Ferrovial se marcha, el Gobierno insulta
«¿Qué autoridad moral tiene quien gobierna con el apoyo de partidos que abogan por la secesión? ¡Los territorios pueden autodeterminarse, pero las empresas no!»
Pedro Sánchez.
Un martes de febrero, en segundo de carrera, mi amigo Marcos me contó que le había dejado la novia. Cuando le pregunté cómo había reaccionado me dijo: «Le he dicho que es una desgraciada». Curiosamente, nunca volvieron. Marcos ahora es profesor de Filosofía en un instituto de secundaria en Albacete y quizá siga preguntándose por qué. Caprichos de la memoria, no había vuelto a pensar en él hasta escuchar las reacciones oficiales a la salida de España de la empresa Ferrovial. Lo pensé en aquella pausa de café en la facultad de Filosofía y Letras de la Autónoma, y lo pienso ahora: el insulto no es la mejor manera de impedir un abandono.
Desconozco por qué Ferrovial traslada su sede a Países Bajos, pero intuyo que la reacción del Gobierno no les animará a reconsiderar su decisión. Pero esta actitud tampoco es una novedad: nuestro Gobierno no ha mirado jamás con cariño a la gran empresa. Al contrario: en los últimos meses todo han sido menciones al capitalismo despiadado y dardos a los señores con puro y demás «poderosos». Han sido meses en los que el Gobierno se ha revuelto en la paradoja de pregonar que España atravesaba una situación económica estupenda -lejos del catastrofismo que anunciaba la derecha- mientras exigía a empresas y grandes fortunas un esfuerzo excepcional para enfrentar «la difícil coyuntura». Visto en perspectiva, las reacciones del Gobierno y asociados a la salida de Ferrovial han sido un estribillo más de una salmodia conocida.
«No deja de ser sorprendente que el presidente del Gobierno señale a una empresa y a su presidente como antipatrióticos»
Con todo, no deja de ser sorprendente que el presidente del Gobierno señale públicamente a una empresa y a su presidente como antipatrióticos. Pero más sorprendente es el argumento que apunta que Ferrovial debe algo al Estado, fundamentado en los millones de euros que el Estado ha pagado a la empresa en adjudicaciones públicas a lo largo de los años. Si una empresa ha recibido miles de millones de euros del Estado por proporcionar un servicio no entiendo el reproche. Y si los ha recibido por otra cosa que no sea un servicio prestado, quien debe dar explicaciones no es la empresa, sino el Estado. Y respecto al argumento del patriotismo, ¿qué autoridad moral tiene quien gobierna con el apoyo de partidos que abogan por la secesión unilateral de una parte del territorio? ¡Los territorios pueden autodeterminarse pero las empresas no!
El traslado de Ferrovial a los Países Bajos no molesta al Gobierno por los posibles daños al empleo o la recaudación, que niegan que vayan a producirse, sino porque empaña la imagen de un Ejecutivo que quiere brillar en todos los espejos. Pero no se puede ser azote e imán al mismo tiempo. Ojalá el Gobierno tarde menos que Marcos en asumirlo.
