproporción que Isabel Díaz Ayuso iguale en este punto la fiscalidad madrileña a la fiscalidad europea? No, lo desproporcionado es que en esta cuestión el Gobierno español mantenga a España como un islote maldito en el territorio de la Unión.

Los expertos de Montero reiteran hasta la saciedad (eso sí, sin aportar evidencia empírica alguna), que la exigencia del citado impuesto provoca una utilización más productiva del patrimonio personal. ¿De verdad se lo creen? Pues habrá que concluir entonces que nuestros socios europeos están favoreciendo que se mantenga ocioso. ¡Qué torpes son en Europa! Vamos a remitirles el Libro Blanco para que aprendan.

También invocan, falseando la realidad, que la exigencia del Impuesto sobre el Patrimonio es una consecuencia obligada de los principios constitucionales que en materia impositiva se reflejan en el artículo 31 de la Constitución. Cualquier hacendista conoce que el cumplimiento del precepto citado debe realizarse globalmente por el sistema tributario, no impuesto a impuesto. Pero, además, recordemos que Zapatero suprimió el impuesto. ¿Fue esta una medida anticonstitucional? No lo escuchamos entonces. Recordemos también que, acertadamente, Miguel Sebastián manifiesta un día si y otro también que el impuesto debe ser eliminado de nuestro universo fiscal. ¿Está proponiendo el exministro socialista que quebrantemos la Constitución?

Como conclusión, en su Propuesta 118, los expertos proponen el mantenimiento en España del impuesto ya erradicado por nuestros 26 socios europeos y proponen además tres medidas que prohibirían, sí o sí, que la Comunidad de Madrid o cualquier otra pudiera optar por la solución europea.

En lo que respecta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, los expertos vuelven a difuminar la realidad europea. Exponen que en algunos países de la Unión Europea no se exige y en otros sí, omitiendo que son mayoría aquellos que lo han suprimido. Justifican su exigencia como medio de lograr la igualdad de oportunidades entre los herederos, lo que implicaría que en algunos casos se debiera pagar el 100% de lo heredado, eso sí que sería anticonstitucional, por resultar confiscatorio y por contravenir el derecho a la herencia reconocido constitucionalmente.

Referido a los dos impuestos (Patrimonio y Sucesiones), argumentan los expertos su supuesta condición óptima para reducir la desigualdad en la distribución de la riqueza. Sin embargo, según los datos del índice de Gini que ellos mismos publican, España es uno de los países de la Unión Europea con menor desigualdad. Ergo, según ellos, la mayoría de nuestros socios europeos son intrínsecamente perversos pues renuncian a utilizar un instrumento benéfico.

Está claro. A Pedro Sánchez y a los gobiernos regionales de su partido les escuece la inteligente, moderna y eficaz política fiscal aplicada en la Comunidad de Madrid porque deja al desnudo la torpeza, la obsolescencia y la ineficacia de la aplicada por ellos. A los que no les gusta competir, les conviene acabar con la competencia.