Roma Gallardo, Woody Allen y el fraude de ley
«Al suprimir los requisitos objetivos, la ‘ley trans’ ha suprimido los límites entre la probidad y el fraude. Pero para Igualdad toda rectificación es una capitulación»
Woody Allen. | Europa Press
Alvy Singer, el protagonista de Annie Hall, confiesa que lo echaron de la universidad por copiar en el examen de metafísica: «Miré dentro del alma del chico que tenía al lado». Como la semana pasada se enfadaron los economistas porque utilicé a Mary Poppins para hablar de bancos, me dispongo a irritar a los penalistas hablando del fraude de ley a partir de Woody Allen.
Desde que comenzaron a circular los primeros borradores de la ley trans, muchas voces alertaron de un riesgo que ya se ha confirmado: personas no-trans que tramitan su cambio de sexo para obtener algún beneficio o para marcar postura. El caso más sonado ha sido el del (¿de la?) youtuber Roma Gallardo, célebre por sus críticas al feminismo y, desde hace una semana, mujer. «Fraude de ley» es el sintagma que nos viene a la cabeza y repite el Gobierno. Pero por evidente que parezca el fraude -no existe en la biografía de Gallardo huella alguna de feminidad sentida (más bien, de lo contrario)- hay que demostrarlo. Y para ello habría que probar que no existe discrepancia entre el sexo de nacimiento y el sexo sentido. Empresa complicada, salvo que el funcionario del Registro Civil tenga la capacidad de Alvy Singer para adentrarse en las profundidades del alma del solicitante.
«Es la existencia de requisitos objetivamente comprobables, lo que hace posible la demostración del fraude de ley»
La dificultad radica en la letra misma de la ley, que establece la declaración del interesado como único requisito para el cambio de sexo. En el Reino Unido, por ejemplo, la obtención de un GRC (Certificado de Reconocimiento de Sexo) exige haber vivido en el género deseado durante al menos dos años. Es la existencia de requisitos externos, y por tanto objetivamente comprobables, lo que hace posible la demostración del fraude de ley. Pero la ley trans define la identidad sexual como la «vivencia interna e individual del sexo tal y como cada persona la siente y autodefine», convirtiéndola en un territorio amurallado cuyo único soberano es el sujeto.
El Ministerio de Igualdad se ha mostrado reticente a revisar sus proyectos, incluso tras constatar sus efectos indeseados. Por eso es improbable que accedan a retocar la ley trans a fin de limitar las transiciones fraudulentas. No será posible ablandar su dogmatismo, porque entienden que toda rectificación es una capitulación. Y en este caso, quizá tengan razón. ¿Por qué no aceptarían una modificación que exigiera, como en Reino Unido, la prueba de haber vivido según el sexo sentido durante un tiempo razonable? Porque se considera un requisito opresivo, que atenta contra el espíritu de la ley: una persona puede identificarse como mujer conservando la anatomía, la fisionomía y el nombre masculino. Y habiéndose identificado como hombre hasta hace dos meses. Al suprimir los requisitos objetivos, la legislación ha suprimido los límites entre la probidad y el fraude. Todos pensamos que Roma Gallardo no es una mujer, pero lo que nosotros pensemos es irrelevante; esa es la clave de la ley. Gallardo está a salvo de cualquier imputación, y la inmunidad se la garantiza la propia ley.
