Sánchez, dimisión por corrupción
«Un presidente de Gobierno que decidiera dimitir y colaborara con la justicia podría salvarse de una posible futura condena por complicidad y encubrimiento»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Ayer surgió la noticia que no por esperada deja de ser impactante. Que la mujer de un presidente del Gobierno sea citada para entrar en un juzgado y declarar como imputada -ahora investigada- por la posible comisión de varios delitos es una noticia grave, gravísima. Lo es pese a que muchos, interesados o tontos útiles, le quieran quitar gravedad. Ni los jueces imputan a nadie así porque sí ni la condición de investigado se sortea en la cola de una Universidad. De manera que sí, que la cuestión es ciertamente seria como serio es lo realizado por Begoña Gómez que le ha llevado a estar donde de momento está. Porque la actuación judicial sigue su curso y en su desarrollo pueden conocerse nuevos datos que incluso agraven la situación que ahora tiene.
Así está sucediendo desde que se destapó el caso. Todo empezó con unas contrataciones y un nombramiento recibidos carentes de correlación con su currículum académico y con su experiencia profesional. Después se supo su versátil relación con Hidalgo y con Aldama, poco adecuada la primera por su coincidencia en fechas con el rescate gubernamental de su empresa y absolutamente improcedente la segunda dado el perfil del personaje. Conocimos después su inaudito apoyo a empresas que aspiraban a resultar adjudicatarias de contratos en concursos públicos y que casualmente lo consiguieron. Todo lo anterior considerado en su conjunto ya resulta indiciario de una posible conducta ilegal y así lo apreció el juez instructor del caso, apreciación que ha sido ratificada por el órgano judicial colectivo que tuvo que ratificarlo.
Pese a todo, los interesados y los tontos útiles mantienen que no hay gravedad en lo expuesto utilizando para ello argumentos tan artificiales como artificiosos. Un ejemplo, para restar relevancia a las citadas cartas de recomendación mantienen que es habitual que los licitadores en concursos presenten documentos de otras empresas que también les recomiendan. Seamos serios, cuando un banco suscribe un escrito por el que reconoce su confianza en un aspirante a adjudicatario de un contrato con el Estado lo que está manifestando es que el recomendado se ha comportado seriamente en la relación empresarial que han mantenido. ¿Qué puede manifestar al respecto Begoña Gómez? Nada. De manera que los escritos que ella firmó y que los aspirantes a ser contratistas del sector público presentaron no tiene otro valor que el estar firmado por la mujer del presidente del Gobierno. Así de claro.
Otro ejemplo, afirman unos y otros que ella podría haber influido en la adjudicación sin necesidad de firmar nada pues le hubiera podido bastar una llamada telefónica que no dejara rastro en papel de su interés. Al afirmarlo, además de reconocer que la recomendación de Begoña Gómez sí tiene valor, lo que hacen es minusvalorar su habilidad o explicitar su torpeza pues no hacen sino que retratar que fue torpe al elegir el método que eligió. Pero la torpeza no es eximente de la responsabilidad.
La cuestión es que con posterioridad a ser declarada investigada o imputada se ha conocido la que, por el momento, es la actuación más comprometida de Begoña Gómez. Se trata de la inscripción como suyo en el Registro Oficial de Marcas y Patentes de un activo inmaterial que no le pertenecía. Es así porque el software registrado fue elaborado por varias empresas tecnológicas para la Universidad Complutense y no para Begoña Gómez tal y como a ésta le explicó el vicerrector competente, explicación que no sirvió para que ella desistiera de su propósito. Que me perdonen los interesados y los tontos útiles, pero en mi opinión -puedo estar errado- esa conducta está tipificada en el Código Penal. Y no es preciso, como pudiera serlo en las otras anteriormente expuestas, valoración o interpretación alguna para discernir si en función de las consecuencias que se deriven lo realizado se infringió o no la legalidad. En este caso, inscribir como propio lo que es ajeno constituye en sí mismo y de manera objetiva un ilícito.
«El de Begoña Gómez no es el único caso de posible corrupción que rodea a Sánchez»
Quiere decirse que junto a los actos que le han llevado a ser ya procesalmente investigada o imputada, se cierne sobre Begoña Gómez uno más cuya gravedad es aún mayor. Y quién sabe si las investigaciones periodísticas o judicial no conduzcan al descubrimiento de otros nuevos. Visto el desahogo y la sensación de impunidad con los que parece haber actuado, cualquier cosa cabe esperar.
En todo caso, se conozcan o no nuevas irregularidades que hubiera podido cometer, las ya conocidas son de sobra suficientes para que Sánchez se pregunte y todos nos preguntemos si España merece tener un Gobierno presidido por alguien cuya mujer está siendo judicialmente investigada por corrupción. Es una situación objetivamente anómala, sin precedentes en la España democrática y tampoco en los países democráticos de nuestro entorno. Y eso sin olvidar que no es el único caso de posible corrupción que rodea a Sánchez, pues las posibles irregularidades laboral, fiscal, y quién sabe si penal, de su hermano David también le salpican de plano, pues están en medio la Diputación de Badajoz gobernada por en PSOE y la Agencia Tributaria de dependencia estatal.
Dejando el ámbito familiar, también acecha a Sánchez la corrupción que anida en su Gobierno pues sobre varios de sus ministerios pende la sospecha de haber contratado fraudulentamente mascarillas mediando un enriquecimiento indebido. Como pende también sobre otras instituciones entonces regidas por dirigentes del PSOE como son las Comunidades Autónomas de Baleares y de Canarias. En fin, que adaptando al caso la conocida pregunta se le podría decir a Sánchez: «¿Y tú me lo preguntas? Corrupción eres tú».
«La dimisión de Sánchez es lo mejor que podría suceder para la higiene democrática de España»
En el escenario descrito, la dimisión de Sánchez es lo mejor que podría suceder tanto para la higiene democrática de España como para su propia dignidad. Ésta no le preocupa demasiado al interesado como ya sabemos y menos aún le interesa la pulcritud de nuestra democracia como también conocemos. De manera que para intentar convencerle para que conjugue en primera persona el verbo dimitir hemos de recurrir a otros argumentos ante los que sea más permeable. Es ahí donde hay que apelar a su egoísmo haciéndole ver que pudiera estar en juego su futura libertad.
Sin duda, un presidente de Gobierno que en su actual situación decidiera dimitir, dejara de obstruir a la justicia y pasara a colaborar con ella, podría salvarse de una posible futura condena por complicidad y encubrimiento, si no por colaboración necesaria, con la corrupción. Si, por el contrario, se atrinchera en La Moncloa y, como está haciendo hasta ahora, sigue utilizando todos los resortes del poder para intentar amedrentar a los jueces e impedir que cumplan leal y adecuadamente con sus funciones pudiera acabar perdiendo primero el poder y después la libertad.
Dado que aquél se pierde antes o después -no creo que Sánchez esté tan cegado como para pensar que nunca lo va a perder- la opción que se le presenta es renunciar a prolongar su estancia en el machito a cambio de evitarse un posible futuro proceso que puede acabar con sus huesos en la cárcel. Lo reitero: Él ni quiere ni desea la higiene democrática y tampoco cree ni practica la dignidad, pero su egoísmo es evidente. Por eso, por egoísta, es por lo que le conviene tirar ahora voluntariamente la toalla. Si no lo hace hoy, cuando antes o después le sea arrebatada por las urnas le puede ir peor.
