Dictadura
«La intención de Sánchez es simple: ejercer el control absoluto de los poderes del Estado, sin dejar un resquicio al pluralismo, ni siquiera a sus seguidores»
Ilustración de Alejandra Svriz.
En recuerdo de Concha Velasco, que con cuatro palabras me devolvió la autoestima.
«¿Hasta cuándo has de abusar de nuestra paciencia, Catilina? ¿Cuándo nos veremos libres de tus sediciosos intentos? ¿A qué extremos sé arrojará tu desenfrenada audacia?» (Marco Tulio Cicerón, Oración primera sobre la conspiración de Lucio Sergio Catilina).
Hay un error de valoración política que resulta necesario subsanar, una vez que los primeros pasos del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez nos han dejado claros sus propósitos. Ante todo, no hay que ver en el estado de cosas actual un punto de llegada, un sillón en el cual nuestro presidente descansará tranquilo, una vez superados los obstáculos que dificultaban su continuidad al frente del país. Si bien el interés personal jugó un papel esencial a la hora de forjar la trama de sus alianzas, con el único criterio de fondo consistente en rechazar y satanizar a todos sus adversarios, ahora se trata de ir más allá, consolidando los éxitos de su victoria mediante la construcción de un régimen político en el cual converjan su vocación de autócrata y la eliminación de toda posibilidad de alternancia en el poder. Ahí reside el papel del Muro. La consecuencia no ofrece dudas: la democracia representativa resulta desvirtuada y emerge un poder personal, que no solo busca su perpetuación, sino el ejercicio de un mando absoluto sobre todas las instituciones del Estado.
A eso se le llama una dictadura, y a quien la ejerce, dictador. Son palabras que suenan tal vez excesivas, incluso para quienes critican con dureza la situación actual, pero el recurso a eufemismos tales como autoritarismo o populismo lleva solo a la confusión. Nadie duda que Pedro Sánchez posee una personalidad autoritaria y cuando ese carácter psicológico ocurre —pensemos en casos como los de Mitterrand o Sarkozy en Francia—, pueden ser graves los roces con las instituciones y el espíritu de las leyes, pero la estructura del poder se mantiene incólume. En cuanto al régimen autoritario tiene su lugar en la ciencia política, gracias a Sartori, a pesar de su errónea asignación al franquismo, en el lugar intermedio entre la democracia y la dictadura, sea esta militar o fascista. Y no encaja. Por su parte, el populismo tiene diversas aplicaciones, casi ya como un cajón de sastre, y en nuestro caso, con la composición del actual gobierno, y de ausentarse Nadia Calviño, tenemos todas las papeletas para que se dé la variante económica, pero aun así se trataría de la proyección de una autocracia donde esta fuese el elemento definitorio.
La intención de Pedro Sánchez es bien simple: ejercer el control absoluto de los poderes del Estado, sin dejar un resquicio al pluralismo, ni siquiera a sus seguidores inmediatos. No existe, ni en el gobierno ni en el partido, un grupo dirigente, sino como vemos a través de TVE y de su prensa de obediencia estatal, un nutrido y eficiente equipo de fontaneros políticos que ejecutan las tareas para hacer técnicamente posible su mando, mientras de cara a los medios actúa un coro de papagayos con el encargo de repetir consignas y descalificaciones. J.A. Zarzalejos ha puesto de relieve la enorme concentración de poder que caracteriza al nuevo gobierno, con Sumar de simple apéndice. En ese esquema centralizado, Félix Bolaños actúa como pieza clave y hombre-orquesta que al mismo tiempo dirige el equipo técnico-administrativo (Presidencia), controla los dos poderes que el Ejecutivo no duda en someter (Justicia y Cortes) e incluso oficia de corifeo, aquí en un doble papel de transmisor y de mastín frente a la oposición política. Consecuencia. en manos de Pedro Sánchez, el aparato de Estado asume un carácter similar al que en Italia marcó al conjunto de la trama mafiosa, a modo de una piovra, de un pulpo que emplea su cerebro y sus brazos para someter a su dictado y a sus intereses, todas y cada una de las organizaciones y elementos vitales del sistema político y de la sociedad civil.
