Comer aparte, comer más

Era evidente que los resultados de las elecciones en Cataluña iban a elevar al cuadrado el chantaje. Si con anterioridad Sánchez tenía que pagar por el Gobierno de España, a partir de ahora necesita hacer más cesiones para conseguir, o mantener en su caso, el Gobierno de la Generalitat. Esquerra no se ha hecho esperar y ha planteado la cantinela de siempre, de la totalidad de los catalanes. En esto coinciden todos, los de izquierdas y los de derechas: España nos roba.

Que lo defiendan los conservadores y el poder económico puede parecer hasta cierto punto lógico. Así comenzó el procés. Artur Mas, para librarse de los indignados, convirtió la contestación social en enfrentamiento territorial. Se fue a ver a Rajoy y reclamó el cupo para Cataluña. Hemos retornado al inicio y ahora parece que es Esquerra la que ha puesto la exigencia encima de la mesa. Para investir a Illa presidente de la Generalitat quiere cobrar el peaje. Con ello aparece de manera clara algo que ya intuíamos, que, no se sabe si Esquerra será republicana, pero ciertamente no es de izquierdas.

Quizás lo que en principio podía ser más extraño era que el PSOE asumiera la misma tesis. Digo el PSOE, porque hace mucho tiempo que el PSC viene defendiendo una postura similar. Habrá que decir también de esta formación política que será de Cataluña, pero de socialista tiene muy poco. Illa, que desea ser presidente de la Generalitat y del que la ministra de Defensa dice que es muy buen gestor (debe de ser por lo bien que lo hizo durante la pandemia), ha lanzado al aire la argumentación más progresista. Afirma, todo cargado de razón, que Cataluña es la tercera comunidad que más aporta y sin embargo ocupa el lugar 14,  cuando se las ordena de acuerdo con lo que reciben. Mantiene que solucionar esta situación no es una cuestión de privilegio, sino de justicia.

Planteamiento un tanto chungo. Desde luego muy poco socialista. Ataca de plano la política redistributiva del Estado y de la Hacienda Pública. Lo lógico es que los que más aportan, por ser los de mayor capacidad económica, sean también de los que menos reciben, porque sus necesidades serán también menores. Sería realmente curioso que Amancio Ortega se quejase de estar en el grupo de ciudadanos que más contribuyen, y que al mismo tiempo, se les relegue a las posiciones de aquellos ciudadanos a los que menos recursos obtienen.

El PSC había mantenido ya estos planteamientos tan progresistas en el pasado, acudiendo al principio que denominaron de «ordinalidad». Palabra que por cierto no existe en el diccionario. Siempre los eufemismos. Un intento de separarse algo del nacionalismo, pero no mucho; admitir la solidaridad ma non troppo. No resulta sencillo llegar a entender lo que significa. Lo definen como que la política redistributiva «no coloque en peor condición relativa a quien contribuye respecto a quien se beneficia».

«Es llamativo ver a la ministra de Hacienda proclamar que va a conceder una financiación singular a Cataluña; pero, sin privilegios»

Si por condición relativa se entiende según el orden establecido de las comunidades respecto a la renta per cápita, el principio sería inútil porque no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. Ahora bien, si lo que se pretende es que las comunidades que más aporten tengan que ser también las que más reciban (que es lo que parecen defender), esto se opondría a la misma esencia de la política redistributiva, que se basa más bien en lo contrario. Los ricos son los que menos necesitan las prestaciones y los servicios públicos. 

En los momentos actuales, no solo es el PSC el que mantiene ese principio, sino también el propio PSOE. Cosa nada extraña tratándose del sanchismo, ya que por conservar el gobierno está dispuesto a defender cualquier cosa. No obstante, resulta especialmente llamativo contemplar a la ministra de Hacienda, ella siempre tan dicharachera -mejor muerta que sencilla- proclamar que va a conceder una financiación singular a Cataluña; pero, eso sí, según dice, sin que constituya ningún privilegio. Intenta cuadrar el círculo (o al menos pretende que nos lo creamos), dice que va a incrementar la parte catalana de la tarta sin disminuir los trozos restantes.

Es llamativo no porque Montero sea progresista, eso no se lo ha creído nadie, sino por sevillana y antigua consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía. Hay que ver lo que decía entonces, cuando tenía otro gorro. Ahora está en el Gobierno y se esfuerza por defender por todos los medios el sillón. Dicen que Sánchez la quiere como candidata en las próximas elecciones a la presidencia de la Junta de Andalucía. Va a resultar difícil que tenga éxito. Quizás tendría más futuro en Cataluña.

En este como en otros temas también es difícil encontrar el izquierdismo de Yolanda Díaz y de Errejón. Demagogia, mucha. Se comprende que la motivación de garantizar la poltrona es muy potente, hasta el punto de esforzarse por justificar la financiación privilegiada (perdón, singular) de una de las regiones más ricas en detrimento de las otras. Dentro de Sumar tanto los de Compromís, como los de la Chunta Aragonesista se han situado en una posición más congruente. No creo que los mueva su pretensión de ser progresistas, sino más bien el hecho de ser conscientes de que la medida iría contra aragoneses y valencianos, a los que dicen representar.

