PP y Vox, ultras y filonazis

Los bullangueros del PSOE, como el diputado vocinglero que defendió la Ley de Amnistía en el Congreso, se dedican a definir al PP y a Vox como «fascistas». Dicen que no hay diferencia entre ellos porque ambos son ultras, nostálgicos del franquismo e, incluso, filonazis. En su ramplonería, estos sanchistas no perciben la consecuencia de la falacia. 

Si tuvieran razón esos mendrugos, el fascismo gobernaría en 11 comunidades autónomas y en el 40% de los municipios; esto es, sobre casi la mitad de los españoles, que es donde manda el PP a veces con Vox. Siguiendo el razonamiento estúpido, el fascismo tendría mayoría absoluta en Madrid, Andalucía, Murcia, Valencia, Castilla y León y tantos otros sitios. Si esos gobiernos regionales fueran fascistas y, por tanto, odiaran la democracia y el pluralismo, ¿por qué no eliminan los derechos políticos en esos territorios a través de la legislación y prohíben otros partidos, como Mussolini, y organizan una milicia redentora contra los «progresistas»? 

«Lo que es poco sutil es cambiar la definición de fascismo para aplicarla al adversario y anular el debate»

Los mendaces alegan que el fascismo tiene ahora «otras caras, y es más sutil». Bueno, lo que es poco sutil es cambiar la definición de fascismo para aplicarla al adversario y anular el debate. Porque ese insulto sirve para concluir cualquier discusión, cambiando el intercambio de argumentos por el de improperios. Por eso, para no tratar los temas, apareció el diputado meritorio en el debate sobre la amnistía y, seguro del aplauso norcoreano de la bancada sanchista, llamó «fascistas» y «filonazis» a los parlamentarios de Vox para, a continuación, asegurar en su facundia que no existe diferencia entre el partido de Abascal y el de Feijóo. De esta forma pretendió zanjar el debate sobre la cuestión. 

El parlamentario ignoto no fue original en su insulto. Ya lo hizo el pasado mes de abril Rita Maestre en el Pleno municipal de Madrid. La diferencia es que el presidente de dicha asamblea expulsó a la jefa de Más Madrid, y Armengol permitió el insulto para el éxtasis de sus conmilitones. 

El izquierdista llama «fascismo» a la negación de su política. Si alguien dice que lo que hicieron los independentistas en 2017 fue un golpe de Estado, pues es fascista. Si dice que la amnistía rompe el Estado democrático de Derecho, también es fascista. Si afirma que las cifras del paro están maquilladas, por supuesto que es un fascista. Si defiende la separación de poderes, fascista de tomo y lomo. Si recuerda que la Comisión de Venecia no bendijo la ley de Sánchez, no cabe duda de que es fascista. Si afirma que Sánchez mintió, miente y mentirá, es que es un fascista. Si muestra que la economía va como un cohete… artificial, en fin, ya se sabe. 

«Es indudable que el PSOE de Sánchez ha finalizado ya ese viaje al extremismo, y ha ocupado el espacio de Sumar y Podemos»

El uso de «fascista» para denostar a todo el que se opone a su dictado es propio de la extrema izquierda. Es indudable que el PSOE de Sánchez ha finalizado ya ese viaje al extremismo, y ha ocupado el espacio de Sumar y Podemos. El problema es que la extrema izquierda es incompatible con la democracia. Edurne Uriarte lo cuenta en el trabajo colectivo La extrema izquierda en la Europa occidental. Liberalismo y amenazas para la democracia (Tecnos, 2024). Este tipo de izquierdismo, dice la politóloga, en lugar de buscar modelos europeos de democracias liberales, busca el apoyo de dictaduras políticas y religiosas. Véanse los lazos del sanchismo con el Grupo de Puebla, y los aplausos que concita de Hamás o Irán, frente a su aislamiento cada vez mayor de las potencias de la UE. 

Además, señala Edurne Uriarte, su concepto de democracia es populista y autoritario, desprecia la separación de poderes y a la oposición legalista, la libertad de prensa y a la independencia judicial. Esta extrema izquierda se arroga la voz del pueblo y se apropia de la soberanía para liquidar a sus adversarios. Para conseguir su plan de hegemonía conquista el Estado en una corrupción de las leyes y de la confianza en la que descansa la democracia. Y lo hace para remover los obstáculos a su política. Esto es justo lo que ha hecho Sánchez desde 2018. 

Luego, la extrema izquierda lleva a cabo un combate contra el capitalismo con un proceso de nacionalizaciones. Eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con su entrada en Telefónica e Indra, o proponer una farmacéutica y una eléctrica estatales. El discurso es combatir el libre mercado y, dicen, asegurar los derechos sociales, pero en realidad es para aumentar su poder social para la transformación. En esas instituciones, por supuesto, colocan a los suyos, no a profesionales de reconocido prestigio. En esto, Sánchez también cumple con el modelo. 

«La consigna es llamar ‘fascista’ a todo el que se mueva o replique»

El extremista de izquierdas, señala Edurne Uriarte, desprecia los contrapesos, por eso pretende que toda resolución emanada de un Parlamento sea ley, aunque no case con el ordenamiento jurídico. Por eso, por ejemplo, Félix Bolaños, ministro de los tres poderes, salió del Congreso tras la aprobación de la Ley de Amnistía diciendo que lo que aprueba «el pueblo» no lo pueden rechazar los tribunales. Y es que «la extrema izquierda» —escribe Uriarte— «enfrenta al pueblo con el Estado de derecho»; es decir, cuestiona el orden constitucional, se atribuye el dictado indiscutible y, por tanto, «se sitúa claramente dentro de las fuerzas iliberales críticas con la democracia».

Una opción autoritaria de este tipo, como la que representa la extrema izquierda ahora ocupada por el PSOE de Sánchez, necesita el conflicto, por lo que polariza a través del insulto y el lenguaje grueso. La consigna es llamar «fascista» a todo el que se mueva o replique. Es lógico así que sus más grises voceros califiquen de «ultras» o «filonazis» a la oposición. No solo va en su sueldo, es que son peones que no dan para más.