En política, lo que parece es
«¿Necesita Sánchez ofrecer a Puigdemont las cabezas de jueces y fiscales que pretenden cumplir la ley, porque si no el prófugo es capaz de sacarlo de Moncloa?»
Ilustración de Alejandra Svriz.
El fiscal del Supremo Álvaro Redondo ha emitido un comunicado en el que niega que haya recibido presiones para cambiar de criterio respecto a su dictamen de no imputar a Puigdemont por un delito de terrorismo, por su vinculación con Tsunami Democràtic. Previamente, había dictaminado lo contrario en otro informe, y entre el primero y el segundo mantuvo una conversación con el Fiscal General del Estado.
En política, como ocurre en otros sectores de la sociedad, lo que parece es. Y que un profesional cambie de criterio con tanta rapidez y considere borrador un primer informe bien estructurado y redactado, indica, seguro, que hay gato encerrado. Es fácil deducir que el cambio está directamente relacionado con lo que hablaron Redondo y el fiscal Alvaro García Ortiz.
La Junta de Fiscales ha decidido por amplísima mayoría que se abra causa a Puigdemont por terrorismo, y la reacción del Gobierno ha sido encargar un informe a la teniente fiscal, segunda de a bordo del Fiscal General. Por primera vez en la historia se cuestiona una decisión de la Junta de Fiscales del Supremo y se encarga un informe para estudiarla. Muy poco tiempo después se anunciaba que el letrado mayor del Congreso, el recién nombrado Fernando Galindo, que en apenas un mes cosecha motivos para dudar de su independencia, no recibirá a los miembros de la Comisión de Venecia que han viajado a España para informarse sobre la ley de amnistía. Lo que parece, es que al letrado Galindo no le interesa que ninguna comisión investigue sobre los aspectos polémicos de una ley que no tiene más objetivo que librar a Puigdemont de la acción de la Justicia. Repetimos: en política, lo que parece es. Sánchez, por cierto, utilizó un informe de la Comisión de Venecia para exigir al PP la renovación urgente del Consejo General del Poder Judicial.
Así están las cosas en este país, en el que aparentemente el Gobierno y sus adláteres se encuentran en estado permanente de nervios, y han emprendido una lucha a muerte contra los jueces y fiscales que no se someten a sus directrices.
Sánchez ha anunciado en la Sexta que va a presentar una iniciativa para limitar el tiempo de instrucción de los jueces. Explica el presidente que no se pueden demorar tanto las decisiones en la administración de la justicia. Bien. Muy bien si no fuera porque él mismo determinó al poco de ser presidente que había que ampliar el plazo de instrucción a los jueces para que realizaran en profundidad su trabajo. Estaban dedicados de lleno a investigar la Gürtel, y Sánchez quería que dispusieran de todo el tiempo del mundo para llegar al fondo del asunto que implicaba a varios dirigentes del PP. Ahora en cambio quiere acortar los plazos para que los jueces no encuentren las pruebas necesarias para demostrar que Tsunami es un grupo terrorista y que Puigdemont y personas de su entorno alentaban a los rebeldes.
«Puigdemont y Sánchez temen a García Castellón más que a un nublado, y la campaña de desprestigio sobrepasa todo lo aceptable»
Pedro Sánchez no lo admite, pero lo que parece es que se mueve en función de lo que se le indica desde Waterloo. Desgraciadamente, eso es lo que ocurre. El Gobierno de España toma las decisiones que convienen a un prófugo de la justicia, que es quien permite que Pedro Sánchez se mantenga en La Moncloa. El precio a pagar es muy alto, pero Sánchez y quienes le apoyan —ay, la dignidad, cuánto escasea en el sanchismo— lo pagan con el insidioso argumento de que trabajan por la estabilidad social de Cataluña y la convivencia. Que levante la mano quien sea capaz de decir sin sonrojarse que la Cataluña actual es más estable, más sensata, más libre, más culta, más avanzada, más conciliadora y más tolerante que la de años atrás.
Lo que parece es que Puigdemont y Sánchez temen a García Castellón más que a un nublado, y la campaña de desprestigio sobrepasa todo lo aceptable. Se ha ampliado a todos los jueces y fiscales que, sin apoyar directamente a García Castellón, consideran sin embargo que tiene motivos para seguir indagando sobre la trastienda de Tsunami, qué personajes se mueven en esa trastienda y qué instrucciones imparten.
¿Por qué Sánchez acepta todo lo que le ordena Puigdemont? ¿Será porque cree el presidente que sin su apoyo y los siete votos de Junts tiene escasas posibilidades de sobrevivir como gobernante? ¿Piensa Sánchez que necesita ofrecer a Puigdemont las cabezas de jueces y fiscales que pretenden cumplir con lo que marca la ley, porque en caso contrario el prófugo es capaz de sacarlo de Moncloa y mandarlo a los infiernos de la irrelevancia?
Es lo que parece. Y en política ….
