Un Estado desprotegido
«El sanchismo ha despenalizado los golpes de Estado ejecutados sin violencia o, dicho de otra forma, el referéndum secesionista del 1-O»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | EP
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado este lunes lo que el relato gubernamental llevaba semanas empeñado en soslayar: el sanchismo ha despenalizado los golpes de Estado ejecutados sin violencia o, dicho de otra forma, los referéndums secesionistas como el que tuvo lugar en Cataluña en octubre de 2017.
Mediante la concesión del indulto parcial a los golpistas catalanes en junio de 2021, el Gobierno se propuso demostrar a sus socios independentistas que no existe nada por encima de la voluntad del jefe del Ejecutivo, ni tan siquiera la división de poderes. Pedro Sánchez se permitió tildar al Supremo de vengativo y señaló a la justicia como obstáculo para la convivencia entre los catalanes. Con la derogación de la sedición y reforma de la malversación el pasado diciembre, el Gobierno pretendió no sólo corregir de nuevo al tribunal sentenciador, sino abaratar a sus apoyos parlamentarios las consecuencias penales de una nueva consulta.
«Es posible que los procesistas afectados lleven el asunto al Constitucional, donde es más que probable que la mayoría progresista acoja sus pretensiones»
Pero al igual que ha sucedido con la infausta ley del sólo sí es sí, la ineptitud legislativa de este Gobierno les ha vuelto a jugar una mala pasada en lo que a la rebaja de las penas por malversación se refiere. Efectivamente, y al contrario de lo que el sanchismo pretendía, financiar con dinero público un referéndum ilegal no permite aplicar el nuevo tipo atenuado de malversación, lo que hubiera determinado la extinción de las condenas por inhabilitación que se mantuvieron con el indulto. Al igual que mantuvo Llarena, sostiene la Sala presidida por Marchena que desviar fondos para fines delictivos no puede merecer un tratamiento penal más favorable que el apropiárselos para enriquecerse: «Sería contrario a la más elemental lógica jurídica entender que quien hace suyos los fondos públicos incurre en una pena que puede llegar a los 8 años de prisión y quien los destina a una actividad delictiva o antijurídica -en nuestro caso, la celebración de un referéndum prohibido judicialmente- pueda ser castigado con una pena de multa».
Es muy posible que los procesistas afectados lleven el asunto al Constitucional, donde es más que probable que la nueva mayoría progresista liderada por Conde Pumpido acoja sus pretensiones y avale que, desaparecido el carácter delictivo de la actividad financiada tras la derogación de la sedición, el carácter medial de la malversación cometida determina la aplicación de las penas rebajadas previstas en la última reforma del Gobierno. Cierto es que no puede descartarse un nuevo indulto o hasta una nueva modificación de la sedición, porque con el sanchismo cualquier cosa puede pasar. Pero no creo que Pedro quiera manchar sus manos de esa manera en periodo electoral cuando si para algo colocó a Cándido en el TC fue, precisamente, para que le hiciese este tipo de trabajos sucios.
«Matar a escobazos a un ratón será delito, pero proclamar la república catalana desde el balcón de la Generalidad de Cataluña, ya no lo es»
Malversaciones e inhabilitaciones aparte, a mí me llena de preocupación que, como he venido escribiendo en este medio desde hace meses, los referéndums secesionistas que se celebren sin mediar violencia o intimidación no sean ya merecedores de ningún reproche penal en nuestro país: matar a escobazos a un ratón será delito, pero proclamar la república catalana desde el balcón de la Generalidad de Cataluña, ya no lo es. Durante esta legislatura, Sánchez ha pervertido la proporcionalidad sobre la que se construía nuestro Código Penal para complacer a sus socios de gobierno y apoyos parlamentarios y los resultados son y van a ser infames.
La implacable sentencia en la que culminó el procés, y el buen hacer de quienes intervinieron en su redacción, constataron ante Europa y el mundo que España es un Estado de derecho consolidado y garantista capaz de responder firmemente ante quienes pretendían subvertir el marco constitucional, pero sin apartarse ni un milímetro de la legalidad. El sanchismo ha demolido ese magnífico trabajo a cambio de unos meses más en la poltrona.
