Libertad de expresión y libertad académica

Hoy jueves comienzan los actos del 30 aniversario de la proclamación del Día Mundial de la Libertad de Prensa por parte de la ONU en Nueva York.  Desde aquel 3 de mayo del 1993, cada año, en una serie de eventos itinerantes, la Unesco ha ido tratando cuestiones relacionadas con los medios de comunicación: desde su papel en la resolución de conflictos (2000, en Suiza) el racismo (2001, en Namibia) o el terrorismo (2002, en Filipinas) … hasta su labor en la igualdad de género (2015, en Letonia).

A mi parecer, sin embargo, ningún tema tan interesante como el que se analiza en esta ocasión en la gran manzana: la libertad de expresión como motor del resto de derechos humanos. 

Desde luego, la facultad de difundir opiniones, ideas, críticas, o hechos -sin temor a censura o persecución- es concomitante con la libertad de prensa (que implica la circulación de publicaciones sin interferencias ni coacciones). Pero no sólo. La libertad de expresión va mucho más allá. Por ejemplo, resulta una condición sine qua non de la libertad académica, que protege el debate sin temor a represión en la búsqueda del conocimiento. Esta libertad es fundamental para la educación, la ciencia y la democracia. 

El silogismo es claro: no hay libertad académica sin libertad de expresión y no hay progreso sin libertad académica. Y, a la inversa: la terrible deconstrucción de instituciones democráticas que estamos viviendo deriva de la aplicación práctica de ideas forjadas en laboratorios universitarios. Academia y sociedad son realidades inseparables.

«Más de 1.500 profesores de EEUU han firmado un manifiesto denunciando la tiranía ‘woke’»

Hace meses contaba en una columna («Tiempos difíciles y peligrosos para la Universidad«) cómo en Estados Unidos la preocupación por el deterioro de la libertad de expresión -fuera y dentro de los campus- se ha disparado en la última década. Allí se han multiplicado los debates públicos y manifiestos de denuncias de la cultura de la cancelación (la tendencia al señalamiento, la muerte civil y la expulsión de quien -y de aquello- que no se somete al pensamiento de lo políticamente correcto). Más de 1.500 profesores estadounidenses han firmado el manifiesto Restoring academic freedom para reivindicar el valor de la libertad y de la verdad en la Universidad, y para denunciar las imposiciones de la tiranía woke.

Simultáneamente, en Reino Unido, ya hay artículos que alertan de peligros de la internacionalización del espacio de educación superior a raíz del Brexit, con dependencia no sólo de políticos, sino de matrículas o de intereses de lobbies y empresas externas. 

En España se lleva tiempo señalando la falta de neutralidad ideológica y las presiones sobre discrepantes en algunas universidades. 

El tema no es baladí, ni una fatuidad de intelectuales: la coacción en los campus, además de pisotear derechos individuales, supone un riesgo inadmisible para nuestra sociedad. No es ya que haya catedráticos o asociaciones de alumnos cancelados por la divulgación de ideas; es que cada vez más procesos universitarios (comités de contratación, organismos de financiación, revistas académicas…) censuran los tipos de investigación que no se adhieren a las causas que «garanticen una conexión con el pensamiento impuesto a la mayoría». 

Hace unas semanas ha salido (pasando desapercibido) un informe del Parlamento Europeo sobre el estado de la libertad académica en la UE que detecta amenazas en el espacio de educación superior en algunos estados miembros. Por ejemplo, España.  

La pérdida de neutralidad de algunas instituciones no es una sorpresa. Pero sí lo es que se refiera explícitamente en un documento internacional. 

El informe europeo relata la adhesión de los claustros a manifiestos en apoyo al referéndum independentista de Cataluña, que conllevó la condena a la UB por el pisoteo de derechos individuales del personal universitario que discrepaba. También, en otro orden de cosas, relata que en los campus catalanes se ha marginado y acorralado a asociaciones como S´ha acabat.

