Una golosina envenenada para Cataluña
«Lo que viene llevará asociada una ampliación significativa de múltiples prestaciones públicas no contributivas asociadas al Estado del Bienestar»
Una ilustración de Salvador Illa. | Alejandra Svriz
Nadie en los despachos del poder de Barcelona parece haberse parado todavía a pensar en ello con algún detenimiento, pero la nueva financiación a la carta de la Generalitat puede convertirse en un peligroso caramelo envenenado para los partidos que hoy canalizan la representación de la mayoría del electorado local en el Parlament. Y es que, desde el instante mismo de su puesta en marcha, ese modelo privativo creará las condiciones materiales para que irrumpa en escena una lógica políticamente perversa, en extremo perversa. Porque mucho más dinero institucional va a conllevar, sobre todo, mucho más gasto social. Así, lo que viene llevará asociada una ampliación significativa de múltiples prestaciones públicas no contributivas asociadas al Estado del Bienestar, prestaciones cuyos beneficiarios directos se van a concentrar de forma muy mayoritaria, casi exclusiva en bastantes áreas específicas, en el subgrupo de población integrado por los inmigrantes extracomunitarios.
Hablamos de un estrato que se caracteriza de modo crónico por presentar los niveles de renta y patrimonio más bajos, con gran diferencia sobre el resto, entre el conjunto de los habitantes de la demarcación. Y ese rasgo estructural, el que avala su acceso preferente a todo tipo de ayudas sociales, más pronto que tarde, puede acabar cebando una bomba dentro de las cabinas de votación catalanas, cuyos estragos estarían llamadas a rentabilizar las dos variantes autóctonas de la extrema derecha: Aliança Catalana y Vox. La idea del concierto económico, recreación mediterránea de un privilegio procedente de la noche oscura del Medievo que, salvo en el País Vasco y Navarra, no posee parangón en ningún otro rincón habitado de Occidente, remite a una vieja fantasía catalana: el mito de que Barcelona se convertiría en la capital de Dinamarca (o de algún otro idílico paraíso nórdico por el estilo) una vez consumada tal utopía hacendística.
«El sueño de un concierto económico a la vasca viene a ser lo más próximo a obtener un visado para emigrar al País de Jauja»
En el imaginario popular catalán, el sueño de un concierto económico a la vasca viene a ser lo más próximo a obtener un visado para emigrar al País de Jauja. Una ensoñación quimérica, esa, en la que, sin embargo, no se puede negar que hubo elementos de verdad en el pasado. Repárese, si no, en la distancia sideral que separa el gasto social por habitante de vascos y navarros (3.708 euros y 3.901 respectivamente, los dos más altos de España) del valor medio que presenta ese mismo indicador a escala nacional (2.939 euros, casi 800 menos). Y para entender todavía mejor el alcance de esas asimetrías territoriales, téngase presente que lo que llamamos de modo genérico “gasto social” constituye entre el 60% y el 70% de los recursos que manejan las Comunidades Autónomas. Poca broma, pues.
Así las cosas, la adopción de una financiación diferenciada para Cataluña, inspirada además en el principio de ordinalidad, está llamada a provocar un cambio sustancial en la percepción ciudadana de la oferta de servicios públicos a su alcance. Y justo ahí es donde va a entrar en juego la segunda variable: la inmigración. Porque la estructura económica del País Vasco, genuina rémora de aquella España fabril e industrial del desarrollismo de los sesenta, no atrae inmigración en números relevantes. Todo lo contrario de Cataluña, cuya creciente hiperespecialización turística la convierte hoy en un imán para los trabajadores poco cualificados de medio mundo.
En 1984, bien poco tiempo después de que Jordi Pujol hubiese descartado reclamar un concierto como el vasco, en toda Cataluña había 9.000 asalariados extranjeros cotizando a la Seguridad Social. En el mes de diciembre del año pasado, 2023, figuraban inscritas oficialmente como residentes de modo estable en alguna de las cuatro provincias catalanas 1,7 millones de personas que en su totalidad habían nacido en países extranjeros, el 21% del censo de Cataluña. Y hoy ya son bastantes más. El Estado del Bienestar, suprema victoria histórica de la socialdemocracia europea, fue políticamente viable en su momento, la posguerra, gracias a la existencia de una población muy homogénea tanto desde el punto de vista tanto económico como cultural. De ahí que en Estados Unidos, una sociedad muy rica pero racialmente segregada, resultase imposible ponerlo en marcha. Y sigue resultando igual de imposible tantos años después, por cierto. Nadie lo ha pensado aún -decía-, pero el concierto catalán será un caramelo envenenado.
