Espionaje político: ¿por qué y para qué?

A estas alturas de la semana sabrán que Pegasus es un programa espía desarrollado por la compañía israelí NSO al que solo tienen acceso gobiernos y agencias de seguridad, y cuyo presunto fin es combatir el terrorismo y el crimen organizado. Sabrán también que la plataforma Citizenlab ha revelado que la cúpula del independentismo catalán fue espiada con ese programa entre los años 2017 y 2020; nunca sabremos quién estuvo detrás del espionaje y nunca dejaremos de pensar que fue el Estado español.

El espionaje político atenta contra los principios básicos de la democracia liberal; esta es una verdad tan obvia que no merece mayor glosa. Tampoco veo utilidad en detenerse en el poco respeto que los independentistas han tenido y tienen por principios democráticos igualmente fundamentales; la falta de autoridad moral no despoja a nadie de sus derechos. La incógnita a despejar es el papel del Estado en esta operación.

El motivo por el que la tortura representa un viejo dilema moral es porque en ocasiones funciona. Si no ofreciera algún trofeo ocasional, como el paradero de Bin Laden, la tortura no sería objeto de debate. Pero lo es, y el argumento utilitarista que se emplea en su defensa es sencillo: ¿cuántas muertes ahorra la tortura? Pero para el deontologista la respuesta es irrelevante: la moralidad de un acto no depende de sus consecuencias, sino de su ajuste a unos principios inviolables.

El espionaje político plantea un dilema análogo: ¿y si pinchando ilegalmente algunos teléfonos se pudiera evitar un delito? Lo desconcertante del espionaje a los independentistas es que a la vulneración de derechos se suma una perplejidad: no sabemos por qué se ha hecho, ni para qué ha servido. Lo mínimo que se puede pedir a un Estado que delinque es que lo haga por el interés general.

Si el Estado espió a la cúpula del nacionalismo entre 2017-2020 habrá que preguntarse qué ganamos denigrando la calidad democrática del país. Hasta junio de 2018 estuvo al frente del Gobierno Mariano Rajoy, que siempre fue un paso por detrás de los independentistas; si poseía información privilegiada, lo disimulaba bien. Más extraño es el caso de Pedro Sánchez: si era necesario espiarles por su demostrada reticencia a cumplir la Ley, ¿por qué convertirlos en socios preferentes? ¿Por qué indultarlos si eran peligrosos? ¿Y si no eran peligrosos, por qué espiarlos?

Pedro Sánchez forzó la rehabilitación moral del nacionalismo por necesidad, no por creerlos rehabilitados para la convivencia. Mi hipótesis es que quiso mantener la vigilancia, para poder anticiparse a cualquier movimiento que pudiera perjudicar su imagen. Esto fue antes de que Sánchez descubriera que él no es cautivo del independentismo, como dice la derecha, sino al contrario: el independentismo no puede permitirse que caiga el Gobierno porque sabe que la alternativa siempre será peor; son ellos quienes son presos de Sánchez. Ni por pegasos ni dragones le dejarán caer.