Libertad sexual y parlamentarios cautivos
«España lleva días escandalizada ante la aplicación de la ley de libertad sexual, tanto por sus consecuencias penales, como por las reacciones»
Irene Montero.
España lleva días escandalizada ante la aplicación de la ley de libertad sexual, tanto por sus consecuencias penales, como (y, sobre todo) por las reacciones que está suscitando. No es para menos. Y eso que se veía venir: una norma que, en palabras de la propia secretaria de Estado, nació producto de una «diarrea legislativa», tenía altas probabilidades de convertirse en una «cagada» (que me perdone el lector por seguir con la metáfora). Así ha sido.
Diversas personas y operadores jurídicos advirtieron de que un sistema de horquillas, que pena bajo un único delito distintas «agresiones sexuales», derivaría, de facto, en aminoramiento de penas.
Avisó el anterior ministro de Justicia, al que Pablo Iglesias llamó «machista frustrado» y Pedro Sánchez cesó. Lo subrayó el informe del Consejo General del Poder Judicial, que el Ministerio de Igualdad reinterpretó «modo Sinatra»: es decir, «a su manera». Y lo defendieron las parlamentarias Marta González (del PP) o Ruth Goñi (Navarra Suma), tanto en Pleno como en Comisión, como muestran los vídeos demoledores que circulan en las redes.
Pese a todo, Montero, su amiga «Pam» (secretaria de Estado de Igualdad), todo el Consejo de Ministros, ministras y ministres…y los 205 diputados (de PSOE, Unidas Podemos, Esquerra, Ciudadanos, PNV, Bildu, Más País, Compromís y Junts) que votaron a favor de la Ley, prefirieron hacer oídos sordos.
Las podemitas tildaron las advertencias de «bulos machistas» y retaron, en tono chulesco, «a encontrar sentencias que rebajaran las penas». Ahí las tienen: las hay, incluso, que suponen excarcelación.
A la pifia de la norma (ya de por sí enorme) se han sumado, poco a poco, las patéticas reacciones de sus responsables directas e indirectas. Las primeras, vinculadas al Ministerio de Igualdad, han decidido «sostenerla y no enmendarla», pasando directamente al ataque como mejor defensa.
No en vano, la delegada para la Violencia de Género, Victoria Rosell, jueza de profesión, denunciaba una aplicación de la norma «de forma reaccionaria», en un grave desprecio a la separación de poderes. Montero achaca la rebaja de las penas al «machismo», acusando sucintamente a los jueces de prevaricación. Y, Pam, secretaria de Estado de un ministerio que no se ha dignado ni siquiera a evaluar seriamente el Pacto contra la violencia, osa a increpar a los jueces «a formarse», con una superioridad moral que no tiene. Ninguna de estas afirmaciones es de extrañar, habida cuenta que la descalificación con etiquetas es una seña de este gobierno progresista.
Pero eso no es todo. Porque, en su huida hacia delante, adicionalmente, los morados piden a la prensa «que no informe de los recursos de los abogados de los violadores por la ley». Es decir, además de vulnerar la seguridad de las víctimas, llaman a vulnerar el derecho a la información de los españoles. Jueces y fiscales han reclamado ya, con razón, la dimisión de la titular de Igualdad y espero que las asociaciones de la prensa, los periodistas y los profesores de periodismo salgamos también en tromba.
Sin embargo, seamos justos: Montero y sus amigas no habrían sacado jamás su ley adelante sin la connivencia de responsables indirectos, a saber, el presidente de Gobierno, todo el Consejo de Ministros, las portavoces parlamentarias de la Comisión de Igualdad de los grupos que votaron a favor, y más de dos centenares de diputados, que apoyaron el «solo sí es sí», pese a que ahora algunos se rasgas las vestiduras y dicen que eran conscientes de la aberración.
Muchos de estos agentes han tenido una reacción cínica y amoral: bien lanzando balones fuera, largando el muerto a los operadores jurídicos -como el presidente y la vicepresidenta de Gobierno- o bien exigiendo la dimisión de Montero… sin asumir ellos y ellas ninguna responsabilidad. Y, lo cierto es que, al menos, todos los responsables de Igualdad de los partidos que avalaron esta chapuza deberían dimitir, después de pedir perdón a las víctimas. Por incompetentes, o por cínicos.