«No se trata de destruir la democracia, sino de vaciarla por un procedimiento ‘soft’ en apariencia, pero inexorable»
La diferencia con las dictaduras clásicas, las de la escala de los totalitarismos, reside en que no se trata de llegar al poder, y ejercerlo después, a partir de un golpe de Estado puntual, espectacular, convertido luego en dominación permanente, sino de conquistar el sistema desde el interior, proclamando siempre un inexistente respeto a la forma democrática. Solo al dar al total percibimos que el pluralismo desaparece, al modo de lo que tiene lugar en la Turquía de Erdogan. De acuerdo con las pautas de la posmodernidad, nuestro dictador posmoderno acuña su poder absoluto mediante una secuencia de decisiones mutantes, cuya naturaleza es encubierta por el lenguaje. No se trata de destruir la democracia, sino de vaciarla por un procedimiento soft en apariencia, pero inexorable. La prueba del algodón resulta inequívoca: Pedro Sánchez manda sobre todo componente en el sistema político, hace del PSOE un obediente partido-Estado, busca someter por completo al poder judicial, no tiene reparo en copar con sus peones los puestos llamados por la ley a actuar con autonomía y descalifica brutalmente -por sí mismo y por su coro- toda denuncia contra su estilo de gobierno. .
El fondo de la cuestión no ofrece dudas. De forma intuitiva, vemos realizado el diagnóstico de Carl Schmitt: la Constitución es reemplazada por el decisionismo del Líder. Las obsesivas referencias a «los intereses de España», a la «coherencia» de sus iniciativas, incluso al «agradecimiento» que mostrarán sus opositores, una vez tragado el aceite de ricino de sus medidas, nos informan acerca del ingreso en el espacio de la ilegalidad al que nos empuja ese decisionismo, y de la degradación en curso del orden constitucional. Nada califica mejor a Pedro Sánchez de dictador que su rotundo rechazo, tanto al debate y a la participación plural en las decisiones, como a permitir el derecho a la información de los asuntos de Estado, capital en toda democracia. A su juicio, para informar, es decir, para encubrir y edulcorar los propósitos del Líder, ya están sus medios, TVE y una prensa -un periódico, el de mayor influencia, CIS dixit– que arruinan el prestigio antes ganado, poniéndose al servicio de una beligerancia y un consiguiente falseamiento comparables a los de los medios de comunicación del pasado siglo en la Europa de los fascismos.
No deja de pagarse un precio muy alto por ello. La galería de infamias políticas a que aludimos en un comentario precedente, supone la activación de una serie de responsabilidades suficientemente probadas, que provocan una erosión en aumento sobre el sistema y los usos democráticos. Para mayor claridad expositiva, la desglosaremos en sus distintos componentes que podrían ser descritos al modo de unos insólitos siete pecados capitales políticos: la venalidad, la ignorancia, la mentira, la injusticia, la ira, el secretismo y la traición.
«La variante introducida por Sánchez es que vende el cuerpo de la nación para pagar el precio de su poder»
El primero, la VENALIDAD, la compra de cargos con vocación de perpetuidad, supone tal vez la aportación más original de Pedro Sánchez al repertorio de formas del comportamiento político. El término tiene algo de impreciso, se refiere ante todo a un uso del Antiguo Régimen, y para designar la transformación de las relaciones habituales de intercambio de servicios y compensaciones en un pago descarnado de votos por poder, ignorando los intereses colectivos, sería más preciso hablar de prostitución política, pero la connotación peyorativa de la expresión aconseja renunciar a ello, aun cuando su realidad sea incuestionable. Esto ha venido haciendo desde siempre el PNV, hasta ayer, vendiendo su voto parlamentario a cambio de concesiones políticas y económicas, y esa ha sido la ley vigente en el bazar político que precedió a la reciente investidura. La variante introducida por Pablo Sánchez es que él que no vende su cuerpo, sino el cuerpo de la nación para pagar el precio de su poder. Ha recibido un conjunto de votos, a cambio de entregar intereses económicos y parcelas de Estado, de los cuales no le era lícito disponer, y además de acuerdo con una curiosa lógica neosocialista, consistente en enriquecer a las comunidades de mayor renta, en detrimento de las demás. Tal es el eje en torno al cual giran sus restantes pecados capitales.
El más inmediato es la IGNORANCIA, que hace posible el deambular de Sánchez por los distintos problemas políticos, sin aportar nunca argumentos que fundamenten sus decisiones, y para dar giros de ciento ochenta grados en cuanto no se ajustan a sus conveniencias. Partiendo de su nebulosa tesis doctoral como economista, nunca ha salido de él un atisbo de análisis de situación, ni sobre el mundo ni sobre España. Otro tanto sucede en las demás ramas de la política. Repite siempre la falsa evidencia de que sus decisiones son beneficiosas para el país, y punto. La reciente entrevista de RTVE ha sido un recital en este sentido, con el único contenido de su permanente ataque el PP. La ignorancia le sirve así de patente de corso, que para ser eficaz, necesita impulsar otra ignorancia, la de los ciudadanos.
