Cronología de una joven autónoma

Mi hija tiene 25 años. Finalizó su grado el verano de 2019, pocos meses antes de que estallara la pandemia de la covid.

Un mes antes del fatídico 14 de marzo de 2020 se incorporó en el estudio de un profesional autónomo, que le pidió que se diera de alta de actividades económicas y se inscribiera en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Como la profesión de mi hija y las condiciones de su empleador le garantizaban la posibilidad de simultanear ese trabajo con colaboraciones con otros profesionales, se lanzó a ello.

En menos de dos semanas de darse de alta, nos encerramos todos en casa y la actividad de su empleador cesó drásticamente, al no ser esencial. Por supuesto, mi hija se quedó sin trabajo, pero con sus obligaciones de contribución al sistema de Seguridad Social íntegramente vigentes. Es decir, no ingresaba un céntimo, pero la cuota le llegaba cada mes. ¿Pudo haberse dado de baja? Por supuesto que sí, pero entonces hubiera perdido los beneficios de reducción de cuota que la ley establece para los dos primeros años inmediatos al alta. 

No hubo piedad para los autónomos. No hubo reducciones de cuotas ni posibilidad de interrumpir el cómputo del plazo de ese beneficio de dos años, por mucho que el trabajador autónomo asistiera, incrédulo, a los numerosos decretos que paralizaban e interrumpían todo tipo de plazos.

Esos dos años han pasado volando, y mi hija, como el resto de trabajadores autónomos de nuestro país, ha pagado su cuota hasta el último céntimo sin ingresar ni un céntimo durante muchos meses.

«Que en nuestro país hacía (hace) falta una reforma integral del mercado de trabajo resulta innegable»

Pero, cosas de la vida, ha tenido mucha suerte. Porque después de la pandemia todavía tenía que llegar la reforma laboral, con sus luces y sus sombras. Y mantenerse de alta en el régimen de autónomos ha dado sus frutos. 

Como todo el mundo conoce, el pasado 30 de diciembre de 2021 entró en vigor la reforma laboral. 

Que en nuestro país hacía (hace) falta una reforma integral del mercado de trabajo resulta innegable; vivimos en el país probablemente más precario de Europa occidental.

Sin embargo, el tan cacareado éxito de la reforma (pactada por todos los interlocutores del sector) tiene bastantes puntos ciegos. Comenzando por las razones de la urgencia en su aprobación. La reforma tenía que estar aprobada antes de que acabase el año para que el Gobierno español recibiera los fondos que la Unión Europea nos entrega cada seis meses si se trabaja en la consecución de una serie de objetivos para la recuperación económica. Hablamos de 10 millones de euros, que no es poco.

Así que, con esas motivaciones, se acordó esta reforma que, si bien es un avance, no deja de maquillar problemas que continuarán subsistentes. Y de paso crea otros que se empiezan a vislumbrar.

Como dice Gonzalo Bernardos, profesor titular de Economía de la Universidad de Barcelona: «El modelo de Yolanda Díaz no apuesta por el trabajo de calidad. Es precariedad laboral, lo que pasa es que será menos precaria».

Temporalidad de los contratos

En efecto, mucho que me temo que esa precariedad no será tan inferior como se prevé, ya que se sustenta básicamente en el recorte que se ha hecho de los llamados contratos temporales y eso, como todo, tiene su otra cara de la moneda.

En España el contrato temporal supone casi el 40% de los que se venían firmando, esencialmente porque esta modalidad es la que más se adapta a la estructura de la actividad empresarial y laboral de nuestro país.

Y me explico: en un país en el que gran parte de nuestra economía se concentra en el sector de servicios (hostelería, turismo), y la mayoría de nuestros empleadores son pequeña y mediana empresa (con sus flujos de trabajo intermitente), el contrato indefinido no tiene un encaje fácil.

La reforma laboral ha fulminado el contrato por obra y servicio (es, por ejemplo, el más típico en el sector de la construcción) y ha reducido los contratos temporales a dos: por circunstancias de la producción y por sustitución de otro trabajador. 

Así que, al empresario, le quedan, en esencia, dos alternativas:

• La que el Gobierno exige: firmar contratos indefinidos y fijos-discontinuos.
• La más peligrosa: sortear la norma y continuar haciendo contratos temporales.

Mientras se deciden, por supuesto, optarán por ser cautelosos en la contratación laboral. Es decir, que la contratación laboral se estancará.

Y aquí es donde entra de nuevo la suerte de mi hija y de tantos otros amigos suyos que optaron por darse de alta en el régimen de autónomos.

Resulta que, desde la entrada en vigor de la reforma, cuando aplican a un puesto de trabajo, entre las preguntas habituales se ha añadido una nueva: «¿Puedes facturar?». Es decir: ¿estás dado de alta como autónomo y podemos regirnos por una relación de prestación de servicios?

Evidentemente, si entras a trabajar en una gran empresa, eso no sucederá, pero si eres un profesional liberal o te contrata una PYME, al empleador le va a salir mucho más a cuenta tener contigo una relación de prestación de servicios que contratarte de forma indefinida.

De modo que, al final, resulta que pagar la sustanciosa cuota de autónomos le ha garantizado a mi hija mayores oportunidades que la reforma laboral. ya dije que dos años han pasado muy rápido. Eso sí, barato no cuesta. En absoluto.

Porque lo cierto es que ahora mi hija paga una cuota insostenible para una joven que se inicia en el mundo profesional, aunque asimismo es inaceptable para una persona no tan joven que factura menos que lo que paga 

Tal y como se recoge en los Presupuestos Generales del Estado para 2022, la cuota de autónomos ha pasado de los 286 euros mensuales del año 2021, a los 294 euros al mes en 2022. Y la cifra de autónomos en nuestro país a cierre de 2021 ya era de 3.328.399 autónomos. Es la cifra más alta de autónomos desde 2008 y todo apunta a que subirá como la espuma, dado que la reforma laboral promovida por la señora. Díaz condena a muchos trabajadores, la mayoría jóvenes, a ser trabajadores autónomos. 

El tiempo lo dirá, pero es fácil predecir que en poco tiempo la cifra de trabajadores autónomos que se verán obligados a destinar de sus escuálidos ingresos la friolera de casi 300 euros al mes por su cuota, rebasará un número nunca visto en nuestro país.

Los autónomos, sin protección tras la reforma laboral

Muy probablemente esta ley fuese bienintencionada, pero ha venido marcada por las prisas y ha pagado un importante peaje: contentar a los sindicatos, dejando sin protección a casi tres millones y medio de trabajadores: los autónomos.

Las prisas nunca son buenas, señora Díaz, señoras y señores lectores, y lo que nos podemos encontrar en diez años puede ser mucho peor que el problema del que partíamos. 

Ello nos tiene que llevar a la reflexión de que, ante una reforma de tal envergadura, que afecta a la totalidad de la población en edad laboral, es necesario escuchar a todos los actores, no solo a los sindicatos.