Una ley inútil
«La futura ley universitaria hará inviable que los Consejos Sociales ejerzan sus funciones de control económico. Seguirá existiendo la falta de transparencia»
Erich Gordon
El pasado 21 de junio el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de nueva Ley Orgánica Universitaria (LOSU), a propuesta del Ministerio de Universidades que dirige ahora Joan Subirats. Conviene tener en cuenta que es una ley impuesta por Europa como condición para el reparto de los fondos Next Generation. La Unión Europea exige que la nueva ley asegure el buen gobierno de la universidad («ensuring good governance of university institutions»). Tengo muchas dudas de que este proyecto de ley hubiera salido del Consejo de Ministros si la UE no lo hubiera exigido. ¿Por qué? Porque es una ley difícil de consensuar con el PP y aunque la vaya a aprobar Frankenstein no contará con el apoyo de las universidades.
El presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS), Antonio Abril, publicó en diciembre pasado, con el proyecto ya en su fase terminal, lo siguiente:
«Se penaliza la meritocracia, base de la competitividad que es requisito necesario de la innovación, y se limita la capacidad de gestión, ya de por sí comprometida en la universidad por una interpretación a menudo extremada de la autonomía académica. Pero no parece importar que, a día de hoy, España sea el país del mundo donde menor compromiso, participación y responsabilidad tiene la sociedad en la gobernanza, transparencia y rendición de cuentas de su universidad, a pesar de que, obviamente, la financia muy mayoritariamente con sus impuestos».
Quien esto escribe preside el Consejo Social de la Universidad de Alcalá y estoy completamente de acuerdo con el presidente de la CCS, quien también se ha quejado en el Congreso de los Diputados ante los grupos parlamentarios de que la representación de la sociedad en la Universidad –eso quieren ser los Consejos Sociales- es demasiado limitada y lo será más si se aprueba el proyecto de la LOSU, porque disminuye las competencias de los Consejos Sociales y, además, degrada su participación en el Consejo de Gobierno de la Universidad. Por eso será inviable que los Consejos Sociales ejerzan debidamente sus funciones de control económico y presupuestario. Seguirá existiendo por ello la falta de transparencia y la rendición de cuentas universitaria.
Además, al determinar que todos sus miembros serán nombrados por los Parlamentos autonómicos politiza más la composición de los Consejos Sociales y desaparecerán las diferentes fuentes de nombramiento actuales (empresarios, sindicatos, autónomos, alumni…). Se reducirá así la presencia de los diversos sectores representativos de la vida social en los Consejos Sociales.
«La sociedad no se ha sentido obligada a financiar generosamente una universidad en cuya gestión no participa»
La autonomía universitaria ha derivado en un autogobierno que ha generado una notable distancia entre la sociedad y una universidad que no ha priorizado nunca la relación con las demandas sociales. Quizá por eso la sociedad no se ha sentido obligada a financiar generosamente una universidad en cuya gestión no participa, y es que la academia no consideró seriamente dirigir los resultados de su investigación hacia el sector productivo.
Pero no han sido sólo los Consejos Sociales los que han criticado el proyecto de ley. El pasado 2 de febrero, Ricardo Rivero (1) , rector de la Universidad de Salamanca, escribió a este propósito:
«La ley parece marcada por la ideología, que no por las ideas. Y esta diferencia no es trivial, porque el verdadero espíritu universitario debe, a mi modo de ver, esquivar los prejuicios partidistas, fijarse en la realidad de los resultados de las acciones y atender a la puesta en práctica de los proyectos».
Dicho lo cual, el rector salmantino cree que el futuro régimen de gobierno de las universidades resultará complicado, debido a las contradicciones internas del texto de la ley. Por un lado, se conceden poderes amplios a los rectorados, rebajando el peso real de los consejos de gobierno. Por otro se mantiene la posibilidad de que el claustro revoque el mandato del rector elegido por sufragio directo.
Y uno sigue preguntándose por qué el sistema universitario español es menos internacional que otros europeos. Es una anomalía que un universitario español pueda desarrollar toda su carrera sin salir de España (en España se puede acceder a la carrera académica y promocionar sin estancias en el extranjero), cosa que no ocurre en ninguna universidad extranjera de prestigio.
(1). El Mundo, jueves 2 de febrero de 2023.