Al atender a ese fin, entra en juego la manipulación de la opinión pública llevada al extremo, hasta el punto de instalarse permanentemente en LA MENTIRA, no solo en la posverdad, cuando el gobierno tropieza con cualquier obstáculo. Así, después de designar Pedro Sánchez «el Muro frente a la ultraderecha» como clave de su política futura, en RTVE lo niega y acusa al PP de mentir por mencionarlo. Y tan fresco. En su viaje pro-amnistía a Bruselas, la falsedad propalada por Bolaños del interés «cero» de la UE por la futura ley, forzó un insólito desmentido del portavoz europeo para expresar el rechazo a tal inhibición. Los ejemplos pueden multiplicarse. Se trata de ejercer una intoxicación continuada, auxiliado el gobierno por sus medios. Ejemplo: el día 29, hasta Hamás daba a estos una lección de objetividad, en el canje de prisioneros de Gaza, mencionando sus «menores» liberados por Israel, que en la primera versión de los titulares del diario global de Sánchez pasaban a ser «niños encarcelados» (sic) puestos en libertad. De que entre los rehenes israelíes liberados había verdaderos niños, de diez y doce años, ni palabra. Todo sirve para inyectar maniqueísmo en la opinión.
«Con la amnistía, los condenados se vuelven legisladores y quienes hicieron cumplir la ley, pasan a ser culpables»
No hubo que esperar a la Grecia clásica para establecer la asociación entre verdad y justicia —concepto egipcio de maat— y la correlativa entre MENTIRA e INJUSTICIA, reflejada ya en el célebre bajorrelieve persa del castigo a los reyes mentirosos. Asistimos aquí a la práctica de lo contrario. El caso más próximo y relevante es la mentira sembrada por el secesionismo sobre las supuestas razones del 27-O, ahora convalidada por Pedro Sánchez en el documento con Junts, cuyo relato legitima la injusticia que preside su política sobre el procès, culminada con una ley de amnistía, donde los condenados se vuelven legisladores y quienes hicieron cumplir la ley, pasan a la condición de culpables. La lógica de inversión, cuyo emblema histórico es el Arbeit macht frei de Auschwitz, pasa a ser la norma de actuación del presidente en este terreno, humillando a todos aquellos que frenaron la secesión catalana, desde policías y jueces hasta el mismo Rey, y en sentido adverso confiriendo legitimidad a la sedición y abriendo paso a una nueva declaración unilateral de independencia. Si a esto unimos la estrategia de copar con fieles todos los órganos judiciales, y el significado de la inminente ley de Amnistía, no queda duda alguna sobre el resultado perseguido: el fin de la separación de poderes y la quiebra de la democracia.
A pesar de sus avances registrados en tal dirección, Pedro Sánchez sabe que las últimas resistencias judiciales no han sido vencidas y su reacción es la misma que cuando fuera derrotado en un debate electoral: la IRA. Lo suyo es aplastar al adversario y por eso, asociado con el independentismo, ha elegido la vía de Trump, apoyándose en la táctica de difamación que patentara Pablo Iglesias y que UP sostuvo hasta el último momento en el sí es sí: los jueces «conservadores», instrumentos del PP y de Vox, son enemigos natos, dispuestos siempre a subordinar la justicia a sus miras reaccionarias, «judicializando la política». «Cuervos togados», en palabras del aliado Puigdemont. Acabar con ellos es también una cuestión personal, ya que se atrevieron a cuestionarle. De ahí que ahora la madre de todas las batallas sea el lawfare, la anunciada persecución como prevaricadores de los jueces que a su juicio y al de Puigdemont lo practican. De momento, asoman las comisiones de investigación. Luego, la aplicación de la amnistía será la ocasión para de paso lograr la sumisión definitiva del poder Judicial a su Ejecutivo. La consolidación de la dictadura requiere el éxito de esta ofensiva.
