Abusos de derecho
«El sanchismo es sinónimo de abuso de derecho; la reforma del delito de sedición à la carte es solo un ejemplo»
Me van a permitir que insista en la tesis: la decisión de Alberto Núñez Feijóo de abortar la renovación del CGPJ es una irresponsabilidad, pero el Gobierno no tiene autoridad moral para afeársela. Por desgracia, tampoco tiene recursos legales para corregirla. Y no solo porque el sistema, confiando en la buena fe de los actores, no previera mecanismos para resolver un bloqueo provocado por la falta de acuerdo, sino porque –stricto sensu- el causante del bloqueo no es el Partido Popular, sino las Cortes Generales. Por lo tanto, pese a la insistencia del Gobierno y medios afines, el Partido Popular no está –stricto sensu- incumpliendo un mandato constitucional. ¡Pero es la dirección del Partido Popular quien decide el voto de los diputados y senadores! Sí, pero –stricto sensu- el voto de los representantes de la soberanía nacional es «personal e indelegable», y por tanto –stricto sensu- son ellos, no sus partidos, quienes ignoran el canto constitucional (y los presidentes de las cámaras quienes se abstienen de tararearlo).
Cada «stricto sensu» es un saco terrero en la trinchera del Partido Popular, que se refugia de las acusaciones de irresponsable y antisistema apelando a la literalidad de la ley. Se trata de una forma de resistencia que se parece demasiado a eso que el Código Civil llama abuso de derecho: el ejercicio antisocial de un derecho que provoca daños a terceros. La perversión en los mecanismos de elección de vocales del CGPJ (legalmente son las Cortes, realmente son los partidos) que han practicado ambos partidos nos ha llevado a esta situación sin salida donde el culpable real del bloqueo es inimputable porque no es el culpable oficial.
«La perversión en los mecanismos de elección de vocales del CGPJ nos ha llevado a esta situación sin salida donde el culpable real del bloqueo es inimputable porque no es el culpable oficial»
El hecho que señala a Feijóo no es que no alcanzara un acuerdo con el PSOE, sino que sí lo alcanzara y decidiera romperlo. Se entiende que consideraba que esos veinte nombres (y doce suplentes) eran buenos para España y, sin embargo, ha decido dejarnos sin ellos y perpetuar la insostenible situación de la Justicia. ¿Por qué? Porque no podía presentarse ante su electorado como un paria, que es exactamente lo que iba a parecer si, tras acordar la renovación del CGPJ, Pedro Sánchez le restregaba la reforma del delito de sedición; una estrategia perfecta para hundirlo frente a su electorado. Los medios afines a Feijóo celebran que no haya caído en la trampa de los rasputines de Moncloa, pero obvian un hecho crucial: Feijóo ha supeditado los intereses de España a sus intereses electorales. Algo de lo que han acusado, con razón, a Pedro Sánchez en cientos de ocasiones.
El Gobierno puede sobreactuar su indignación, pero su credibilidad como agente que prioriza los intereses de Estado sobre las ambiciones personales es nula. El sanchismo es sinónimo de abuso de derecho; la reforma del delito de sedición à la carte es solo un ejemplo. Y la peor noticia para nuestra democracia es que todo lo que dicen los partidos sobre sus adversarios es cierto.