En defensa de Irene Montero

Para defender a Irene Montero debemos distinguir entre dos males distintos: el error y el cinismo. Los errores, por definición, no se cometen a conciencia, pero el cinismo, esa distinguida forma de desvergüenza, es siempre intencional. Desde que la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra condenó a los miembros de La Manada por abuso sexual, hasta la aprobación en Cortes de la llamada ley del solo sí es sí, Irene Montero ha mantenido una postura errada, pero coherente. Defendió la necesidad de reformar el Código Penal para que casos como el de La Manada no fueran juzgados como abuso, sino como agresión sexual. Y para lograrlo, su ministerio se dispuso a elaborar una ley «que pusiera el consentimiento en el centro».

Todos los esfuerzos para convencer a Montero de que el consentimiento ya estaba en el núcleo de los delitos contra la libertad sexual han sido inútiles. Tampoco fue posible aclarar que las condenas por abuso no se sustanciaban en las dudas sobre el consentimiento, sino en la ausencia de violencia o intimidación; el abuso sexual implicaba, necesariamente, la ausencia de consentimiento. Tampoco se apeó de la urgente necesidad de cambiar la ley cuando -con la vieja ley- el Tribunal Supremo elevó la condena de La Manada a agresión y las penas de prisión de nueve a 15 años. Observar que el mantra del «consentimiento en el centro» persistía, pese a rebotar contra la realidad, confirmaba que Irene Montero no iba a responder a estímulos racionales. La ministra de Igualdad estaba fuera de la realidad.

«Lo más hiriente es observar al PSOE señalando a Montero como única culpable de este fiasco»

Si sostengo que la postura de Irene Montero ha sido coherente es porque considero que no miente. Cree en su dogma como otros creen en la Inmaculada Concepción, es decir, contra toda evidencia. Y esto no cambiará: Irene Montero nunca será apóstata de su propia iglesia. Pero la realidad se ha cobrado su venganza: tres meses de vigor de la ley del solo sí es sí han sobrado para constatar que es defectuosa y -lo que es peor- que era innecesaria. Pero lo más hiriente es observar al PSOE señalando a Irene Montero como única culpable de este fiasco. Conocían sus intenciones, su dogmatismo y sus limitaciones, pero por el bien de la coalición, es decir, por el bien de Pedro Sánchez, no solo permitieron a su ministerio trabajar sin cortafuegos, sino que se reivindicaron como coautores de la ley. Irene Montero no es una cínica, sino una persona equivocada. Cínicos son quienes avalaron su error y ahora alardean de estar trabajando para corregirlo; presume de bombero quien entregó a los niños la gasolina y el mechero.

Lo peor es que el Gobierno jamás ha tenido la voluntad sincera de corregir esta ley. Ignoró a quienes advirtieron de sus riesgos, atribuyó las rebajas de penas al machismo de los jueces, pidió tiempo para «unificar doctrina» y negó una y mil veces las deficiencias. El Gobierno no está reaccionado a la realidad, sino a las encuestas. Esto significa que el Gobierno estaba dispuesto a dejar intacta una ley deficiente, inspirada en un dogma que saben falso, mientras no tuviera coste electoral.

La modificación de la ley no frenará las rebajas de condenas, pero eso al Gobierno no le preocupa. La retroactividad que pretenden no es la de la ley, sino la de su imagen. Bien pensado, también el flanco socialista del Gobierno es coherente: encumbraron la ley para mantenerse en el poder y ahora la derriban por lo mismo.