El inconveniente reside en que esa consolidación de la autocracia en el Estado depende de unas fuerzas políticas cuyo objetivo es precisamente la destrucción de ese mismo Estado. Su pretensión mínima es lograr una confederación de independencias subvencionadas, partiendo de la soberanía fiscal (fachada de falsa solución a la medida de nuestro hombre). Resulta pues, indispensable que sobre esta cuestión capital, cuya realización implicaría el vaciado sin resquicios del orden constitucional, Pedro Sánchez imponga el SECRETISMO de cara al conjunto de los ciudadanos. Es lo que estamos viendo al ponerse en marcha la negociación-con-«verificador», iniciada en Ginebra entre los representantes de Sánchez y de Puigdemont. Nos encontramos ante una reproducción puntual de los misterios del poder propios del absolutismo del siglo XVII, de los entonces llamados arcana imperii, renacidos en calidad de obstáculos insalvables para la libertad informativa.
Son insalvables y necesarios para que Pedro Sánchez «avance» en el camino tomado, ya que de principio a fin el encuentro de Ginebra es contrario a la soberanía nacional, declarada en la Constitución de 1978, por mucho que como en la negociación de los votos la presencia del Estado se disfrace detrás de la máscara del partido. Pobre PSOE de hoy, como si estuviera en condiciones de negociar o acordar algo. Siempre fraude. Lo aborda además de manera tan elocuente como esperpéntica, al entablar una negociación de Estado bilateral con un prófugo, responsable de una secesión frustrada que hubiera hecho añicos la vigencia del orden constitucional. Y con un mediador internacional, similar al que intentó imponer ETA en su día, para vigilar de cerca los incumplimientos del Estado respecto de sus compromisos con Puigdemont.
«La figura del ‘verificador’ extranjero confirma la impresión de estricta bilateralidad entre España y Cataluña»
El formato prefigura el desenlace. De entrada, el Estado español renuncia a ejercer su soberanía en un asunto interno que cae de lleno en el ámbito de competencias fijado por la Constitución y lo somete, en vez de a las Cortes, a una mesa de negociación bilateral, en pie de igualdad con un prófugo sedicioso, a quien se devuelve para ello de facto la condición de president de Catalunya ya que de otro modo no tendría sentido tratar con él de un asunto de Estado. La figura del «verificador» extranjero confirma la impresión de estricta bilateralidad entre España y Cataluña, siendo encargado como figura super partes de vigilar y garantizar el cumplimiento de «los acuerdos dirigidos a alcanzar una solución política negociada del conflicto». Así que hay dos partes iguales y un «conflicto» a resolver. Octubre de 2017 ha ganado. La soberanía española, las Cortes y la Constitución se desvanecen, ya que como está sucediendo con la amnistía., el Congreso se limitará a servir de cámara de registro a lo que sea decidido con Waterloo. En el fondo ya está dicho todo: a falta de conocer las modalidades y el fraude de ley que lo haga posible, solo cabe la solución de un referéndum de autodeterminación para Cataluña, más o menos enmascarado. Sánchez no podrá engañar ya a nadie, porque ahí está el verificador y Puigdemont, aunque quisiera, no puede soltar la presa. Toda renuncia es para él un suicidio político y tiene colgado a Sánchez de su puñado de votos. Aragonés no va a quedarse atrás.
Claro que Sánchez necesita secreto, para no suscitar el estupor de los ciudadanos. Así intenta esconder su juego, pero esto no impide que su silencio avale lo revelado y exigido por Puigdemont: el referéndum, trampeando con el artículo 92 del TC. Esto significa ni más ni menos que la puesta en peligro del propio Estado por la ambición de un gobernante, que al obrar así prescinde de todo condicionamiento derivado de la Constitución. Pedro Sánchez tiene la obligación de saber que esta es reformable, pero nunca por un atajo extraparlamentario que la margina totalmente. Y no olvidemos la «claudicación incondicional» ante el PNV, de que habla Juan M. Pemán. Solo por el procedimiento adoptado, en el Antiguo Régimen lo hubieran calificado de ALTA TRAICIÓN. Por algo los gobiernos de Pedro Sánchez están empeñados en que los españoles no sepan historia.
En suma, la decisión de negociar con los independentismos, realmente en el marco de la Constitución, lo mismo que explorar a fondo las medidas de gracia aplicables a los delitos del procès, hubiera sido congruente con el diseño pacificador de un gobernante demócrata. Otra cosa fue abrir esa caja de Pandora, hasta el punto de cuestionar la propia estructura del Estado, de acuerdo con los deseos de sus destructores potenciales, y simplemente para asegurar la supervivencia como autócrata. El dilema es obvio: dictadura o Constitución.
