Nos vemos el 18 en Barcelona

Si algo no tiene la manifestación convocada el domingo 18 de septiembre en Barcelona por Escuela de Todos –agrupación de 15 asociaciones a cuyo frente se halla la Asamblea por una Escuela Bilingüe– es un carácter meramente educativo. Por más que el lema de la convocatoria sea «Español, lengua vehicular», lo que en ella se vindica, aparte del cumplimento inmediato de una sentencia refrendada por el más alto tribunal de Cataluña, es un derecho de ciudadanía que resulta de nuestra Constitución. En otras palabras: lo que hoy está en juego y por lo que se movilizarán quienes respondan el 18 al llamamiento de Escuela de Todos atañe al imperio de la ley y a nuestra condición de ciudadanos libres e iguales.

Puede que algunos de ustedes consideren lo anterior como algo ya sabido. De ser así, les pido disculpas por la redundancia, pero me da la impresión de que en los medios no se ha insistido lo suficiente en la trascendencia que esa movilización –y cuantas del mismo signo la han precedido y sin duda la seguirán– tiene para el conjunto de españoles. No diré que estemos ante algo equiparable a lo de septiembre y octubre de 2017, con el golpe de Estado precocinado y finalmente perpetrado por el Gobierno de la Generalidad, aunque sí estamos, a mi entender, ante algo no muy distante: un ejecutivo autonómico que se salta la ley que justifica su propia existencia. Es verdad que en esta ocasión el Gobierno de Pedro Sánchez no le ha hecho frente, como sí hizo entonces el de Mariano Rajoy, sino que ha renunciado a su facultad de impugnar ante el Tribunal Constitucional el decreto de la Generalidad por el que se elimina la condición del castellano como lengua vehicular de la enseñanza y la consiguiente garantía de que una cuarta parte como mínimo de las horas lectivas sean impartidas en esta lengua. Pero es justamente esa complicidad nada involuntaria, ese mirar para otro lado, del socialismo patrio –y aquí tanto vale el PSC de Illa e Iceta, que facilitaron la promulgación del decreto con la aprobación de una ley anterior, como el PSOE de Sánchez y sus mesas dialogantes con Aragonès y compañía– lo que convierte la manifestación del 18 en una cita todavía más imperiosa, si cabe.

«Sería bueno que acudieran a la manifestación los líderes de Ciudadanos, PP y Vox, porque realzaría el carácter nacional de la convocatoria»

Una cita para el conjunto de los españoles, claro está; no sólo para los catalanes. El desafío nos emplaza a todos: entidades, partidos, ciudadanos de España entera. En lo tocante a Cataluña, ya han dado su apoyo al acto Ciudadanos, PP, Vox y Valents. No hace falta decir que al PSC, en esta ocasión, no se le espera, ni siquiera en los minutos finales. Lo cual es consecuente con su contrastado nacionalismo y su responsabilidad primera –junto a aquel PSUC que tanto trabajó para hacer posible el pujolismo– en el modelo de inmersión lingüística obligatoria. Ignoro a estas alturas si los tres partidos de ámbito nacional antes citados van a estar representados también por sus máximos dirigentes estatales. Sería bueno que así fuera, porque realzaría el carácter nacional de la convocatoria y, sobre todo, el compromiso adquirido por cada una de esas fuerzas políticas con sus votantes, presentes y futuros.

La labor de la sociedad civil, de la verdadera sociedad civil, la no subvencionada por el poder de turno –a propósito, no está de más recordar que Escuela de Todos no dispone de otro capital para organizar la producción de la manifestación que los donativos que recibe de particulares–, es empujar a los partidos a tomar decisiones que a menudo llevan en forma de promesas en sus respectivos programas electorales. A tomarlas y a no demorarlas más de la cuenta. Según apuntan todos los sondeos, es muy probable que dentro de año y medio tengamos en España un gobierno de color distinto al actual conformado por algunos de los tres partidos nacionales antes mencionados. Hasta entonces no quedará más remedio que ir recordando tanto como sea preciso la constante vulneración de la ley por parte del Gobierno la Generalidad y de cuantos ejecutivos autonómicos –como el de Baleares, por ejemplo– siguen la misma senda. Y cuando las urnas se pronuncien, habrá que exigir al nuevo gobierno de España el cumplimiento de los compromisos contraídos en este campo. O sea, las medidas imprescindibles y apremiantes para que nuestra lengua común no deje de ser nunca más, en el conjunto del territorio nacional, lengua vehicular de la enseñanza.

Ah, se me olvidaba: les espero el domingo 18 de septiembre en Barcelona, a las 12:30, en Arco de Triunfo. A poco que esté en sus manos acudir, no falten a la cita.