Televisión política
«La pregunta parece clara: si RTVE no puede cumplir ni de forma aparente con sus obligaciones como servicio público, ¿sigue siendo necesaria?»
La nueva presidenta de RTVE, Elena Sánchez. | Europa Press
Como ya sabrán ustedes, el presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, acaba de dimitir ante la sugerencia realizada por el Gobierno de la Nación y los partidos que lo integran. Efectivamente, la situación del presidente se había vuelto insostenible en el Consejo de Administración de la Corporación, dado que los consejeros del PSOE, Unidas Podemos y nacionalistas venían dejándole en minoría a la hora de cumplir las competencias que le atribuye la Ley 17/2006, de la radio y televisión de titularidad estatal.
Vale recordar que dicha Ley supuso un importante cambio en la gobernanza de RTVE, pues Zapatero impulsó una norma que implicaba el pacto entre las fuerzas parlamentarias para que las personas al frente del ente llevaran a cabo sus funciones desde el punto de vista de la objetividad e independencia, en tanto en cuanto estamos ante un servicio público. El servicio público, noción francesa inventada para cohonestar el interés general con la democracia de partidos, implica en este caso una televisión plural que entretenga e informe, impulse la sociedad del conocimiento, canalice los valores constitucionales y garantice el acceso de los grupos sociales y políticos significativos.
En apariencia, la dimisión ha sido forzada por un Gobierno y una mayoría parlamentaria que han ordenado a sus consejeros retirar su apoyo en el Consejo a Pérez Tornero. Pablo Iglesias nos lo ha explicado muy bien: el catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona se habría echado en manos del PP, patrocinando una RTVE escorada hacia la derecha. Así las cosas, se ha designado a Elena Sánchez provisionalmente hasta que se organice otro concurso público, con la esperanza de que adapte los contenidos y las formas tertulianas del ente comunicativo a los intereses de quienes quieren ganar las próximas elecciones generales. Enfrascados, como estamos, en la enésima lucha contra el fascismo (ahora en Italia), se entiende que un movimiento tan grosero y contrario al espíritu de la Ley 17/2006 no haya escandalizado ni a propios ni a extraños.
«Actualmente, se necesita una mayoría cualificada para elegir a los miembros del Consejo y al presidente de RTVE»
Se ha hecho mucho hincapié en la forma en la que se designan los puestos de responsabilidad en las televisiones públicas, tanto la estatal como las autonómicas. Actualmente, se necesita una mayoría cualificada para elegir a los miembros del Consejo y al presidente de RTVE: 2/3 partes del Congreso de los Diputados. Eso sí, si no se alcanza ese umbral, el Decreto – Ley 4/2018 del Gobierno de Sánchez estableció que dos días después de la primera votación, bastaría una mayoría absoluta de diputados provenientes de la mitad de los grupos parlamentarios: así fue nombrada Rosa María Mateo. Los partidos siempre encuentran fórmulas para seguir manteniendo el control sobre órganos que no deberían obedecer a la lógica mayoritaria pura, sino a un interés más noble que la mera contribución al sostenimiento del poder de turno.
La televisión no es un asunto menor. El pensador Giovanni Sartori anticipó una crisis democrática porque sus contenidos impedirían la conformación de una masa crítica de ciudadanos informados que pueda ejercer correctamente la soberanía haciendo uso de los recursos que antes le ofrecía la opinión pública jerarquizada. Lo que probablemente no imaginó el politólogo italiano es que las instituciones y los órganos del Estado se fueran a convertir en una especie de plató en el que los focos cegaran cualquier posibilidad de consenso entre partidos: porque una cosa es la teatralización de la política y otra muy distinta su agotamiento comunicativo, que es lo que nos ocurre ahora. Ese agotamiento explica la imposibilidad de construir espacios institucionales de compromiso que expresen una cierta neutralidad ante la explosión de un activismo político que los profesionales de la información son incapaces de autorregular. Por lo tanto, la pregunta parece clara: si RTVE no puede cumplir ni de forma aparente con las obligaciones de servicio público antes citadas, ¿sigue siendo necesaria?
