El seny de Madrid
«El actual éxito de Madrid no se explica sólo como fruto del azar y menos aún de su ubicación geográfica. Y lo más importante: es replicable»
El Seny de Madrid
En varias tribunas recientes, Jesús Fernández-Villaverde y Tano Santos desarrollan una teoría sobre a qué se debe y cuáles son las consecuencias políticas del éxito demográfico y económico que disfruta la Comunidad de Madrid. Le animo a leerlas porque dan mucho que pensar, aunque su argumento, aparentemente bien construido, esté, en mi opinión, incompleto, por lo que puede dar pie a conclusiones erróneas.
En esencia y con riesgo de simplificar en exceso, argumentan que Madrid, al igual que Londres y otras grandes ciudades, se beneficia de unas circunstancias que la hacen más productiva y atractiva como lugar de residencia, lo que acelera su crecimiento a costa de la despoblación del resto del país. Todo ello crea una desigualdad notable y, dadas unas instituciones políticas (caracterizadas en España sobre todo por las circunscripciones provinciales y la falta de mecanismos de coordinación del sistema autonómico), determina tensiones crecientes, tanto en el seno de los partidos como entre las regiones, con una creciente incapacidad para acometer políticas de alcance nacional.
Mi primera duda sobre el argumento de Fernández-Villaverde y Santos es cuánto poder explicativo tiene su «hipótesis de materialismo urbano» frente a una «hipótesis institucional», según la cual el éxito de una gran urbe depende también de —o, al menos, está condicionada a— que sea capaz de dotarse de una política que posibilite el funcionamiento del mercado, la propiedad y la libre empresa. Para alcanzar las potencialidades que encierra la hipótesis de materialismo urbano, se necesitan unas instituciones que no bloqueen el desarrollo de la actividad privada: seguridad jurídica y fiscalidad socialmente rentable, entendida esta última como la que produce un saldo positivo y un reparto equitativo de impuestos y servicios públicos.
Junto a esta complementariedad funcional, ambas teorías difieren radicalmente en sus presupuestos metodológicos porque, respectivamente, olvidan y subrayan el problema político interno a regiones y ciudades. Por un lado, el materialismo urbano de Fernández-Villaverde y Santos presupone que ciudades y regiones son meras «cajas negras» formadas por individuos con intereses uniformes, supuesto simplificador que los lleva a identificar el interés de todos los madrileños con el de Madrid, el de todos los catalanes con el de Cataluña, y así sucesivamente.
«La hipótesis institucional sitúa en el mismo plano, sobre bases individuales, la lucha política, tanto a escala regional como nacional, lo que aumenta los grados de libertad del análisis»
Sólo dentro de esta simplificación pueden obtener conclusiones aparentemente unívocas, pero en realidad endebles, sobre los desequilibrios políticos resultantes. Por el contrario, la hipótesis institucional sitúa en el mismo plano, sobre bases individuales, la lucha política, tanto a escala regional como nacional, lo que aumenta los grados de libertad del análisis, de modo que los equilibrios resultantes permanecen indeterminados y, sobre todo, más dependientes de la capacidad y el contenido progresista o reaccionario del liderazgo que ejerzan los protagonistas de la acción política.
Ilustra bien ambas posibilidades interpretativas el hecho de que en 1978 hubiéramos pensado que la urbe ibérica mejor colocada —por clima mediterráneo, ambiente cosmopolita, sociología burguesa, base empresarial y tradición mercantil— para aprovechar estas ventajas era Barcelona, y quizá también Bilbao; en todo caso muy por delante de la rancia, castiza, viejuna y administrativa urbe madrileña. Sin embargo, hoy no sólo Barcelona ha sido superada en casi todo por Madrid, sino que ha de competir, y no siempre para bien, con Lisboa. Incluso teme a esa segunda división que lideran Oporto y Málaga. De Bilbao, mejor ni hablar.
