El 'show' de las mascarillas

El miércoles 6 de abril fue un día aciago para el periodismo español. Aquella tarde, una inmensa mayoría de medios de comunicación, incluidos aquellos que se definen de centroderecha y hasta los que van de liberales, llevaban en sus portadas una sorprendente noticia: un par de tipos que le habían vendido mascarillas al Ayuntamiento de Madrid se habían comprado con el dinero de la transacción relojes de lujo y coches de alta gama. Las palabras ‘Rolex’ y ‘Ferrari’ formaban parte de los titulares más destacados.

Desde ese día, el ‘show’ ha sido grandioso. Aprovechando que en Semana Santa decae el flujo de noticias, hemos conocido con pelos y señales las andanzas de Alberto Luceño y Luis Medina. Hemos visto el yate del segundo, hemos leído los mensajes que se intercambiaban por whatsapp y hasta nos han enseñado una factura del primero dejando 50 euros de propina en un hotel. ¡Qué escándalo!

Todo nace de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra Luceño y Medina por los presuntos delitos de estafa, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales como consecuencia de su papel de intermediarios en la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid. Según los datos conocidos, tiene toda la pinta de que estamos ante una estafa, pues el material entregado no se correspondía con lo contratado y los precios y comisiones cobrados eran claramente abusivos.

Si Luceño y Medina son unos delincuentes lo dirimirán los tribunales pero, como cualquier hijo de vecino, tienen derecho a la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Ensañarse con sus mensajes de whatsapp, con sus perfiles en redes sociales o con sus gustos caros es una maniobra torticera propia de regímenes totalitarios. La vida y costumbres de estos dos tipos nos debería importar una higa. Aquí lo crucial es saber si son culpables de los delitos de los que se les acusa, no en qué narices se han gastado el dinero del botín.

Respecto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, conviene aclarar que no está imputado en la causa, por si alguien lo ha llegado a dudar a raíz de las informaciones publicadas. Hasta el momento, la Fiscalía sólo apunta a los dos empresarios, por lo que el Ayuntamiento sería víctima de una estafa por un montante total de 11 millones de euros.

Como es natural, hay que investigar este asunto hasta sus últimas consecuencias, porque cada día está más claro que durante aquella primavera aciaga de 2020 el estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez estableció las condiciones idóneas para que se produjera una corrupción generalizada gracias a que todas las administraciones pudieron adjudicar contratos a dedo sin apenas supervisión. Algunos lo advertimos en su momento y nadie nos hizo ni puñetero caso. Se alargó artificialmente el estado de alarma para seguir disponiendo de esa posibilidad excepcional: dar contratos a dedo a los amiguetes por procedimiento de urgencia y sin necesidad de convocar un concurso público.

Lo increíble del asunto es que, una vez más, la Fiscalía haya puesto el foco en un caso que afecta al Partido Popular. Y podría ser una mera casualidad si no fuera porque ya somos mayorcitos y porque todos hemos visto que el escándalo Luceño-Medina nos ha sido narrado siguiendo un pormenorizado guión que ha ocupado la agenda informativa durante todas las vacaciones con el único objetivo de escandalizar a la población y desgastar al PP. Toma nota Feijóo, que esto es lo que te espera de ahora en adelante.

Como ya escribí cuando saltó el escándalo del hermano de Isabel Díaz Ayuso, recomiendo a la Fiscalía que también investigue dos casos concretos que fueron publicados en su día por ‘Vozpópuli’, el periódico que dirigí antes de llegar a THE OBJECTIVE:

1.- Hong Kong Travis Asia Limited. Esta empresa, completamente desconocida en el sector sanitario español, recibió 250 millones de euros del Gobierno por suministrar mascarillas. La compañía había sido creada en Hong Kong en mayo de 2019, apenas contaba con un capital de 1.200 euros y estuvo administrada por otra empresa sancionada por lavado de dinero que, nada más cobrar de España, se reorganizó para evitar dejar rastro. En su momento intentamos tirar del hilo de sus propietarios, pero la madeja de sociedades hizo prácticamente imposible la tarea de sacar algo en claro. ¿Por qué no la investiga la Fiscalía? ¿Por qué no pregunta al Ministerio de Sanidad cómo llegó hasta esta empresa? ¿Quién se la recomendó al ministro Salvador Illa?

2.- Soluciones de Gestión. Esta empresa, igualmente desconocida en el sector sanitario y con sede en Zaragoza, fue la elegida por el Gobierno para suministrar material por valor de 40,5 millones de euros. En este caso, la adjudicación se hizo mayoritariamente a través de las compañías públicas Puertos del Estado y Adif, ambas dependientes del Ministerio de Transportes, dirigido en aquel entonces por José Luis Ábalos. Esta empresa no tuvo facturación alguna en 2019 y son públicos sus vínculos tanto con sociedades ‘offshore’ en Panamá como con el escándalo Defex. ¿Por qué no investiga a esta empresa la Fiscalía? ¿Por qué no llama a declarar al señor Ábalos para que aclare sus vínculos con esta sociedad, que hasta llegó a recomendársela al Ministerio del Interior para que también la contratara?

Ojalá algún día la Fiscalía despierte, pero caben pocas esperanzas, porque ya sabemos de quién depende este organismo y quién lo dirige. El uso partidista de la Fiscalía es, sin duda, uno de los grandes cánceres de nuestra democracia, y la verdad es que tiene difícil arreglo porque tampoco es que anden mucho mejor por ahí fuera. Ayer mismo, sin ir más lejos, la Fiscalía de París se sacó de la manga una investigación contra Marine Le Pen por presunta malversación de fondos públicos entre los años 2004 y 2017. Se puede criticar a Le Pen por mil cosas, pero desempolvar este asunto cuando apenas queda una semana para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia solo tiene un nombre: juego sucio. Y Macron no debería caer tan bajo para ganar. Hay cosas que son sagradas.