La corrupción en el post-'procés'
«Estamos ante otro episodio más de esa corrupción blanda que tiene que ver con la justicia de parte, la protección de los afines y la promoción de la desigualdad»
Ilustración de Alejandra Svriz.
No creo que el teatrillo montado alrededor de Puigdemont esta semana pueda atribuirse a la estupidez; creo que es pura corrupción. Hay analistas que han señalado la inoperancia de los Mossos, pero es una negligencia que parece intencionada. Eso no significa que la torpeza no haya jugado un papel. Por ejemplo, había policías diciendo que les faltaba una letra de la matrícula del coche en el que supuestamente huyó Puigdemont. Hubo especulaciones sobre un posible sombrero de paja con el que se camufló. En los controles a la salida de Barcelona, se revisaron maleteros por si el expresident había escapado de la misma manera que en 2017. Puigdemont llevaba semanas, meses avisando de que vendría. Y cuando lo hizo, dio un discurso en una plaza pública, televisado y ante miles de personas. Los mossos dicen que no querían detenerlo ante la muchedumbre, por si eso provocaba el caos; cosa diferente es perderlo de vista.
La torpeza y la falta de preparación han jugado su papel. Pero nada de esto habría ocurrido si el Gobierno no lo hubiera permitido. Estamos ante otro episodio más de corrupción blanda en el post-procés: es toda aquella corrupción que no es el simple robo, sino que tiene que ver con la justicia de parte, la ley selectiva, la protección de los afines y la promoción de la desigualdad. La ley de amnistía fue eso, el nuevo concierto económico con Cataluña será eso y la llegada providencial de Puigdemont y su huida inmediatamente después forma parte del mismo proceso. Si eres afín al Gobierno o simplemente te necesita para seguir gobernando, la ley no se te aplicará como al resto de ciudadanos.
«¿Qué mejor prueba de que el PSOE/PSC cumplirá su parte en el pacto que dejar que se escape Puigdemont?»
Permítanme ser un poco populista. El Ayuntamiento de Madrid ha impuesto casi 300 multas de más de 2.000 euros a residentes que han dejado en la calle cajas de cartón. Mientras, un fugado corrupto que tiene una orden de detención del Tribunal Supremo por robar dinero público da un discurso ante miles de personas y escapa en un coche delante de las narices de los 600 policías que se desplegaron para su anunciadísima vuelta a la ciudad. Mientras esto ocurría, el nuevo presidente de la Generalitat, Salvador Illa, anunciaba en su discurso de investidura que ese fugado debía ser amnistiado.
Como soy muy malpensado, veo relación entre los dos hechos: ¿qué mejor prueba de lealtad al independentismo, qué mejor prueba de que el PSOE/PSC cumplirá su parte en el pacto con los independentistas, que obligar a las fuerzas generales del Estado a no ejercer su trabajo y dejar que se escape Puigdemont?
Los defensores de esta justicia de parte, cada vez menos, sugieren que si el delito es político, es menos delito. Con político quieren decir «de mi ideología», claro. Cualquier cortapisa a la voluntad de mi representante, o de sus afines, es algo antidemocrático. Esa actitud sería comprensible en los votantes independentistas, que tienen una concepción plebiscitaria de la democracia: consiste solo en votar, da igual en qué condiciones o decidiendo qué. Lo que es sorprendente es que haya votantes del PSOE, cada vez menos, que justifiquen estos desmanes.
El presidente ni siquiera está forzando el sistema para beneficiar a los suyos, sino a sus socios en el Parlamento por un puñado de votos. Es un esfuerzo hercúleo para un parche, un resultado temporal, unos minutos más en el poder. Si son capaces de hacer lo que sea para salvar a sus socios puntuales, ¿qué no harán para salvar a los suyos?
