Independencia propia o dependencia ajena
«¿Qué sentido tiene España para los españoles si la preservación de su unidad les obliga a verse reducidos a la condición de siervos?»
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones. | Europa Press
Que Sánchez firmará gustoso el cheque de la amnistía es algo que pocos dudan. Le consta que la lealtad de su parroquia conoce pocos límites. Ha comprobado que sus devotos se sienten gozosos al aceptar aquello que no comprenden (indultos a los sediciosos o pactos con filoterroristas), porque, hay que suponer, así verán probada y acrecentada su fe.
Dado que la fe, como los músculos, hay que ejercitarla, todo indica que pronto será sometida a la dura prueba de una investidura con platos difíciles de digerir. Más allá de la generosa ración de amnistía con que se agasajará a los comensales nacionalistas, hay otros platos cuya probable inclusión en el menú daría pistas sobre el orden constitucional que se perfila.
La clave de esta nueva arquitectura constitucional podría pasar no solo por el reconocimiento a País Vasco o Cataluña de amplios márgenes de autonomía política, judicial o financiera, sino también por el establecimiento de mecanismos de cogobernanza que aseguren a los nacionalistas un control significativo sobre el modo en que se gobiernan los asuntos de los demás. El federalismo asimétrico también es eso.
En este sentido, será del interés de los nacionalistas catalanes la obtención de un concierto económico similar al vasco, lo que les permitiría no tener que redistribuir con aquellos a los que declaradamente detestan e incluso lograr que sean estos los que financien los excesos de los nuevos señoritos forales. Pero muy relevante será también asegurarse un papel decisivo en la definición de las políticas económica, fiscal o financiera, porque tan relevante es la autonomía fiscal necesaria para decidir sobre el IRPF en Cataluña como que no haya quien, en otro lugar y en ejercicio de esa misma autonomía, pueda tomar decisiones que pongan de manifiesto la insaciable voracidad o la escasa competencia para la gestión del presupuesto de los gobiernos nacionalistas.
«En la psicología nacionalista tener más no es tan importante como tener más que los demás»
Hemos tenido diversos anticipos de esas probables cesiones, como los intentos de ERC por subir los impuestos en Madrid o Andalucía o el acuerdo entre PNV y Sánchez por el que los nacionalistas pactaron la aplicación a los demás de un impuesto del que ellos estarían exentos. No vaya a ser que a algunos les vaya bien en ejercicio de la autonomía fiscal de la que los nacionalistas disfrutan y se vaya a reducir el diferencial de riqueza entre unos territorios y otros, ya que en la psicología nacionalista tener más no es tan importante como tener más que los demás.
Algo similar podría ocurrir con la ruptura del principio de unidad jurisdiccional y con el consiguiente retorno a la ley vieja, es decir, a la diversidad de fueros, que se sustanciaría con la existencia de un poder judicial de Cataluña o País Vasco. Desde luego, será muy del gusto del nacionalismo catalán asegurarse que las disposiciones de la Generalidad no pueden ser recurridas más allá de algún tribunal propio sujeto a su control. Esto, obviamente, le dará carta blanca para la imposición definitiva de las políticas de uniformización lingüística que conviertan en hablantes de una lengua extranjera a aquellos catalanes que tienen al español como lengua materna. Triste será su destino, aunque para consolarse hay que recordar que poco se pudo o quiso hacer cuando las sentencias del Tribunal Supremo debían ser ejecutadas también en Cataluña.
También en esta cuestión será importante asegurarse cierto control sobre el poder judicial que residualmente opere en cuestiones comunes o que afecten al resto del país. Para ello habría que confirmar normativamente el ascendente del que hasta ahora ha disfrutado el nacionalismo al momento de sustanciar los nombramientos de CGPJ o Constitucional, es decir, definir un sistema de elección que asegure que los nacionalistas obtienen una generosa porción de la tarta de los nombramientos judiciales.
¿Aceptará Sánchez y, en general, la izquierda española que humillantes apaños como esos den la clave del orden constitucional en las próximas décadas? Desde luego que sí. Las constantes cesiones del Gobierno de progreso, validadas electoralmente por sus partidarios, a los nacionalistas han demostrado que la idea de España de la izquierda actual es muy simple: España es solo el ámbito en que la izquierda ejerce su poder y los españoles, sus derechos e intereses, son la moneda con que pagar el precio de ese empeño. Además, hay que tener en cuenta que para que España sea roja no puede estar rota (parafraseo aquí a Otegui para contradecirlo): en sus trozos, excluidos los de los nacionalistas, no está garantizada la hegemonía política de la izquierda. Prolongar esta hegemonía unas pocas décadas exige preservar la unidad de España y, a la vez, asegurarse la fidelidad parlamentaria de los nacionalistas. Esto obligará a Sánchez a hacer al nacionalismo una oferta mejor que la de la independencia. Diseñar un régimen, formalidades constitucionales al margen, con el que nacionalismo tenga asegurada no la independencia propia, pero sí la dependencia ajena podría ser la solución ¿Se avendrán los nacionalistas vascos y catalanes a aplazar el día en que poder señalar a España como su antigua potencia colonial a cambio de tenerla como su protectorado, su colonia?
Desde luego, ante esta hipótesis otras preguntas quedan flotando en el aire ¿qué sentido tiene España para los españoles si la preservación de su unidad les obliga a verse reducidos a la condición de siervos? ¿es el momento de plantearnos que antes rotos que siervos?
