Telebronca en Moncloa

Fui directora general de los medios públicos catalanes. En otros tiempos, cuando aún no había comenzado el famoso procés. El primer gobierno de Pasqual Maragall elaboró una nueva ley para modernizar la gestión de TV3 y Catalunya Radio. Se trataba de imitar a la BBC en transparencia y neutralidad. Ni siquiera me había presentado al concurso de méritos, cuando un joven político nacionalista, al que no conocía personalmente, me llamó al móvil para aconsejarme que no enviara mi candidatura. «Es un cargo demasiado político, depende de los pactos entre partidos. No es para ti. Te arrepentirás». Ilusionada como estaba y haciendo gala de una absurda inocencia, me enfadó su atrevimiento. Pero tenía razón. Dos años y medio después, dimití.

Con notables excepciones, lo único que interesaba a la mayoría de aquel Consejo de 12 miembros (escogido por los partidos políticos) era que sus jefes estuvieran contentos. Esa felicidad dependía de los minutos de presencia en pantalla, no de los resultados financieros o de la calidad de los informativos, que aún era alta debido a una jefa de redacción formidable, de esas que atienden pocas llamadas de compromiso y priorizan la noticia. Luego llegó «el procés» y la corporación se convirtió en altavoz independentista.

Ha pasado más de una década desde entonces, pero las televisiones autonómicas o estatales se resisten a cambiar, fiando la supervivencia a subvenciones y tasas. El juego de tronos que se vive hoy en RTVE es la prueba de que el viejo modelo, el que pagamos todos, ha caducado. Nadie piensa en transformarlo. El reciente espectáculo de ceses y dimisiones, con sus protagonistas (políticos, sindicalistas, productores y asesores), nos mantiene atentos a la larga y entretenida serie que se rueda en los despachos de la televisión de Moncloa.
Los ciudadanos espectadores, al menos los de mi bar de la esquina, se preguntan: ¿Con lo que estamos viendo, quién va a querer pagar los canales públicos? Nadie responde. Por ahora, se trata de contratar al cómico David Broncano para que le quite audiencia al Hormiguero de Antena 3. Pablo Motos no gusta a la izquierda que gobierna. Quieren asegurar el prime time y el voto joven para Pedro Sánchez. Si hay que reducir el tiempo de los informativos de La 1, pues se reduce, y si hace falta cortar cabezas directivas, se cortan.

Es loable el interés de cualquier director o productor por aumentar la audiencia de los programas. Más aún en una televisión como TVE, que lleva años perdiendo espectadores. Durante el pasado mes de marzo, por no ir más lejos, La 1 quedó en cuarto lugar con un 9,2%. Por delante, se situaron: Antena 3 (12,6%), Temáticas pago (11,1%) y Telecinco (10,6). Las 11 Autonómicas, que no son pocas, consiguieron una media de 8,1%.

La audiencia, sin embargo, no puede ser a cualquier precio, menos aún si el «paganini» de turno es público. Y ese es el caso de RTVE, que vive de las subvenciones (compensaciones del servicio o partidas ministeriales) y de las tasas que están obligadas a pagar los operadores de televisión, plataformas o telecos. En definitiva, de los 1.000 millones que recibe para compensar su gasto anual.

La gran tentación de esos directivos y asesores que quieren contentar a sus jefes políticos es firmar contratos que aseguren espectadores a la tele de todos. Lo fácil es apostar por el fútbol. Eso hicieron en 2022. Pagaron 37 millones a Mediapro por los derechos en abierto de los partidos del Mundial. Y, en total, ingresaron un millón de euros. O sea, perdieron 36 kilos y ganaron algún punto de audiencia.

«La audiencia, sin embargo, no puede ser a cualquier precio, menos aún si el ‘paganini’ de turno es público»

Mientras tanto, los costes, un tema del que gusta poco hablar, se mantienen altos. La plantilla de TVE se eleva a 6.700 trabajadores, una cifra superior al de todas las televisiones privadas juntas, y cuesta alrededor de 450 millones anuales. A pesar de ello, amparándose en el envejecimiento de la plantilla y en la necesidad de hacer fijos a numerosos interinos, el pasado año se convocó un problemático concurso para mil nuevas plazas. Quedó suspendido judicialmente por «fomentar la desigualdad».

La única noticia relevante para cualquiera que trabaje en el mundo audiovisual generalista y en abierto es que las audiencias continúan cayendo, al igual que la publicidad. El pasado 2023 fue el año de menos consumo de TV tradicional de la historia. Me gustaría escribir que, en este nuevo y potente entorno digital, los medios públicos continúan siendo valiosos para la sociedad, que el talento profesional e informativo que hay dentro bastará para salvarlos. Pero ya estoy mayor para soñar despierta, para mentirles.

Nadie quiere afrontar la realidad del desgobierno televisivo. Siguen los partidos aplazando el cambio de un modelo que ya era obsoleto hace más de una década. Demuestran que sólo les interesa los minutos que ocupan sus líderes y el número de sillas que tienen en el consejo. Así, las cadenas públicas, convertidas en aparatos de propaganda gubernamental, están condenadas a una muerte lenta. Con o sin Broncano.