'Caso La Manada': del populismo al desastre
«La ley del ‘solo sí es sí’ nunca pretendió ser un artefacto jurídico; desde su incubación hasta su aprobación, esta ley fue un artefacto político»
Los populismos de izquierda y derecha coinciden en su vocación punitivista. El goteo de reducción de penas de delincuentes sexuales, provocado tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, está siendo recibido con estupor en ambas trincheras. Unos apuntan al machismo de los jueces y otros a la incompetencia del Ministerio de Igualdad, pero lo relevante es su denominador común: la indignación ante la rebaja de penas y el aliento del pánico social.
Quienes consideramos que las penas, en estos y otros delitos, tienden a ser excesivas, tampoco estamos satisfechos. Porque la rebaja no es consecuencia de un plan meditado para buscar alternativas a la prisión, sino la secuela, indeseada aunque previsible, de una torpeza legislativa. Claro que tachar de chapuza legal la ley del solo sí es sí es impreciso, puesto que nunca pretendió ser un artefacto jurídico; desde su incubación hasta su aprobación, esta ley fue un artefacto político.
Se justificó con una mentira: había que reformar el Código Penal porque la resistencia no podía ser requisito para una condena por violación; una mujer que no se resiste, porque su voluntad está anulada por el miedo o por un compuesto químico, también es víctima de violación. Pero toda relación sexual no consentida, con o sin resistencia explícita, ya era un delito. Así lo acreditan sentencias del Supremo desde los años 90. Y lo que es peor: así lo acredita la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que condenó a los integrantes de La Manada a nueve años de prisión. Pero en esa primera instancia fueron condenados por abuso, no por agresión. Y a este clavo se agarró el populismo para lanzar su campaña de propaganda, consistente en difundir que los culpables habían sido casi absueltos gracias a una legislación y una judicatura patriarcales cuando, insisto, habían sido condenados a nueve años de prisión. Cuando el caso llegó al Supremo, el abuso se elevó a agresión y la condena ascendió hasta los 15 años. Y todo sin necesidad de cambiar la ley.
«La ley del ‘solo sí es sí’ ha demostrado que el Consejo de Ministros no es un órgano colegiado, sino una capilla de dos partidos»
El caso de La Manada fue un catalizador del peor populismo. El temor a contradecir el relato dominante, a ser arrojado al lado oscuro de una historia macabra, ha precipitado un deterioro institucional y mediático grave. Las respuestas ante el fiasco de la ley del solo sí es sí ha demostrado que el Consejo de Ministros no es un órgano colegiado, sino una capilla de dos partidos políticos. El Legislativo ha demostrado no ser nada: siglas de partidos con más o menos botones a su disposición, incapaces -o indispuestos- a revisar un mal proyecto de ley gubernamental. Votar sin pensar, a lo Alberto Casero, no es la excepción, sino la norma.
Además del deterioro institucional, el caso de La Manada ha provocado reveses en materia de libertad de expresión impropios de un Estado de Derecho. Les recomiendo que se asomen al último libro de Juan Soto Ivars: Nadie se va a reír. La increíble historia de un juicio a la ironía (Debate), el relato de un sistema que condenó a Anónimo García, líder del colectivo artístico Homo Velamine, por una acción de protesta contra quienes convirtieron el caso en un circo morboso y oportunista que al final nos ha engullido a todos.
Estimado David, si vas a escribir sobre una cagada monumental de la izquierda, ¿por qué comienzas equiparando a la derecha?
Dejo desde ahora de leerte.
Atentamente.
Supongo que porque la derecha, si accediera mañana mismo al gobierno, no iba a cambiar ni una coma de las leyes ideológicas paridas por la izquierda.
Y no lo digo porque me lo esté imaginando, lo digo porque ya gobernaron, incluso con mayoría absoluta, y no sólo no eliminaron la basurienta legislación ideológica parida por ZP y sus adláteres y adláteras, sino que no cambiaron ni una coma. Ahí sigue, por ejemplo, la LIVG.
Pero claro, lo importante es que nos nos llamen fachas ni machistas, aunque para eso haya que gobernar sólo con la puntita nada más. Como si no se lo fueran a llamar igual, hagan lo que hagan.
Las condenas por agresión sexual nunca son demasiado altas.
Que las de asesinato sean rebajadas cada vez más POR LOS TRIBUNALES (p. e., quince años para el llamado «rey del cachopo», igual que para «la manada») apunta a un gravísimo problema en la judicatura.
Pero para ella el todo el mal viene del legislativo, l@s jueces todo lo hacen a la perfección. Son intocables, inmaculad@s, veamos lo que veamos l@s pobres profan@s.
No se puede decir que el sistema penal español prevea penas precisamente laxas para los distintos tipos de delitos. Y el ciclo siempre es igual, hay delitos que producen alarma social, se suben las penas para ese tipo de delitos, pero eso no reduce el número de delitos, así que hay que subir las penas aún más. Y así sucesivamente.
Y no se suben las penas de manera homogénea en todos los tipos de delitos, sino que se hacen leyes ad-hoc para atacar a esos delitos que causan alarma social, para que se vea que somos un gobierno comprometido con el dolor de la población. Y así nos va.
Ese es el problema cuando se legisla con las tripas en vez de con la cabeza. O pensando más en el rédito político que en la reducción efectiva de los delitos. Entonces tenemos montados pifostes como el que hay montado a día de hoy.
Los jueces no lo hacen todo a la perfección, son personas como las demás, con su educación y sus preferencias ideológicas, lo cual es inevitable que influyan sobre las sentencias. Igual que habrá machistas en los juzgados, habrá (y cada vez más) feministas radicales dispuestas a aplicar la parte superor de la horquilla del delito que sea a cualquier hombre que se les ponga por delante.
Pero como eso no lo podemos cambiar — a no ser que consigamos un ordenador que emita sentencias (entonces la culpa sería del programador, que también sería machista)–, estaría bien que el legislador generara menos basura y se lo pusiera más fácil a los jueces.
La manada: un tribunal condena a nueve años y otro a quince. ¿No hay un problema gordo en el sistema judicial? ¿La culpa es siempre de los políticos?
Sí, la culpa es de los políticos. No es casualidad que el TS, manejado por el gobierno y por tanto permeable a sus directrices, haya penado más una violación que un asesinato. Pero claro, había que acomodarse a la presión social y política.