Desgraciadamente los relacionados con el independentismo no son los únicos casos que ilustran la tensión entre la libertad académica, el principio de neutralidad ideológica y la cultura de la cancelación. Cabe recordar por ejemplo el incidente en la UAB con Juana Gallego, una catedrática de comunicación con amplia trayectoria de investigación en feminismo, que sufrió un boicot por no suscribir algunas de las suposiciones de la ley trans. Lo más grave es que la coordinación del máster no defendió su derecho a opinar.

«Ha llegado la hora de abrir en España el debate sobre el diagnóstico de las coacciones a la libertad académica »

Lejos de prevenir y corregir abusos, a mi juicio, la recientemente aprobada LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario) los legitima. Esta norma reconoce a los claustros explícitamente la facultad de analizar y de debatir sobre asuntos no académicos. No a los individuos (alumnos o profesores), que sería lo normal, no: a los órganos colegiados que hacen manifiestos en nombre de las instituciones y de todos sus componentes. 

Lo que podría parecer algo inocente es, en realidad, una sinécdoque ideológica que resulta una aberración. Quienes la han propulsado (ERC y Bildu) no cuentan, además, con que se les puede dar la vuelta: hoy mandas tú, pero mañana tu contrario. 

Hace ya meses, más de 1.000 profesores interpretamos que este aserto en la ley era un intento de eludir decisiones judiciales y firmamos la ‘Carta abierta de universitarios por la convivencia por la neutralidad ideológica de nuestras universidades’. Denunciábamos la legalización de la politización de la cultura universitaria. 

La respuesta ambigua del ministro en nada nos ayudó a dirimir si los claustros -cuyas resoluciones expresan la voluntad colectiva de toda la comunidad universitaria- pueden ahora (o no) aprobar declaraciones y manifiestos de contenido ideológico y político. 

Creo que ha llegado la hora de abrir en España el debate sobre el diagnóstico de las coacciones a la libertad académica y sus consecuencias. Un debate que lleva años candente en el mundo anglosajón pero que era aún inexistente en el latino. 

Hasta la fecha no se ha llevado a cabo investigación alguna para medir las opiniones de profesores y estudiantes sobre el estado actual de la libertad académica y la cultura de la cancelación en universidades públicas y privadas de todo el territorio. Un grupo plural y abierto de profesores de distintas instituciones nos hemos decidido a hacerlo. 

«De una muestra de 100 profesores, casi el 70% ha afirmado que hoy en día la libertad académica en España está amenazada»

Llevamos, precisamente, a uno de los eventos de la Unesco la presentación y validación del cuestionario TAFESC (Threats to academic freedom in Spanish-Speaking Countries).

He hablado con muchos colegas y la mayoría coincidimos en que es urgente diagnosticar la salud de la libertad académica en nuestro país. Hago un pequeño spoiler: en la observación inicial para validar nuestro cuestionario con una muestra de 100 profesores, casi el 70% ha afirmado que hoy en día la libertad académica en España se siente amenazada. Pero es que, sorprendentemente, más universitarios consideran que en los últimos tiempos su libertad se ha visto más deteriorada en los campus que universitarios sienten que se ha visto deteriorada en las redes o en el contexto en general. 

Son datos exploratorios. Pero poca broma. Los modelos de universidades ideologizadas han demostrado en otros países ser, además de un tremendo fracaso, el germen de muchos otros recortes de libertades ulteriores. 

La pérdida de espacios de libertad en el seno de la Universidad es un escenario muy, muy grave. Urge investigar. Sin demora.

Me malicio que no es lo único que está en peligro en la universidad. Los académicos sufrimos una avalancha de cambios, a cuál peor, que nos tienen abrumados sin poder reaccionar. Ayer sin ir más lejos salieron a la luz tres decretos surrealistas (de acreditaciones, de ámbitos y de departamentos) que dan, no para una, sino para varias columnas. Tiempo habrá.