El relato malversado del 'procés'
«La despenalización del ‘procés’ pretende despejar el horizonte judicial y político de los encausados y reescribir los hechos en la memoria de los españoles»
Ilustración. | The Objective.
La proposición de ley orgánica que derogará el delito de sedición, por el que fueron condenados los líderes del procés, incluirá una modificación del delito de malversación, por el que también fueron condenados los líderes del procés. Pero la reforma de este delito no solo pretende exculpar transgresiones pasadas, sino prevenir condenas futuras. La sedición la cometieron los generales, pero la malversación fue un trabajo de equipo. Y todavía hay decenas de peones del procés, soldaditos de partido, pendientes de juicio a quienes esta reforma librará de penas de prisión.
Para justificar la artimaña, el Gobierno hace circular un argumento que comenzó a afilar el verano pasado, cuando lo de Griñán. A saber, que la malversación es corrupción cuando el dinero acaba en el bolsillo del malversador. La tesis es que la ley debe distinguir entre quien se lucra personalmente con lo malversado (gente muy mala) y quien no (gente despistada). Así, quien malversa fondos públicos para construir una piscina en su jardín merece un reproche penal más severo que quien, por ejemplo, lo emplea para financiar una red de tráfico de influencias. El argumento es endeble porque el concepto de lucro personal es amplio y vaporoso, y porque es evidente que el bolsillo del corrupto no es necesariamente el destino más indigno de un desvío presupuestario. Pero el Gobierno insiste en convencernos de que malversar con ánimo de lucro personal es más grave que malversar para orquestar la sustitución ilícita de un ordenamiento jurídico por otro, eso que Kelsen llamó «golpe de Estado».
«Nuestra democracia está más expuesta que nunca porque estos delitos se han eliminado»
Es importante recordar que, por las insuficiencias del Código Penal, los autores del procés no fueron condenados por atentar contra el orden constitucional, sino por las conductas en que incurrieron para hacerlo: el alzamiento tumultuario «para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes», y la malversación. Ahora nuestra democracia está más expuesta que nunca, porque estos delitos se han eliminado y laminado, pero los ángulos ciegos no se han corregido.
La acompasada despenalización del procés pretende despejar el horizonte judicial y político de los encausados y reescribir los hechos en la memoria colectiva de los españoles. No hubo un intento de golpe de Estado, sino desórdenes públicos. Y no hubo fraude en el uso del dinero de todos, sino descuidos reprochables pero sin grave responsabilidad penal. De esta manera, la ola de judicialización que siguió a los hechos de octubre, y en particular la onerosa sentencia del Supremo, serían una venganza desproporcionada, orquestada desde el fascio judicial español y posibilitada por la incapacidad del Partido Popular de encauzar políticamente «el conflicto». Con Pedro Sánchez regresaron la proporcionalidad y la concordia. Este es el relato. No podrán decir que no están avisados.
