Nos ha robado hasta el amor propio
«Cuando la moral se convierte en una atribución del Estado, la corrupción y la lucha contra la corrupción se convierten en las dos caras de la misma moneda»
Ilustración de Alejandra Svriz.
El tráfico de influencias y las relaciones incestuosas entre la política y los negocios no son ninguna novedad. Cualquiera que haya estado lo suficientemente cerca de cualquier negocio relevante que en última instancia dependiera de la política lo sabe. La coyunda es lo que marca la diferencia. Esa concesión, ese concurso, esa jugosa subvención acaba cayendo del lado oportuno gracias al empujón definitivo del tráfico de influencias, antes disimulado, hoy a menudo descarado.
Esto no es un fenómeno exclusivo de nuestro país. No ya los muy corruptos, también los más ejemplares tienen su cuota de tráfico de influencias, sin embargo, estos últimos consiguen mantenerla dentro de unos límites soportables. Lo logran no sólo porque sus leyes y mecanismos de control estén bien diseñados, sino porque las actitudes en general y especialmente de quienes intervienen y deben supervisar el arbitraje del Estado son las correctas. Y lo son por dos motivos. El primero, porque la cultura que impera es intolerante con las actitudes deshonestas y castiga con dureza tanto al corrupto como al que simplemente consiente, aun cuando no se beneficie. Y segundo, porque esa misma cultura imbuye en los sujetos el amor propio necesario para entender que lo que hacen los define frente a los demás y, sobre todo, frente a sí mismos.
En España, las leyes y los mecanismos de control, aun a pesar de ser sospechosamente farragosos, deberían bastar para controlar la corrupción. Sin embargo, las actitudes imperantes lejos de reforzar las leyes, tienden a explotar sus puntos débiles y a bordearlas para que el acto de corrupción sea técnicamente legal.
Aquí llegamos al aspecto clave del asunto. Cuando la moral se reduce a las leyes, al cumplimiento in extremis de reglas formales imperfectas, el amor propio que debería aquilatar nuestros actos deja de tener valor. Si distinguir lo que es correcto de lo que no lo es ya no depende de nuestro juicio porque la moral se ha convertido en una competencia exclusiva del legislador, ese freno último que es la conciencia individual desaparece. Todo se reduce a la habilidad con que nos manejemos dentro de ese farragoso sistema legal a la hora de conseguir nuestros objetivos. Un juego en el que tendrán ventaja los poderosos, los que más recursos tienen y, por supuesto, los menos escrupulosos.
Ocurre, además, que la verdad jurídica y la verdad no son lo mismo. Para demostrarlo bastará un sencillo ejemplo. ¿Quién fue Alphonse Gabriel Capone, más conocido como Al Capone? Según la justicia fue un defraudador de impuestos. Sin embargo, se sabe que Al Capone fue un violentísimo mafioso responsable de numerosos asesinatos al que, sin embargo, su astucia y la habilidad de sus abogados evitó que fuera condenado por ellos.
Con todo, lo peor es que, cuando la moral se reduce a la legislación, la corrupción no queda restringida a la política o a las covachuelas del poder. Al desaparecer el freno último del amor propio la corrupción se extiende como una mancha de aceite. Poco a poco las personas, independientemente de su posición, desarrollan un pensamiento estratégico que convierte la moral en un bien deseable pero gravoso y a menudo inconveniente. Se tiende así a diferirla, a colocarla al final de la cadena de actos y decisiones como un objetivo último con el que justificarlos. Todo lo que el individuo haga a lo largo de esa cadena, sea correcto o no, estará justificado porque su meta es legítima y moralmente deseable. El fin justificará los medios.
«La democracia se echa a perder, porque lo que la diferenciaba era sobre todo haber sustituido el sistema de selección aristocrático por otro de acreditación meritocrática»
Digo que esto es lo peor porque cuando este pensamiento estratégico se propaga, además de envilecer al conjunto de la sociedad, también convierte la lucha contra la corrupción en una corrupción enmascarada, engalanada de principios y buenas intenciones, donde se emboscan y prosperan no los mejores, los más meritorios y ejemplares, sino los más espabilados, los que menos escrúpulos tienen y más dispuestos están a traficar con favores y prebendas para sacar tajada.
Así se explicaría la aparente falta de músculo de buena parte de la sociedad a la hora de castigar la corrupción. Muchas personas transigirían porque han caído en el error de que el fin, si es moralmente elevado, justifica los medios. Y que la cadena de despropósitos, afrentas y corruptelas del Gobierno palidecen al lado de un bien mayor; por ejemplo, impedir que los fascistas lleguen al poder. Sin embargo, otras muchas asumirían la corrupción como algo consustancial a la política y a la vida en sociedad porque descontarían que todos los que se postulan como adalides de la anticorrupción son unos farsantes.
La crisis de nuestra democracia tiene que ver más con lo segundo que con lo primero, aunque ambas actitudes son importantes. Esta impostura también explicaría la dramática pérdida de credibilidad del periodismo, pues la actitud beligerante y polarizada de la prensa sería un reflejo interesado de las facciones que pugnan por el poder y que justifican sus excesos y corruptelas mediante el subterfugio del bien mayor.
Cuando la moral deja de ser una competencia de la sociedad y se convierte en una atribución del Estado, la corrupción y la lucha contra la corrupción se convierten en las dos caras de la misma moneda. Un negociado con derecho de admisión, donde sólo tendrán un sitio destacado no los más meritorios políticos, periodistas, intelectuales o empresarios, sino quienes puedan y estén dispuestos a pagar por él, bien sea con dinero, favores o servicios.
Así la democracia se echa a perder, porque lo que diferenciaba a las democracias modernas de las viejas sociedades estamentales no era sólo el sufragio universal, era sobre todo haber sustituido el sistema de selección aristocrático por otro de acreditación meritocrática. Este sistema de acreditación garantizaba que se escogería a los más cualificados sin atenerse a privilegios hereditarios o títulos nobiliarios. Cuando esta acreditación acaba reduciéndose a lo que estés dispuesto a transaccionar, a darme o hacer por mí, el tráfico de influencias se convierte en el santo y seña de la sociedad y el poder se apodera de todo, incluso de tu amor propio.
