Golpe en la mesa de Vox
«A Vox le conviene convertir la inmigración en una cuestión existencial. Al PSOE, ocultar que es uno de los Gobiernos con una política más brutal en Ceuta y Melilla»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Vox ha roto todos sus acuerdos autonómicos con el PP porque Feijóo ha pactado con el Gobierno el reparto de 347 menores extranjeros tutelados entre las diferentes comunidades autónomas. Explicado así, parece una decisión estúpida. Realmente lo es. En primer lugar, porque forma parte del cupo anual que se aprobó en el Plan de Respuesta ante la Crisis Migratoria de 2022. En segundo lugar, porque, como ha dicho el director de este periódico, Álvaro Nieto, «ni lo que ha hecho el Partido Popular es algo distinto a lo que se venía haciendo hasta ahora, ni hay una alternativa razonable para solucionar la saturación migratoria en Canarias». Además, los Gobiernos del PP y Vox ya gestionan el cuidado de unos 1.800 menores extranjeros no acompañados en sus comunidades autónomas.
El reparto aprobado esta semana implicaría, como ha recordado Ignacio Varela, que una comunidad autónoma como Castilla y León, que tiene 25 habitantes por kilómetro cuadrado, acepte 21 menores de edad, unos dos por provincia. Otras comunidades aceptarían una media de 30 jóvenes. Teniendo en cuenta que solo Canarias acoge a casi 6.000 menores extranjeros no acompañados, el discurso de la amenaza existencial que plantea Vox es ridículo y, sobre todo, insolidario e irresponsable.
Hay algunos analistas cercanos a Vox que han señalado la fidelidad a sus valores. No todos los líderes políticos abandonan un cargo institucional fácilmente. Pero la razón no tiene que ver con sus convicciones. Abascal ha querido dar un golpe de efecto. Vox quería un casus belli y le basta con este. Da igual si parece una decisión irracional y estúpida: toda su política migratoria ha estado basada en falsedades y manipulaciones.
El partido cree que solo radicalizándose podrá diferenciarse de sus adversarios en la derecha; en la izquierda el discurso que unía a Feijóo y Vox estaba calando demasiado. Y qué mejor manera de radicalizarse que con la cuestión de la inmigración, donde el partido es más inequívocamente xenófobo y autoritario. Esta semana, Abascal hizo la enésima asociación entre menas (menores extranjeros no acompañados) y delincuencia. «No vamos a ser cómplices de las violaciones, robos y machetazos».
Hace unos años, un cartel electoral del partido exponía un bulo tan explícitamente falso que podía refutarse con una mínima intuición. El cartel decía que un mena (que aparecía con capucha y pañuelo en la imagen) recibe 4.700 euros al mes y tu abuela solo 426 de pensión. El cartel daba a entender que los menores extranjeros en centros tutelados recibían una paga de 4.700 euros, cuando ese es el coste por plaza de uno de los centros de acogida de la Comunidad de Madrid. Lo importante es extender el pánico moral.
«El Gobierno pierde su principal baza electoral, que consiste en agitar el fantasma del fascismo y la asociación Vox-PP»
Aunque Sánchez se ha alegrado de la ruptura entre Vox y el PP («hoy es un buen día para España», dijo en la rueda de prensa tras la cumbre de la OTAN), el Gobierno pierde su principal baza electoral, que consiste en agitar el fantasma del fascismo y la asociación Vox-PP. Es sorprendente que el Gobierno se considere adalid de una política migratoria tolerante, teniendo en cuenta la durísima gestión del Ministerio de Interior de Marlaska en nuestra frontera sur y sus incumplimientos de la Ley de Extranjería. Dos sentencias del Tribunal Supremo han determinado que la expulsión de 55 menores de Ceuta a Marruecos en 2021 fue ilegal. Un informe del Defensor del Pueblo afirmó que durante la tragedia de la valla de Melilla, en junio de 2022, en la que murieron 23 migrantes, se efectuó un rechazo en frontera de 470 inmigrantes «sin contemplarse las previsiones legales tanto nacionales como internacionales».
En enero de este año, el PSOE pactó con los independentistas catalanes la «delegación integral de las competencias de inmigración». Lo hizo aun sabiendo que los independentistas quieren aplicar políticas migratorias más restrictivas. El Gobierno catalán se ha abstenido en el reparto de los 347 menores extranjeros (le correspondieren 31). «A veces se confunde abuso con solidaridad», dijo la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras.
Lo importante es la óptica, las apariencias. A Vox le conviene convertir la cuestión migratoria (que es un reto logístico y de integración) en una cuestión existencial. Si eso implica la inmoralidad de convertir a todo chaval adolescente extranjero en un asesino en potencia, que así sea. Al PSOE, por su parte, le conviene ocultar que es uno de los gobiernos con una política más brutal en Ceuta y Melilla, y el que más ha cedido a los chantajes de Marruecos. Mientras, el mar y la frontera siguen siendo un cementerio.
