Aznar ha acertado
«La amnistía equivale a reconocer que la Transición fue una farsa, que la Constitución de 1978 es dictatorial y que España no es una nación»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Que Aznar ha acertado con su llamamiento a movilizarse lo demuestra la fiereza con la que los socialistas de nómina han salido en su contra. Razón más que suficiente para que todos los españoles que queremos seguir siéndolo nos movilicemos para que los que quieren acabar con España vean que no les va a ser tan fácil.
El llamamiento de Aznar me ha recordado la magnífica conferencia que la presidenta de la Comunidad de Madrid pronunció en noviembre del año pasado en el Club Siglo XXI. En esa intervención Isabel Díaz Ayuso, con esa claridad que la caracteriza y que tanto le agradecemos los que la escuchamos, llevó a cabo un profundo y exhaustivo análisis de la situación política española y de los planes de Sánchez y su gente. (Invito a los que quieran leer una de las mejores, si no la mejor, interpretaciones de esos planes de Sánchez que la busquen en internet, no quedarán defraudados).
Ahí dijo muchas cosas y todas interesantes. Reproduzco ahora una de las más significativas: «Sostengo que Sánchez y sus socios, más allá de mantenerse a toda costa en el poder, siguen una estrategia que busca desmembrar España como nación e instaurar en España, al margen de los mecanismos constitucionales, una República Federal Laica de facto. De ahí que la Corona, la capital, la bandera y los demás símbolos; el espíritu de la Transición, la presencia del Ejército, de la Guardia Civil y demás cuerpos y fuerzas de seguridad; o el Poder Judicial único e independiente sean un obstáculo en su camino».
El camino para instaurar esa república Sánchez lo tiene claro, es el mismo que han seguido para hacerse con el poder sin recurrir a las armas todos los autócratas de los últimos tiempos, con Hugo Chávez como principal modelo. Consiste en utilizar las posibilidades que los regímenes democráticos ofrecen para llegar al poder, aunque su partido de origen no obtenga un gran resultado. Y una vez en el poder, maniobrar para eliminar las trabas que se oponen a sus objetivos últimos, con la ayuda siempre de algunas instituciones, a las que pueden manipular, comprar o amenazar.
«La amnistía es una operación que lleva consigo la destrucción del régimen constitucional»
Recordemos que Sánchez llega a La Moncloa en junio de 2018, cuando su partido, el PSOE, tiene sólo 84 diputados, elegidos en junio de 2016 por 5,4 millones de votos (22,63%). Pero eso le daba igual, porque podía crear Frankenstein y así tener el poder. Lo revalida en noviembre de 2019 con otro pobre resultado: 120 diputados y 6,7 millones de votos (28%), pero no importa, porque Frankenstein sigue vivo. Y el 23-J llega a 121 diputados con 7,7 millones (31,7%). Se queda a 16 escaños del partido ganador, el PP. Pero tampoco importa porque Frankenstein no da señales de estar agonizante, sino todo lo contrario. Y la prueba de que está vivo es que uno de los trozos que lo forman, como en la película de la que toma el nombre, Junts, decide dar una vuelta de tuerca y exigir la amnistía para todo el 1-O.
La amnistía es uno de los objetivos principales de Junts, que es un partido catalán que no logra grandes resultados en Cataluña. El 23-J tuvo 392.000 votos, esto es el 11,16% del total de las cuatro provincias catalanas, mientras el PP, por ejemplo, 469.000 y el 13,34%. ¡Tiene su aquel que el PSOE quiera utilizar esos 392.000 votos, que es el 0,8% del total de los 48.345.000 habitantes que tiene España, para conseguir sus fines!
Pero la amnistía es una operación que, como señalan casi todos los juristas y analistas que la estudian, lleva consigo la destrucción del régimen constitucional porque equivale a reconocer de manera solemne que los políticos que declararon unilateralmente la independencia en 2017 hicieron bien porque enfrente tenían a un Estado opresor. Esto es: que la Transición fue una farsa, que la Constitución de 1978 (aprobada por el 90,5% de los catalanes) es dictatorial y que España no es una nación, sino, si acaso, un mosaico de naciones.
Es decir, que si el Parlamento español llegara a aprobar esa amnistía, el resultado no sería sólo que a los varios miles de involucrados en el golpe del 1-O se les perdonarían sus delitos, sino que, pura y simplemente, la España Constitucional habría dejado de existir.
Evidentemente, a los políticos y seguidores de Junts eso les colmaría de felicidad.
Pero, ¿y a los del PSOE, que tienen que ser los promotores de esa amnistía? La primera respuesta es que todo parece indicar que a Sánchez y a todos los que, de una u otra manera, le deben su sueldo —no desdeñable si se compara con lo que valen en el mercado laboral libre—, aprobar la amnistía también les haría muy felices porque esa aprobación llevaría consigo la investidura de su jefe como presidente del Gobierno y, consecuentemente, la conservación de sueldos y prebendas.
«El objetivo último de Sánchez es muchísimo más ambicioso: imponernos una república federal y laica»
Pero no sólo por eso. Si hacemos caso a Isabel Díaz Ayuso en su magnífica conferencia de noviembre del año pasado, Sánchez no sólo aspira a usar a discreción el Falcon, su objetivo último es muchísimo más ambicioso: imponernos una república federal y laica. Y una vez roto, con esa amnistía, el Estado de Derecho, que nos garantiza desde 1978 nuestra Constitución, acabar con la Monarquía Constitucional y con la unidad de España es coser y cantar.
La cosa es tan grave que es perfectamente comprensible que José María Aznar haya utilizado la auctoritas que le da el haber sido ochos años presidente del Gobierno para levantar con energía su voz y gritar «¡basta ya!» ante la amnistía y las exigencias de los independentistas catalanes, que calificó como «una destrucción programada de la nación».
Un grito que iba unido a un llamamiento a los ciudadanos para que se movilicen porque «existe un riesgo cierto existencial para la continuidad de España como nación, como comunidad política de ciudadanos libres e iguales y como Estado bajo el imperio de la ley aplicada por jueces y tribunales independientes».
Al tiempo que denunciaba algo que ya vamos sabiendo todos, que «la entrega del socialismo al secesionismo a cambio de mantener el poder» es por sí sólo «el hecho más destructivo» que ha padecido España «en la política democrática». Porque, insistió, «el peligro no viene de fuera; está inducido por una fuerza política, el Partido Socialista, que se ha convertido en el desencadenante de un síndrome en el que los que tienen que defender la Constitución desde el Gobierno se convierten en sus principales atacantes».