Desde entonces, Barcelona se ha esforzado y ha logrado un flujo ininterrumpido de rentas del estado (desde las Olimpiadas de 1992 al actual acaparamiento del Fondo de Liquidez Autonómico, del que Cataluña debe un porcentaje creciente, que era ya del 37,91 % del total a 31 de diciembre de 2021). Pero de poco le ha servido, porque, simultáneamente, los gobiernos de la Generalidad y del Ayuntamiento la han convertido en un doble infierno de inseguridad jurídica y fiscalidad expropiatoria; el paradigma peninsular de la captura y disipación de rentas en beneficio de unos pocos aprovechados.
Respecto a la inseguridad, no hace falta mencionar la huida de empresas y personas que ha provocado y aún provoca el procés; pero es igual de sintomática la política de vivienda, en la que Cataluña y Barcelona han sido líderes en favorecer a los okupas y en el vano intento de controlar los precios del alquiler, con consecuencias perfectamente previsibles en términos de menor oferta y mayores precios.
Respecto a la fiscalidad, no se trata sólo de que Generalidad y Ayuntamiento practiquen una voracidad insaciable, sino de que suelen gastar lo que recaudan de forma selectiva (favoreciendo a sus amigos) cuando no identitaria (favoreciendo a su tribu); y todo ello en una comunidad donde, como reveló Thomas Jeffrey Miley y han constatado de nuevo en un magnífico estudio Maia Güell, Sevi Rodríguez-Mora y Christopher I. Telmer, el poder político ha estado y sigue estando en manos de una minoría con apellidos nativos, con el revelador agravante de que esa «heterogeneidad etnolingüística» ha aumentado desde la Transición.
La segunda parte del argumento de Fernández-Villaverde y Santos pudiera verse como independiente de la primera, de modo que el éxito madrileño, lisboeta o malagueño causaría tensiones fuera cual fuera su origen. Más allá de que la tensión es intrínseca a la competencia, no hay tal independencia entre ambas partes. Sobre todo porque los posibles remedios sí dependen de cuál sea el origen de esas diferencias en cuanto al éxito relativo de las diversas urbes y regiones.
«No deja de resultar significativo que se haya dejado de hablar de balanzas fiscales desde los peores años del procés, por mucho que ERC proteste»
En la medida en que los éxitos guarden relación con la sensatez de las políticas que hayan logrado adoptar las respectivas sociedades, lo razonable es dejarles competir, preocupándonos tan sólo por mantener un terreno de juego equilibrado. Pero, como parece indicar el reparto del Fondo de Liquidez Autonómico, ya ni siquiera está claro hacia qué regiones existen desequilibrios fiscales en la actualidad. No deja de resultar significativo que se haya dejado de hablar de balanzas fiscales desde los peores años del procés, por mucho que ERC proteste porque, según dice, Hacienda no le entrega los números necesarios para calcularlas. Es curioso que proteste justo al final de la legislatura, y no cuando fácilmente podía haberlos conseguido.
La discusión tiene también una vertiente entretenida en cuando al debate de si las propuestas políticas «madrileñas» (o «malagueñas») pueden o no triunfar en otras provincias. Como es sabido, muchos políticos del PP también mantienen que las propuestas de Isabel Díaz Ayuso son tan liberales que no tendrían buena acogida fuera de Madrid. En la práctica, coinciden con ellos Fernández-Villaverde y Santos cuando defienden una versión de esta tesis, según la cual toda propuesta o gobierno de origen madrileño se vería en la periferia como un peligro, por el simple temor a que favoreciera intereses madrileños.
Con cierto optimismo, quiero creer que, aunque partiendo de bases intelectuales muy diversas, ambos se equivocan. Lo más fundamental no es que los intereses madrileños se opongan a los intereses catalanes o castellanoleoneses. La clave reside en que los intereses de la mayoría de los madrileños, miembros de una sociedad más abierta y competitiva, sí se oponen a los intereses de los caciques periféricos, pero coinciden con los de la mayoría de los súbditos de éstos.
En vivo: el currante de Hospitalet comparte el mensaje de libertad tabernaria de Ayuso, tanto en su fondo competitivo y meritocrático como en su forma plebeya; pero, como demuestra su abstención del 52,53 % el pasado 28 de mayo, rechaza los estériles arrumacos que suelen dedicar sus compañeros de partido a los caciques catalanes.
