Enfriar la sonrisa

Cinco años han tardado populares y socialistas en cerrar un acuerdo para la renovación de los miembros del CGPJ. Cinco años para un acuerdo que, probablemente, y dado el durísimo enfrentamiento vivido, parecía el menos malo de los posibles al introducir una serie de garantías muy positivas en el ámbito de la profesionalidad y de la independencia en los futuros nombramientos del consejo. Se evitaba la parálisis de la administración judicial, se introducían medidas garantistas de la profesionalidad e independencia de los vocales y se establecía un sistema para que en un plazo de seis meses el propio CGPJ propusiera una reforma del sistema de elección de los jueces.

Cinco años en firmar el acuerdo y apenas 36 horas en romperse el espíritu. Las declaraciones del ministro Bolaños, en las que asegura que no es vinculante para el gobierno la propuesta que decida el CGPJ para la modificación del sistema de elección, ha abierto grietas inmediatas. Esa propuesta, según el acuerdo, tendrá que ser enviada en un plazo de seis meses al Congreso y Senado para su votación. Y es ahí donde sorprendentemente, tras las sonrisas y apretones de mano de Bruselas, surgen de nuevo las diferencias que habían marcado estos cinco años de desacuerdo. Para el PP el sentido del acuerdo es que deberá ser aprobada la propuesta que decidan los vocales del CGPJ. Para el gobierno, no. Votará a favor si le gusta y si no, pues votará en contra y no se reformará el sistema.  

Feijóo había jugado los tiempos para alcanzar este acuerdo del que se sentía satisfecho al noventa y nueve por cien. No estaba al completo tranquilo e insinuaba que sería un gran acuerdo siempre que Sánchez no intentara de nuevo romper las reglas y el espíritu de lo firmado. 36 horas han tardado los socialistas en romper lo que el ministro de Transportes, Óscar Puente, llamaba «oasis» en mitad del desierto de las relaciones con el PP. Y Feijóo, que ha apostado mucho también internamente a este pacto, se ve obligado a advertir que cualquier duda sobre el espíritu del acuerdo de que sean los jueces los que elijan el sistema llevará al PP a no firmarlo. Es pronto para saber si es una nueva treta de Sánchez o sencillamente son declaraciones para calmar a los enfadados socios del gobierno que se han visto fuera de todo el proceso de negociación. Ante cualquier otro político, estas dudas después del evento organizado en Bruselas serían leves. En el caso de Sánchez, no. Puede traicionar el sentido de lo firmado sin ningún remordimiento e incluso intentar venderlo entre sus socios como algo positivo.

Debería preocuparle que está bajo la lupa de una Unión Europea que se ha implicado de forma directa en conseguir el acuerdo y que tiene como línea doctrinal en todos los países miembros el que sean los jueces los que elijan a los jueces. Si recordamos los últimos hechos de hace apenas semanas, era Pedro Sánchez el que se permitió dar un ultimátum para que, si no se llegaba a un acuerdo, tomar unilateralmente las medidas necesarias para renovar el CGPJ. Era un farol. Un gran farol que insinuaba su disposición a saltarse de nuevo las directrices europeas y volver a la ya rechazada senda de la mayoría absoluta para renovar los cargos. Era un farol porque además es en julio cuando se suele publicar el Informe del Estado de derecho en la Unión Europea. Esta vez coincidía casi en el tiempo con la votación en el Parlamento Europeo para la renovación de mandato de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Sánchez no se podía arriesgar a un varapalo público de ese calibre. Pero dentro de seis meses, quién sabe qué puede pasar.

«Nadie sabe nada sobre ese proyecto sobre los medios de comunicación. Ni quién lo está haciendo, ni con quién están hablando. Ni siquiera Sumar»

Sánchez sabe que siempre hay que ganar tiempo. Y los tiempos reales, en realidad a quien presionan y rodean ahora es a él y por eso juega al patadón hacia delante. Ahora está rodeado por los resultados electorales europeos que le han dejado en extrema soledad; rodeado por el bloqueo independentista en Cataluña que van a impedir de nuevo que Illa llegue al poder; rodeado por una inestabilidad de sus socios que parecen definitivos para que otro año más no haya presupuestos generales. Y sobre todo rodeado por los escándalos de corrupción que más allá de su gobierno afectan ya a su propio entorno personal. Y de todo, es justamente esto último, la investigación sobre su mujer Begoña Gómez, por delitos de corrupción y de tráfico de influencias, lo que más le preocupa y ocupa. 

Con las declaraciones de Bolaños consigue enfriar la sonrisa al PP. Juega a la duda y se prepara para otro órdago, esta vez una serie de medidas que afectan a los medios de comunicación. Nada se sabe, pero mucho se teme que nos podamos encontrar, ojalá no, con un retorcimiento de la realidad para poder controlar o asustar a los medios. Sánchez necesita controlar siempre controlar la narración agrupando a sus tropas. Ahora llegará otro toque de arrebato para luchar contra los supuestos bulos, los pseudo medios y las supuestas máquinas de fango que lleva denunciando desde que estalló el caso de su esposa. Intenta deslegitimar todo lo publicado sobre ella, como si las informaciones fueran falsas o como si no hubiera ya una investigación judicial abierta y que ha sido ratificada ya por cuatro jueces. 

La obligada aplicación en España del Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación, con una serie de medidas positivamente valoradas por todo el mundo, pudieran traer derivadas peligrosas en su aplicación efectiva. El conocimiento público de la propiedad real de los medios de comunicación o la reglamentación de los criterios para la asignación de la publicidad institucional en los medios son objetivos loables para todos. Su aplicación de manera objetiva y rigurosa debe aumentar la transparencia. Pero la introducción de elementos subjetivos, como piden ya algunos medios amigos, puede contaminar un proceso que busca todo lo contrario.

Nadie sabe nada sobre ese proyecto sobre los medios de comunicación. Ni quién lo está haciendo, ni con quién están hablando. No se sabe nada, ni siquiera sus socios de gobierno de Sumar, que solo han encontrado el silencio cuando han preguntado. Se está realizando en un total secretismo que siempre es lo contrario de la transparencia. Pareciera que viene con la intención de un traje hecho que sea un trágala para los medios. 

Mientras llega, lo que está claro es que el PP va a redoblar su fuego artillero con exigencias como el cese del fiscal general del Estado y con más presión sobre los casos de corrupción que rodean a Sánchez. Pero las nuevas dudas abiertas sobre el éxito del pacto del CGPJ crean también presiones a Feijóo. Aunque nadie en Génova se fiaba de Sánchez, Feijóo estaba contento de cerrar el acuerdo. Todos en el PP han cerrado filas y han apoyado el acuerdo, de momento. Feijóo hoy estaba más fuerte que ayer dentro del partido. Pero las declaraciones de Bolaños han enfriado muchas sonrisas en Génova.