Entre la inoperancia y el sectarismo
«El plan de Sánchez contra los bulos es una excusa para promover la idea de que hay informaciones, como las que afectan a su esposa, que son ilegítimas»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Un gobierno es por defecto opaco. Es la ley de hierro de la gobernanza. Eso no significa que los políticos no hablen de transparencia. Pueden hablar mucho de ella. Es un estupendo adorno retórico que queda muy bien en los discursos. Traslada una imagen de modernidad y sofisticación; hablar de transparencia queda muy europeo. Lo importante es no ir más allá. Si uno se compromete con la Transparencia con mayúscula, ya no necesita ser transparente. Un gobierno es transparente solo con las cosas que ya son públicas, como le dice el asesor Sir Humphrey Appleby al primer ministro Jim Hacker en la estupenda serie británica Yes, minister: «Gobierno abierto, Primer Ministro. Libertad de información. Siempre debemos decir a la prensa libre y francamente cualquier cosa que podrían averiguar fácilmente de otra manera»
El Gobierno ha anunciado una Estrategia Nacional de Gobierno Abierto. Promoverá una nueva «ley de administración pública abierta» que «amplíe y mejore la cantidad y calidad de la información gubernamental». Esa retórica es garantía de inutilidad. Cuando Pedro Sánchez habla de transparencia lo hace como el alumno que se ha aprendido de memoria los apuntes y los recita sin tener ni idea de lo que está diciendo.
«Ninguna de las informaciones sobre su esposa son falsas; otra cosa muy distinta es que, según la legislación, sean o no delito»
Esa estrategia de gobierno abierto forma parte del llamado Plan de Acción por la Democracia que ha presentado Pedro Sánchez en el Congreso, en el que están incluidas varias medidas sobre la regulación de los medios de comunicación. Entre ellas, cien millones de euros para la «digitalización de los medios». No hace falta ver los detalles para intuir que regará a los afines con dinero público y señalará y estigmatizará, como ya está haciendo, a los desafectos.
Su plan contra los bulos y la desinformación no tiene nada que ver con los bulos y la desinformación; es una excusa para promover la idea de que hay informaciones, como las que tienen que ver con su esposa, que no son cuestionables sino directamente ilegítimas. Si se escuda en la «defensa de la democracia» es porque considera que hay informaciones que considera enemigas de la democracia. Hay que recordar, una y otra vez, como ha hecho este periódico, que ninguna de las informaciones sobre su esposa son falsas; otra cosa muy distinta es que, según la legislación española, sean o no delito.
El Gobierno también ha prometido, por enésima vez, y a pesar de que fue una de sus promesas electorales (¡en 2018!), derogar la ley mordaza. No lo hará, claro. Porque es una herramienta de control estupenda. Este Gobierno ha sido quien más la ha usado, con diferencia. La vicepresidenta Yolanda Díaz anunció que había llegado a un acuerdo con el PSOE para su derogación; resultó ser solo la reforma de un artículo para que deje de ser infracción la toma o difusión de imágenes en manifestaciones. Como siempre, todo a medias y mal. Es un clásico de este Gobierno, que se mueve entre la inoperancia y el sectarismo, entre los globos sonda y las medias tintas y la arbitrariedad iliberal.
