Cataluña y la cultura de la violación
«La ‘cultura de la violación’ más evidente es el desprecio que existe en Cataluña a los derechos de quienes no comulgan con el nacionalismo»
Es cierto que en todas partes cuecen habas, pero en pocos lugares como en Cataluña se suman los fenómenos que permiten hablar, cabalmente, sin ambages, de una profunda «cultura de la violación». Y no, no hay necesidad de aludir a vaporosas «estructuras» o «sistemas», ni siquiera a porcentajes escogidos ad hoc. No: hablamos de instituciones, reglas, declaraciones públicas y propósitos explícitos. Y también de actitudes sociales conniventes, de ostracismo, de genuina re-victimización para quienes reclaman sus derechos, familias a quienes finalmente se invita a irse de Cataluña.
Han pasado ya casi 7 años del que bien puede ser llamado caso del «acoso de Balaguer» y se han sucedido episodios parecidos, individuales o grupales, hasta el más reciente del «niño de Canet». Durante todos estos años se han sumado las iniciativas infructuosas de los padres canalizadas institucionalmente, lo que es propio de una sociedad civilizada. Primero ante los centros escolares y la Administración educativa, y después, dada la más absoluta y lacerante inactividad por parte de la Generalidad y de la administración estatal, ante los Tribunales, incluyendo el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, que, resolución tras resolución, han venido a dar la razón a estas familias en sus pretensiones y en todas y cada una de las instancias.
Su reclamación es bien sencilla: que se respeten las leyes y que se ejecuten las sentencias que, de manera firme, han declarado los derechos de sus hijas e hijos. El Gobierno central, ya saben, no dispone de medios para el control y la vigilancia de aquello que los Tribunales han dictaminado, y la Generalidad y los partidos que la sostienen insisten en su rebeldía y tratan ahora de evitar lo que ya no puede ser considerado sino desobediencia delictiva mediante una reforma legislativa urgente. Con ella, en el fondo, la violación se refrenda, se regula y normaliza.
Los independentistas, salvo la CUP que no ha participado en el enjuague, lo afirman sin ambages; el secretario general del PSC, Salvador Illa, lamenta que finalmente el castellano solo figure en esa iniciativa legislativa como «lengua curricular» – el catalán será la «vehicular» como lengua propia de Cataluña. Aunque no se fijarán porcentajes de materias que serán impartidas en castellano, pues ello dependerá de los proyectos de los centros, articulados en función de la realidad sociolingüística de la zona, si bien, añadía Illa, con esta nueva ley se dará cumplimiento a una sentencia firme en fase de ejecución que fija un mínimo de un 25% de asignaturas que han de impartirse en castellano en todos los centros. ¿Ustedes lo entienden? Yo tampoco.
Parafraseando a la delegada del Gobierno en Valencia, alarmada ante la proliferación de episodios de presuntas agresiones sexuales «en manada», cabría preguntar a nacionalistas del PSC e independentistas del resto de grupos que persisten en pisotear los derechos de padres y menores que quieren recibir una educación realmente bilingüe en su país: ¿qué os pasa con el Estado de Derecho?
Hablar de «cultura» al respecto de una práctica como la agresión sexual socialmente censurada y repudiada por la inmensísima mayoría de los ciudadanos, penalmente tipificada con castigos severísimos y que puede suponer para los autores terribles consecuencias mientras permanecen en prisión privados de libertad, es una más de tantas mercancías políticamente defectuosas en nuestro cotidiano mercado de las hipérboles. La «cultura de la violación» más evidente que existe en España es el desprecio generalizado que impera en Cataluña a los derechos de quienes no comulgan con el nacionalismo, al imperio de la ley y a la división de poderes.
