Desprecio del procedimiento, desprecio por la democracia
«Es el modo populista de gobernar: los procedimientos parlamentarios son simples instrumentos enojosos para conseguir lo que pretende una mayoría»
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Hay una generalizada consciencia de que en España se están vulnerando las reglas del juego político, los acuerdos básicos que se respetaban hasta hace poco. Esta situación comenzó en Cataluña hace unos diez años y pasó a contagiar la política española algo más tarde, de forma ya clara en la moción de censura de 2018.
En algunos casos se rompen la reglas jurídicas, y ello puede remediarse acudiendo a los tribunales aunque la tardanza con que estos resuelvan provoca inevitables daños colaterales; en otros casos se rompen las reglas políticas no previstas expresamente en las leyes, y ello tiene más difícil arreglo porque su restitución depende de la voluntad de quienes las han infringido. Además, estas últimas contribuyen difusamente a desprestigiar el sistema democrático y disminuir la confianza ciudadana en sus instituciones. Quizás esa es la intención de sus autores: no olvidemos que en el Gobierno, y en algunos grupos parlamentarios que lo sustentan, hay partidos que pretenden la ruptura del sistema político. Estamos, pues, ante una peligrosa situación de desbordamiento constitucional.
Los ejemplos son numerosos: la no renovación de los integrantes de órganos constitucionales que vulnera un claro deber constitucional, Reales decretos-ley sin darse el supuesto de «extraordinaria y urgente necesidad» como requiere la Constitución, la supresión del delito de sedición que en realidad es una amnistía encubierta ad hoc para unos golpistas, la mala calidad técnica de leyes que conducen a lo contrario de lo pretendido por el legislador como se deduce de la aplicación de la recientemente aprobada ley de reforma del delito de abuso y agresión sexual. Algunas más han sido también objeto de polémica, como es el caso de la llamada ley trans.
«El desprecio por el procedimiento indica que las leyes son consideradas como simples mandatos del Ejecutivo»
¿Cuál es la principal causa común y trasversal a todos estos dislates? El desprecio por el procedimiento, tanto en los nombramientos como en la elaboración y aprobación de leyes, que implica también un desprecio por la democracia e indica que las leyes son consideradas como simples mandatos del Ejecutivo, no el producto de la deliberación pública y el acuerdo en las cámaras, con la necesaria transparencia para que también participen los ciudadanos con sus opiniones.
Es el típico modo populista de gobernar: los procedimientos parlamentarios son considerados como simples instrumentos -enojosos, por supuesto- para conseguir lo que pretende una mayoría parlamentaria. Se olvida que en una democracia representativa los procedimientos son substanciales, no solo instrumentales, se olvida que la democracia no es sólo decisión sino también deliberación y debate antes de adoptar acuerdos o consensos.
Félix Ovejero, en las breves y brillantes páginas introductorias a su último libro Secesionismo y democracia, distingue entre dos modelos de democracia: la democracia de negociación y la democracia deliberativa, separadas ambas por una frontera imprecisa. Pues bien, estamos incumpliendo con los dos modelos y nos acercamos aceleradamente a un tercero, el de la democracia populista, que propiamente no es una democracia parlamentaria sino un sistema representativo en el que lo importante es votar cada cuatro años sin necesidad que el gobierno elegido sea controlado durante este período, ni desde el punto de vista jurisdiccional, ni técnico, ni parlamentario, ni por la opinión pública.
«Se olvida que la democracia es dialogar, debatir, acordar y pactar»
Desde esta perspectiva, democracia es simplemente votar, como han sostenido los independentistas catalanes estos últimos años. Se olvida que la democracia es dialogar, debatir, acordar y pactar. Se olvida a Kelsen, solo se utiliza a Schmitt, decisionismo y no deliberación, la gran polémica anterior a la Segunda Guerra Mundial entre un socialdemócrata y un nazi. Parece que volvamos a los viejos tiempos autoritarios abandonados por los grandes constitucionalistas alemanes de la segunda mitad de siglo pasado que pusieron énfasis en destacar lo contrario: la importancia del método de elaboración de la ley en el parlamento.
Uno de estos grandes, el profesor Böckenförde, sostenía que un elemento esencial de las leyes democráticas es que se elaboran a través de la discusión, la negociación y la transacción entre las diferentes fuerzas políticas, ante la presencia constante de la opinión pública. En consecuencia, la legitimidad democrática de la ley no proviene sólo del órgano que la aprueba -es decir, el Parlamento-, sino también del proceso participativo mediante el cual la ley ha sido elaborada atendiendo a la voz y al voto de los distintos grupos parlamentarios, así como al debate suscitado en la opinión pública.
Es por este motivo que nuestra Constitución impone diferentes procedimientos en la formación de la ley, algunos incluso anteriores a la entrada de la misma en la cámara como proyecto o proposición. Se trata de los dictámenes del Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial u otros órganos independientes e, incluso, los informes de los letrados de las Cortes.
Si no se tienen en cuenta algunos de estos trámites obligatorios -o se soslayan con argucias como presentar proyectos de ley del Gobierno como proposiciones de ley de los partidos que lo componen, cosa frecuente- pasa lo que pasa, lo que está pasando: errores técnicos, falta de reflexión sobre las nuevas leyes, descrédito del Parlamento. Todo por no respetar el procedimiento. Y respetar el procedimiento es respetar la democracia.
