Un 155 educativo para Cataluña

Por desgracia, hay regiones de España en las que el Estado se ha retirado y, con él, los preceptos constitucionales en los que se fundamentan la igualdad y la seguridad jurídica. Apenas resisten algunas estructuras vestigiales del mismo en representación del poder judicial, empeñadas en recordar a quienes viven instalados en la insubordinación que no hay nadie por encima de la ley, que sus delirios nacionalistas y postulados xenófobos no tienen cabida en nuestro ordenamiento jurídico.

En Cataluña, el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, todavía corresponde a los Juzgados y Tribunales determinados por las normas reguladoras de la competencia y del procedimiento. No del arbitrio de un líder autonómico o del capricho oportunista del ejecutivo sanchista, prostituido al independentismo a cambio de un día más en la Moncloa: mientras con la boca grande denigran a las meretrices y a la pornografía, con la pequeña practican felaciones políticas a sus socios de gobierno catalanes y vascos a plena luz del día.

Con el pretexto de proporcionar a sus compinches de legislatura las satisfacciones que demandan, los de Pedro Sánchez asaltaron la justicia para indultar a los líderes del procés, intentaron colonizar el CGPJ cambiando las mayorías requeridas para nombrar a sus miembros y ahora pretenden domeñar y someter a la seguridad nacional, eligiendo en comandita al nuevo director del CNI una vez cese la actual. El ejecutivo sanchista no es más que un vasallo de sus socios sediciosos, a quienes demuestra más lealtad que a la Constitución Española que sus miembros prometieron hacer guardar cuando tomaron posesión de sus cargos.

Así que imaginarán la contrariedad que supone para los socialistas que, de vez en cuando, el Poder Judicial español llame a su puerta para emplazarles a cumplir sentencias que no son del gusto de quienes los mantienen en la poltrona: que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña haya ordenado ejecutar la sentencia del 25% de educación en castellano en todos los centros educativos de Cataluña es más incordio para nuestro Gobierno que para el Ejecutivo catalán, este último sabedor que aquél no tiene lo que hay que tener para reinstaurar en Cataluña el imperio de la Ley.

Que la Generalidad de Cataluña no piensa dar cumplimiento a la sentencia de forma que se implante de forma efectiva el 25% de clases en castellano es algo incontestable, como también lo es que el Gobierno no va a activar los resortes legales para que la resolución judicial se cumpla en Cataluña. La principal prioridad del sanchismo es Sánchez y nada está por encima de sus necesidades políticas o personales: ni el poder judicial, ni los derechos educativos de los alumnos catalanes, ni las instituciones neutrales del Estado. Porque, aunque jamás lo hubieran sospechado, Pedro Sánchez es un gran valedor de la centralización de la Administración, si bien más desde un punto de vista finalista que territorial, pues su interés y voluntad impulsan toda la actuación institucional. Parafraseando a Errejón, el sanchismo es el núcleo irradiador que guía a las políticas de Estado de nuestro nefando Ejecutivo.

Así que cuando transcurra el plazo y el gobierno catalán incumpla la sentencia, que lo hará, seremos los españoles quienes tendremos que alzar la voz para invocar ese artículo de nuestra Constitución ideado para meter en vereda a las autonomías incumplidoras contumaces de la ley, el artículo 155: «si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general».

Claro que con un Gobierno liderado por Su Persona resulta inconcebible ni tan siquiera soñar con que se aplique un 155 para dar cumplimiento a una sentencia del poder judicial que devolvería la cordura a las aulas y haría regresar al Estado a las instituciones catalanas. Ni a la sociedad en general, ni a la mayoría de los periodistas que integran el llamado cuarto poder en particular, parece importarles en demasía que el interés general de España coincida con las ansias y deseos autoritarios de Pedro. Nuestro país sólo vira a la derecha cuando el edificio amenaza ruina, en buena medida porque los partidos integrados en la misma nos han convencido de que ellos hacen números mientras la izquierda hace «políticas».

De todas formas, no debemos ser tan incautos como para descartar la posibilidad de que, al igual que sucedió en las convocatorias electorales de 2019, el sanchismo que ha fagocitado a ese animal mitológico que es el PSOE moderado, decida escenificar un nuevo giro al centro en preparación de las cercanas generales, disputándole así al melifluo de Feijóo ese espacio que él considera que se gana siendo más socialista que los socialistas. Que a pesar de todo lo llovido y mojado, Sánchez escenifique a cuenta de la sentencia del castellano una ruptura con los indepes catalanes y que la gente se lo trague, como lo ha hecho ya con tantas otras mentiras y engaños de Su Persona.

Cierto es que la credibilidad del Presidente parece andar de capa caída, pero que no olviden los populares que la economía es también una cuestión de percepción y en la calle no se maman aún los augurios pesimistas de los analistas económicos sobre los que Feijóo construye su llegada a Moncloa. Como ya sucediera en 2008, la gente no va a querer votar a contables y a auditores hasta que le duela el bolsillo. Es hora de hacer política difícil, esto es, la que contenta a los votantes propios y convence a los votantes del de enfrente, la que conjuga gestión y principios, cuadra cuentas y valores. Es hora de que la oposición retrate al sanchismo y exija al Gobierno de la Nación un 155 educativo para Cataluña.