Hacia una sociedad de propietarios
«La acumulación de capital permite que suban los salarios. Cambiar un porcentaje de nuestra renta del consumo al ahorro supondría dar un salto en prosperidad»
Pixabay.
El Estado nos quita casi un tercio de nuestro sueldo y lo destina a pagar las pensiones de hoy. A cambio, lo único que nos queda es la promesa de que cuando llegue el momento, el Estado obligará a otros trabajadores a pagar nuestra pensión. Sólo que entonces quienes queramos cobrar seremos muchos más, y quienes puedan pagar el sistema, muchos menos.
Esto es lo que hay. Esto es lo que habrá. Y, sin embargo, nuestros políticos y medios de comunicación no hablan de ello todos los días. Es más, no se menciona nunca. Como mucho, se habla de la necesidad de lograr la «sostenibilidad» del sistema, como si el hecho de que sean mayores o menores dependiese de la buena o mala voluntad de los políticos. Al final, es un problema tan real, y tan grave, que ha quedado oculto.
Bajo la hojarasca de las polémicas artificiales, la anulación de los individuos bajo la política identitaria, las luchas de poder entre los partidos, los intentos de medios y periodistas por colocarse en esa refriega, los mensajes unidireccionales que provienen de las instituciones internacionales y el sectarismo oficial, se encuentra la cuestión de la futura pobreza de los trabajadores de hoy. Total, nada.
El Instituto Juan de Mariana ha publicado, junto con Value School, Hacia una sociedad de propietarios. Una transición urgente e ineludible. El IJM ya publicó un seminal informe con un título prácticamente igual: Una sociedad de propietarios. En los dos estudios, redactados por distintos autores, se hace el mismo planteamiento.
La Seguridad Social la paga íntegra el trabajador. Una cosa es quién paga legalmente un impuesto, y otra quién lo hace desde el punto de vista económico. El empresario hace dos cuentas a la hora de contratar un trabajador: el valor de lo que le va a aportar, por un lado, y por otro el coste que le va a suponer. Es el trabajador y su capacidad de aportar valor lo que hace que el empresario asuma el coste; de modo que todo lo que paga el empresario por él es el verdadero sueldo bruto del empleado. Asunto aparte, o apartado, es que el Estado se quede una parte antes de que le llame «sueldo» al resto, parte de lo cual vuelve a pagar impuestos (IRPF y demás).
«El actual sistema exige que coticemos durante un período de 38 años y medio»
Sobre ese sueldo bruto, el trabajador por cuenta ajena paga más de un tercio a la Seguridad Social. El porcentaje exacto depende de cada caso. ¿Qué pasaría si esos impuestos, que se destinan a pagar las pensiones de hoy, se ahorrasen a largo plazo? ¿Cómo quedaría la pensión de los españoles, en comparación con la actual?
El informe de 2023 supone un ahorro del 25% del sueldo bruto. Es menos, por tanto, de lo que nos quita la Seguridad Social. El actual sistema exige que coticemos durante un período de 38 años y medio. El informe plantea que el trabajador haya ahorrado durante 40 años (de los 25 a los 65, por ejemplo). ¿Cuánto habrá ahorrado en ese tiempo? Y ¿qué pensión podrá tener con ese capital?
Dependerá de la rentabilidad media, claro. La rentabilidad real media de la bolsa estadounidense entre 1802 y 2008, incluyendo los dividendos, fue del 6,5%. De modo que hacer las cuentas con un 5% de rentabilidad media es un presupuesto conservador.
Así, un sueldo de 18.000 euros en euros constantes que ahorrase un 25% (4.500 euros al año) y los invirtiese durante 40 años con una rentabilidad media del 5%, obtendría un capital al final del período de 570.779 euros. Si fuera con un sueldo de 24.000 euros, el capital final sería de 761.038 euros. El sueldo del español medio en 2020, último año para el que hay datos, fue de 20.920 euros; hoy debe de rondar los 22.800.
La pensión media de jubilación en España es de 1.372 euros. La pensión media del régimen general es de 1.531 (en 14 pagas). ¿Cuál es el valor actual neto? Si escogemos como referencia de interés los bonos a tres años (3,7%), una pensión media del régimen general valdría algo más de 307.000 euros, si la cobra durante 20 años. Para el caso de la pensión media, estamos hablando de algo más de 275.000 euros.
La diferencia es apabullante: con una rentabilidad media del 5%, un sueldo bruto de 18.000 euros, que está por debajo del sueldo mediano, un trabajador que ahorre uno de cada cuatro euros obtendrá un capital de 570.779 euros en 40 años. El valor actual de una pensión media (ojo, no la mediana) es de 307.000 euros para el régimen general, y de 275.000 euros en el caso de la pensión media. El informe también hace los cálculos de cuánto ahorraría un trabajador durante 40 años con una rentabilidad media del 7%, que no es un supuesto descabellado: para un sueldo de 18.000, un capital de 961.243 euros.
«Un sistema basado en el ahorro y la inversión es muy superior a otro basado en la transferencia y el consumo»
Esa sola diferencia es suficiente para ver que un sistema basado en el ahorro y la inversión es muy superior a otro basado en la transferencia y el consumo. Pero hay más. El sistema público sólo reconoce un beneficio a partir de un número mínimo de años. Si se cotizan 15 años, el Estado sólo te concede una pensión no contributiva que este año es de 457,30 euros. En el sistema de ahorro, desde la primera aportación, todas cuentan. Otra ventaja es que no se puede convertir una pensión en un bien no líquido, como es una vivienda. Eso no se puede hacer con una pensión.
Pero hay otras dos diferencias esenciales, de alcance más general. Por un lado, pasaríamos a una sociedad más ahorradora y capitalista. La acumulación de capital es lo que permite que suban los salarios. Cambiar un alto porcentaje de nuestra renta del consumo al ahorro supondría dar un salto en la prosperidad de España.
Pero la principal diferencia es el cambio en el estatus del ciudadano. En la actualidad, dependemos de cómo gestionen los políticos una promesa que nos hicieron y que, poco a poco, van a tener que incumplir. Este mismo año, el gobierno que salga de las urnas puede decir que «Bruselas» le obliga a rebajar las pensiones un 20%, y no podemos oponer ante ello nada más que nuestra protesta. No hay ningún contrato que les vincule.
Con un sistema así, los ciudadanos no dependen de los poderes públicos. Tienen medios suficientes para organizar su vida al margen del Estado. No dependen de la palabra de un político. Una sociedad de propietarios es una comunidad de personas independientes y libres.