Y es que la polémica puntual del «solo sí es sí» puede (y debe) llevarnos a reflexionar, más allá de los delitos sexuales, sobre algunas cuestiones estructurales: la responsabilidad de los diputados, las consecuencias de su trabajo y la capacidad punitiva del ciudadano.
Pocas veces como esta se ha visto tan claro cómo una votación parlamentaria afecta (positiva o negativamente) a la vida de la gente. Irene Montero no es jurista, pero algunos portavoces de distintos grupos que tramitaron y apoyaron la norma, sí lo son. Hay en las Cámaras procuradores, letrados, e incluso abogados del Estado con acta, que se supone que están plenamente capacitados para reconocer una aberración legislativa. Sus decisiones, en este y en otros casos (como los Estados de Alarma) se presuponen con pleno conocimiento de causa. Sin embargo, votan sin rechistar.
El problema es grave: tenemos un sistema que propicia que la rendición de cuentas, de facto, no se haga ante el votante, sino ante el grupo parlamentario y el partido político, que es el que elabora listas. Es decir, tenemos un sistema que favorece más a los pelotas que a los consecuentes.
Porque, desengáñense, aunque la Constitución expresamente dice que no hay un mandato imperativo para ningún diputado, la disciplina de voto existe. Cuando se aprieta el botón, se obedece la decisión de un portavoz que, al menos, debería haber consultado con el portavoz de la Comisión, que es el responsable de valor el tema.
Pero es más grave. Los acuerdos del 11 de noviembre de 2020, el llamado «pacto antitrasfuguismo», que han firmado la mayoría de las formaciones políticas (no la CUP, ni Vox y el PP lo abandonó) señalan expresamente como tránsfugas «a los representantes que se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes«, lo cual, a mi juicio, es claramente inconstitucional.
«En España, en política, lamentablemente, no se castiga la incompetencia o el error, pero sí la indisciplina»
Atentos: no se define como tránsfuga a un partido que se aparte del criterio o compromiso suscrito con sus votantes («no indultaré»), o a un partido o parlamentarios que, a sabiendas y por interés político, propone una votación en contra del interés general. Tránsfuga es un parlamentario que desobedece (al margen de si tiene o no razón y de las consecuencias de sus decisiones).
No nos engañemos: en España, en política, lamentablemente, no se castiga la incompetencia o el error, pero sí la indisciplina.
El propio Pablo Iglesias lo ha dejado meridianamente claro en sus últimos tuits. «Ponerse de perfil cuando machacan a una compañera no solo es miserable y cobarde, sino políticamente estúpido». Es decir, que el comportamiento gregario es mucho más importante que el principio del servicio público del «primum non noccere«. Así nos va.
La cuestión anterior no es una anécdota. Es un tema mollar, el tema mollar, a mi juicio, de la degradación del sistema político en España. ¿Qué gravamen tiene para un parlamentario un error consciente y evitable ? Mientras sea obediente, ninguno. ¿Qué gravamen tiene para un parlamentario cuestionar o desobedecer con razón? Enorme: el ostracismo, una multa y el castigo de sacarte de una lista, lo que puede implicar, lamentablemente en algunos casos, no tener dónde caerte muerto. Cuando no se es libre, se traga con lo que toque.
La deriva emprendida por este gobierno es aterradora. Tenemos un ejecutivo cancelando a medios y diciendo cómo y de qué informar, abroncando a jueces para indicarles cómo dictar las sentencias y anulando aquéllas que no «apañan a la banda» por puro interés político.
Vienen tiempos difíciles, con propuestas que pueden atentan, como se ha visto, al interés general. Se necesitan parlamentarios competentes, con discernimiento y entendimiento sobre lo que se legisla. Pero, y casi más importante, se necesitan diputados coherentes y valientes, dispuestos a rendir cuentas primero ante la ciudadanía que ante sus jefes. Diputados dispuestos a asumir los errores, a pedir perdón y a cargar con las consecuencias, incluso dejando su acta. Me malicio que ya no va a ser fácil encontrarlos.
