La justicia del CIS

Según un reciente informe del Centro de Investigaciones Sociológicas, la Justicia se mantiene como el servicio público peor valorado por los ciudadanos. Es curioso y seguramente no casual que el CIS insista ahora en esto con una dedicación notable, inversamente proporcional a la que presta a otros temas, como la opinión de la ciudadanía sobre la proyectada Ley de Amnistía, que al parecer no interesa, a pesar de ser cuestión esencial que afecta a nuestro ordenamiento constitucional.

En todo caso, cabe decir que el informe choca con el que, a instancias del CGPJ, se realizó por la empresa Metroscopia, en este mismo año 2023 y en el que se concluye, en una encuesta realizada entre quienes tuvieron contacto con la Administración de Justicia, que los mismos consideran al Poder Judicial como el mejor valorado de los tres poderes del Estado. Ocho de cada diez entrevistados dicen que los jueces españoles son competentes y están bien preparados y que recibieron de ellos un trato respetuoso. Eso sí, el 79% afirma que la justicia es lenta.

Como dije, el informe del CIS no es seguramente casual. Se enmarca en una una estrategia más amplia de desprestigio del Poder Judicial y de los Jueces en particular, alentada desde el poder político con la finalidad de justificar el asalto al mismo, que se prepara indisimuladamente y que en estos últimos tiempos se ha intensificado con el señalamiento de los jueces, en algún caso con nombres y apellidos, a quienes se acusa de seguir una estrategia de lawfare o guerra judicial, es decir, se les imputa el más grave delito que puede cometer un juez, que es el de prevaricación, por supuesto sin la valentía suficiente para hacerlo a través de una querella criminal encaminada a investigar tan grave delito, proponiendo a cambio una dilapidación pública de los jueces en comisiones de investigación parlamentarias a las que pretenden hacerles comparecer en contra de la ley.

Solo hay un punto en el que ambos informes sociológicos confluyen y es el de la lentitud de la Justicia, siendo ese dato cierto, sobre todo en las grandes ciudades. Ahora bien, es preciso señalar que dicha lentitud tiene sus causas esenciales fuera de la función judicial. La responsabilidad estriba en una patente y prolongada en el tiempo falta de inversión en Justicia por parte de quien dota de medios a la misma, es decir del poder político. Se convocan muy pocas plazas de jueces en las oposiciones, a pesar de que España tiene una de las relaciones juez por habitante más bajas de Europa -11,5 jueces por cada 100.000 habitantes por los 21 de media europea- y a pesar de que se sabe que se está produciendo un prolongado aumento de las jubilaciones, que va a ser espectacular cuando se jubilen los que entramos al servicio en los años 80 y 90, años de promociones grandes de jueces.

«Al poder político no le interesa el funcionamiento de la Justicia, porque no le da rédito electoral alguno y además le incomoda su papel de control del poder»

También debe advertirse de la escasa creación de Juzgados y Tribunales en los últimos años, muy por debajo de las peticiones que el Consejo General del Poder Judicial realiza periódicamente. Esta circunstancia, provoca el efecto paradójico de no poder ubicar con facilidad a las nuevas promociones de jueces que cada año salen de la Escuela Judicial en sus destinos.

Por último, es patente también la falta de reforma de los procesos judiciales, para asegurar una más ágil y eficaz tramitación de los procesos sin merma, eso sí, de las necesarias garantías derivadas del derecho constitucional del Poder Judicial.

Al poder político no le interesa el funcionamiento de la Justicia, porque no le da rédito electoral alguno y además le incomoda su papel de control del poder. En particular, le preocupan los procesos en los que se vean involucrados por haber podido cometer una infracción penal y los del orden contencioso administrativo, que tiene la esencial función de control de la legalidad de las actuaciones administrativas. El objetivo es cercenar esas potencialidades, por otro lado consustanciales a sistema de separación de poderes. Esa percepción, la tiene la ciudadanía. Así, en la encuesta de Metroscopia que se indicaba, el 75% de los encuestados creen que los gobiernos tienen más interés en controlar la Justicia que en dotarla de medios. 

En las Estados más libres, avanzados y democráticos el interés del poder político debería ser proteger el sistema de controles del poder como una riqueza del sistema democrático y, en concreto, la independencia del Juez, que es la garantía máxima de los derechos y libertades de los ciudadanos. Muchos ciudadanos lo saben y por eso en la encuesta elaborada a instancias del CGPJ, siete de cada diez coinciden en que la Justicia constituye la garantía última de la defensa de la democracia y de las libertades de los ciudadanos. Nos hace falta que esa percepción ciudadana, sea también algún día la que inspira la acción política.