«Cualquier sistema que rompa la unidad de la Hacienda Pública será beneficioso para las regiones más ricas»

Menos explicable resulta la posición del BNG. Ya con motivo de las elecciones gallegas escribí en este mismo diario digital un artículo titulado Pocas cosas más estúpidas que un gallego independentista, y es que cualquier sistema que rompa la unidad de la Hacienda Pública será beneficioso para las regiones más ricas, pero producirá graves consecuencias para aquellas de menores rentas.

Para sus lloros, los separatistas catalanes utilizan siempre datos inexactos y cocinados de manera tendenciosa. La información más fiable y rigurosa de las balanzas fiscales fue la publicada en agosto de 2016 por el Ministerio de Hacienda, en la que se siguió una metodología elaborada por varios profesores de las universidades de Valencia y Zaragoza.

Como es lógico, Cataluña presenta un déficit fiscal. Pero este no es mayor, sino quizá menor del que lógicamente le correspondería. De hecho, Cataluña, con una renta per cápita mayor que Baleares, arroja en términos relativos (con respecto al PIB) un déficit fiscal menor (3,75 frente al 5,08 %); y si la renta per cápita de Madrid es superior a la de Cataluña, no hay una diferencia tan grande como para justificar un desfase de tal amplitud como el que se produce en los datos del déficit fiscal (9,57 % del PIB en Madrid frente al 3,75 % en Cataluña).

El planteamiento de los secesionistas es obvio. Lo que reclaman es gozar de un sistema similar al del País Vasco y Navarra. Hay dos motivaciones claras. La primera es de tipo político, ideológico: puro supremacismo. Cataluña es distinta y sus mandatarios no tienen por qué mezclarse con los de otras comunidades. Nada de estar en el régimen común. Ellos quieren una relación bilateral de igual a igual con el Estado. Estos planteamientos están más cerca de la xenofobia que del progresismo.

«Existe un tema pendiente, descubrir la trama económica del golpe»

En Cataluña ciertamente no todo el mundo -aunque esté bastante extendido- procesa el supremacismo, pero ahí interviene la segunda motivación, la económica. Todos tienen muy presente lo bien que les va al País Vasco y a Navarra. Aun cuando sean la segunda y tercera comunidad en renta per cápita, mantienen una balanza fiscal positiva, es decir, reciben más de lo que aportan. No puede extrañarnos que esta situación despierte cierta envidia entre los catalanes.

Este es también un campo abonado para que el independentismo cuente con los empresarios que aun quedan en Cataluña porque no pudieron o no quisieron marcharse con ocasión del golpe de Estado. Gran parte del poder económico catalán contempló con miedo e intranquilidad la declaración unilateral de independencia, pero perciben con sumo agrado que se dote a la financiación de la Generalitat de las mismas ventajas de las que disfrutan País Vasco y Navarra. Ello no quiere decir que no haya otra parte del poder económico -quizás minoritaria- que vio con simpatía el procés, incluso estuvieron dispuestos a financiarlo. Existe un tema pendiente, descubrir la trama económica del golpe.

Paradójicamente, el hecho de que el PSC haya sido el partido más votado en las últimas elecciones ha creado una situación difícil para Sánchez. Por una parte, puede llevarle a enemistarse con Puigdemont, y por otra, la pretensión de investir a Illa pasa como único camino por el de llegar a un acuerdo con Esquerra, que le exige el pacto fiscal para Cataluña. La adopción de tal medida sería un cataclismo para la Hacienda Pública y crearía un daño irreparable a la equidad interterritorial.

Esto ciertamente no le importa demasiado a Sánchez, pero sí la grieta que pueda abrir entre sus aliados y entre sus propios votantes; una grieta de una dimensión bastante mayor que la que se ha podido producir hasta ahora con las cesiones políticas, incluyendo la amnistía. Las sociedades son más sensibles a lo que consideran injusticias sociales o económicas que a lo que perciben, si es que lo perciben, como violaciones del Estado de derecho o de las libertades políticas.

«García Page se planteaba si querían tomarnos por tontos y llamaban singular a lo que era un privilegio»

Es por eso por lo que el sanchismo pretende disfrazar lo más posible la medida y habla de una financiación «singular». Pero la cosa no es tan fácil. El mismo García Page se planteaba si querían tomarnos por tontos y llamaban singular a lo que era un privilegio. El primer conflicto -y que será difícil enmascarar- surgirá cuando se plantee la cuestión sobre si la financiación se va a encuadrar bien como un acuerdo bilateral -tal como quieren los soberanistas- o bien dentro régimen común, al que se supone que no están dispuestas a renunciar el resto de las comunidades. El tema es fundamental porque, como afirmó el mismo Bono cuando era presidente de Castilla-La Mancha, «el que quiere comer aparte, es que quiere comer más».

Cataluña lleva comiendo más desde hace mucho tiempo. El actual sistema de financiación, del que se quejan ahora los partidos independentistas, se estableció con Zapatero y con Maragall, y principalmente de acuerdo con los intereses de los catalanes. Sistema que,  a lo largo de cinco años de Gobierno, Sánchez nunca ha querido cambiar, ya que eso le permite distribuir a su antojo los recursos adicionales y beneficiar a sus aliados, pagando así su permanencia en el Gobierno.