El Gobierno okupa de Sánchez
«Un país que deja la protección de los más necesitados en manos de particulares, que ven cómo violan sus derechos de propiedad, está abocado al fracaso»
Desahucio de una vivienda en Barcelona. | Europa Press
El Gobierno de Pedro Sánchez facilita, permite y alienta la okupación de viviendas desde que se inició la pandemia. El 31 de marzo de 2020, Sánchez aprobó un decreto que se ha prorrogado hasta finales de 2022, según el cual las personas vulnerables no pueden ser desahuciadas, aunque no paguen su alquiler. Todo bien señor Sánchez, hasta los desalmados propietarios de viviendas alquiladas comprenden las situaciones excepcionales de vulnerabilidad. Lo que no alcanzan a entender es por qué deben financiar de su bolsillo la ocupación sine die de sus casas, cuando ya están pagando impuestos para que las administraciones se hagan cargo de situaciones extremas y dramáticas. Lo que hace el gobierno social-comunista es que algunos particulares paguen dos veces.
Les pongo un ejemplo muy real. Una señora que reside en Zaragoza, con un hijo a su cargo, alquila un piso. Tres años después, en julio de 2021, deja de pagar la renta, corta el contacto con su arrendador y sigue viviendo en la casa para desesperación del propietario. Pasan los meses. Los dueños del piso interponen un juicio de desahucio, siguen pagando todos los gastos de hipoteca, IBI, seguros y comunidad de vecinos, y sospechan que la inquilina tiene problemas más allá de los económicos. Ha intentado allanar otro piso vacío de la finca y los vecinos lo impiden.
Tras casi un año de impagos llega el día del desahucio y una comitiva, con la policía a la cabeza, se presentan en el domicilio. La inquilina abre. Esta muy delgada, casi cadavérica. El piso apesta a basura. Saca unos papeles en los que aduce que su hijo mayor de edad, que vive con ella, tiene una minusvalía. Como en la comitiva de desahucio no están presentes los servicios sociales, la policía no procede al lanzamiento. Vuelta a empezar. Nuestra protagonista vive bajo un techo (prestado a fondo perdido por un particular), pero en la indigencia. Es claramente vulnerable, pero el proceso vuelve a iniciarse. Ha pasado un año y medio y no hay visos de solución. Ella y su hijo malviven sin ninguna atención, la justicia sigue su lento curso, la administración regional sigue al ralentí silbando melodías a ver si se libran de emplear sus recursos, el Gobierno socialista sigue okupando la Moncloa y el propietario paga, paga y paga. Una mina de oro para Kafka.
Una vez que los servicios sociales digan oficialmente si es o no vulnerable (esperemos que no lo publique antes la página de sucesos de la prensa local), los propietarios podrán exigir al gobierno autonómico una compensación, pero sólo desde el día en que se reconozca dicha situación. Por lo tanto, durante al menos un año y medio con suerte, los dueños del piso habrán pagado de su bolsillo que esta pobre señora pueda malvivir con su hijo, en lugar de que la administración pública se haga cargo de ella, y nunca recuperarán ese dinero que les ha sido expropiado por decreto del Gobierno de Sánchez.
«Si realmente hay vulnerabilidad, por qué debe ser el ciudadano particular y no la comunidad autónoma quién se encargue de realojar a esa persona. De que sirve pagar impuestos, si termina el administrado haciendo la labor que debería desempeñar la Administración»
Si realmente, como parece ser en este caso, hay vulnerabilidad, por qué debe ser el ciudadano particular y no la Comunidad Autónoma quién se encargue de realojar a esa persona. De qué sirve pagar impuestos, si termina el administrado haciendo la labor que debería desempeñar la Administración. Por qué la justicia tarda meses y años en resolver estos casos. El gobierno actual en España es incapaz de dar respuesta a este tipo de problemas. Normal, forman parte de él partidos que defienden a los okupas, mientras ellos moran buenas viviendas con el salario que les pagamos con nuestros impuestos.
Estas situaciones son más normales de lo que pensamos, y su resolución es casi imposible. En otras ocasiones, la policía se encuentra solos a menores en los pisos y, obviamente, no puede desahuciarlos. La administración hace dejación de funciones en estos casos y termina alimentando el voto de los partidos populistas y complicando el acceso al alquiler de personas vulnerables. Un país en el que la justicia no funciona o es demasiado lenta, y en el que su gobierno deja la protección de los más necesitados en manos de particulares, que ven como se violan sus derechos de propiedad, está abocado al fracaso.
Será más fácil desahuciar a Sánchez de la Moncloa con el voto, que hacerlo con aquellos a los que el gobierno no quiere pagar una vivienda porque ya estás tú, propietario incauto, para hacerlo.
